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Superflua cuota femenina
La cuota de género en el sistema político pudo haberse explicado cuando las mujeres eran sistemáticamente relegadas en cargos jerárquicos. Pero ha pasado a ser superflua hace años con la emergencia irrestricta de mujeres, tanto en el sector privado como el público, en funciones de conducción ganadas por su propio talento e idoneidad, sin necesidad de la ayuda artificial de cuotas. Esta situación incluso es una forma ofensiva de discriminación contra el sexo femenino al asegurarle cargos por ley, ya que implica atribuirle incapacidad para ganarlos en competencia con candidatos del sexo masculino, en igualdad de condiciones. Es exactamente al revés de lo que argumenta la senadora Mónica Xavier, secretaria general del Partido Socialista, que considera discriminación la inobservancia de la cuota. Y ha habido casos que denigran a la mujer al ponerla en una lista parlamentaria solo para mantener la cuota legal, pero con el compromiso de renunciar de inmediato a la banca para dejarle el lugar a su suplente masculino.
La realidad torna irrelevantes las protestas de algunas legisladoras frenteamplistas ante expresiones del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. Al declararse en contra de las políticas de género agregó que el sistema político se doblega ante un “puñadito de mujeres”. Este último comentario fue lo que más erizó a las legisladoras. Pero algunas, citadas por El País, fueron más realistas. La senadora nacionalista Verónica Alonso afirmó que coincide “con Vidalín en que los lugares (en el Parlamento) se tienen que ganar por votos”. Y la diputada colorada Valentina Rapela comentó que “sería bueno” no implementar en la próxima elección la ley vigente sobre cuotas obligatorias de mujeres en las listas. Dijo que sería una forma de establecer si postulantes femeninas ganan bancas por sus propios méritos, en competencia con otros candidatos, o si todavía dependen de una dádiva legal.
Es obvio que hasta no hace mucho tiempo las mujeres corrían en desventaja. Raramente aparecían en cargos jerárquicos en el sector público y era usual en el sector privado que recibieran salarios inferiores a los de sus colegas masculinos en igual función. Pero las cosas están cambiando a un ritmo vertiginoso. Además de la abundante representación femenina en el Parlamento, casi la mitad de los integrantes del Consejo de Ministros pertenecen a ese sexo. En el Poder Judicial, hay una amplia mayoría femenina. Una mujer preside la mayor empresa pública del país, cargo ganado por su idoneidad técnica en reemplazo de la tradicional designación de directores políticos. Y en el sector privado son legión los cargos de jefatura ejecutiva ocupados por mujeres en todo tipo de empresas.
Con seguridad existen todavía bolsones masculinos de oposición a la presencia femenina, especialmente en el sector público. Pero son un anacronismo que se diluye a medida que mujeres talentosas y con sólida formación asumen en número creciente funciones antes reservadas a los hombres en todos los campos de actividad. Van desde la dirigencia política y empresarial hasta la policía o las fuerzas armadas. Un curso idóneo para zanjar definitivamente el tema de las cuotas de género es recoger la sugerencia de la diputada Rapela y suspender en la próxima elección la aplicación de la ley, lo que demostrará, al menos en el campo parlamentario, la capacidad femenina para competir con candidatos masculinos en función de su propia valía.
