Sugieren aplicar "impuestos verdes" para cuidar el ambiente

Pese al crecimiento económico de los últimos años, los temas ambientales todavía no han logrado instalarse en el centro de la toma de decisiones en Uruguay. Incluso, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país se encuentra atrasado en esa temática con respecto a otros países de la región, que han avanzado, al igual que los países desarrollados, hacia la complementación de los estándares de calidad ambiental con la aplicación de los llamados "impuestos verdes".

Si bien el programa del Frente Amplio para el actual período de gobierno asegura que no existe "una contradicción intrínseca" entre el desarrollo y la conservación ambiental, y que no se busca "menos impuestos, sino mejores y más justos", no se plantea otra forma de avanzar en el cuidado del medio más allá de la concientización en la enseñanza.

Sin embargo, según el estudio Impuestos verdes. Viabilidad y posibles impactos en el Uruguay, realizado por Bibiana Lanzilotta para la CEPAL en 2015, el actual contexto de enlentecimiento económico que atraviesa el país "puede ser especialmente útil" para la implementación de tributos ambientales ya que permiten "reducir otros impuestos distorsionantes" y con lo recaudado se puede "subvencionar el desarrollo, difusión y adopción de nuevas tecnologías limpias".

Según analiza el artículo, si bien en uruguay hay instrumentos que regulan el uso de recursos y la contaminación, con impuestos al combustible, tasas de saneamiento o tarifas diferenciales de energía, "la mayoría de los instrumentos no fueron creados con objetivos de cuidado y preservación del ambiente". Y hay incluso tasas diferenciales, por ejemplo, en el saneamiento de Montevideo que benefician los mayores niveles de consumo de agua.

Los "impuestos verdes" son tributos que pretenden generar incentivos para reducir la degradación ambiental a través de la afectación de los precios de los bienes, y pueden ser a la energía, al carbono, a la contaminación del aire y el agua, o al uso o extracción de recursos. Así, el estudio propone que Uruguay podría comenzar a implementar impuestos ambientales en tres temáticas diferentes: la utilización de agroquímicos, la fabricación de envases y el uso de bolsas plásticas.

En el primer caso, se trataría por ejemplo, de impuestos a los fertilizantes y pesticidas para desincentivar su uso, algo que han realizado países como Finlandia o Suecia (ver recuadro). En Uruguay se va a contracorriente, y se da beneficios fiscales a la compra de fertilizantes con fósforo a los productores ganaderos, según el estudio. En cuanto a los envases se plantea que se debería complementar la ley de envases con un impuesto para aquellos que "no son reutilizados, reciclados o valorizados" por las empresas. Por último, para desincentivar el uso de bolsas plásticas, que según los últimos datos (2008) es de 1.400 millones por año, se propone cobrar por cada bolsa. En ese sentido, el Parlamento ya estudia una ley para directamente prohibir su uso.

Sin embargo, el estudio advierte que antes de tomar la decisión, se debe tener en cuenta que la implementación de impuestos verdes puede tener un impacto sobre la distribución de los ingresos y aumentar así las vulnerabilidades de algunos hogares.