Tasa progresiva del Impuesto al Patrimonio será sustituto del ICIR

El tributo gravará más a las mayores superficies; se prevé que recaude más que su predecesor

El Poder Ejecutivo planea sustituir el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) con la reinstauración de un Impuesto al Patrimonio (IP) “progresivo” para las explotaciones agropecuarias, para atender la “posición política” del mujiquismo que procura desalentar la concentración de la tierra, según supo El Observador. La eliminación de la exoneración del Impuesto al Patrimonio para las explotaciones agropecuarias podría generar recursos superiores a los US$ 60 millones anuales, que era el monto que planeaba recaudar el ICIR cuando fue diseñado.

Asimismo, existe la posibilidad de que a las sociedades anónimas con acciones al portador –que hoy no están exentas del pago por patrimonio– se les agregue un adicional para contribuir al el objetivo de desalentar la concentración de la tierra como promueve la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el presidente, José Mujica.

Precisamente, en entrevista con el programa de 8 a 10 de Radio Uruguay el director de la OPP, Gabriel Frugoni, confirmó que el remplazo del ICIR saldrá únicamente de un rediseño del Impuesto al Patrimonio que incluirá la elaboración de un proyecto de ley que enviará el presidente Mujica al Parlamento, luego que lo presente mañana a los intendentes municipales en Durazno. Asimismo, el jerarca descartó otros cambios tributarios que promovió en su momento el astorismo como corregir el régimen de tributación por Imeba.
Frugoni reconoció que es muy difícil que el nuevo tributo abarque a los 1.200 productores que comprendía el ICIR ya que el tributo al Patrimonio tiene ciertas limitaciones para aplicar la misma lógica impositiva que se diseñó para el impuesto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

El agro fue exonerado del IP durante el gobierno de Jorge Batlle producto de un contexto desfavorable que atravesaba el sector. Esta exoneración no recayó solamente sobre los inmuebles rurales sino también sobre los semovientes y maquinaria que manejara una explotación. Cuando el mismo estaba vigente, se aplicaba un ficto sobre el 40% del valor del inmueble donde se desarrollaba la explotación. Para calcular el IP para las empresas agropecuarias personales se consideraban sus inmuebles por su valor real teniendo como base los precios de la Dirección Nacional de Catastro, ajustados por la evolución el índice de precios agropecuarios.

Por su parte, las sociedades anónimos valúan su patrimonio por las normas de IRAE. Es decir, el costo de adquisición revaluado por el Índice de Precios Mayoristas al momento del cierre del ejercicio. En este caso el valor del ganado y la maquinaria se computaba por su costo de adquisición, o sólo producción para el caso del ganado. Las alícuotas actuales del impuesto al patrimonio para las explotaciones agropecuarias son del 1,5% para todas las empresas, siempre sobre la base ficta del 40% del valor de la explotación. En cambio, si un propietario tiene un campo pero no lo explota, debe abonar una tasa que va del 0,7% al 1,9% en función del valor patrimonial. Es por estos motivos que el Impuesto el Patrimonio lo paga tanto el propietario del mismo como su explotador (arrendatario).

Expertos
Los expertos tributarios consultados por El Observador no ven mayores trabas jurídicas para que el nuevo impuesto que prevé impulsar el Ejecutivo pueda ser declarado constitucional por parte de la Suprema Corte de Justica, a diferencia del ICIR. De todas formas, la docente grado 5 en Derecho Tributario de la Udelar, Addy Mazz, alertó a El Observador que el proyecto de ley deberá cuidar de “no lesionar” algunos principios básicos que están comprendidos en la carta magna como la igualdad y la capacidad contributiva. Por su parte, el tributarista, Alberto Varela, dijo que con la evidencia que dejó la sentencia de la Corte sobre el ICIR, el gobierno se cuidará para no repetir errores.

Gonzalo
Lucas
Socio de la consutora Deloitte
Dijo que de eliminarse la exoneración impositiva al patrimonio sobre el agro, de alguna manera se estaría “equiparando” con la presión tributaria que tienen otros sectores como los propietarios de los inmuebles urbanos que hoy no están exentos de este tributo.

Carlos
Loaiza Keel
Socio de Sanguinetti-Fodere
A su juicio, la eliminación de la exoneración del Impuesto al Patrimonio sobre las explotaciones agropecuarias debería aplicarse de manera “general” y no “progresiva” para que tenga un efecto neutral. “Era más efectivo mover algún impuesto directo como el Imeba”, afirmó.

Alberto
Varela
Experto tributario y docente en ORT. Opinó que el gobierno está enviando una señal a los inversores que deja claro que “el país no va dejar de elevar su gasto y que va a modificar el sistema tributario en virtud de las necesidades del nuevo gasto.  Los mismos comentarios sobre lo inapropiado del ICIR caben sobre este impuesto”.

Rurales piden decidir sobre el uso

Los productores agropecuarios quieren participar junto con las intendencias en la decisión de cómo se manejarán los dineros que, obtenidos por el nuevo impuesto que el gobierno proyecta, se destinen por ejemplo a caminería rural.Así lo informó a El Observador ayer el presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, quien precisó que el objetivo es verificar que “realmente esos dineros se apliquen que lo que se dice que se va a aplicar”. Este tema fue manejado ayer en el Congreso Nacional de Intendentes realizado en el predio de la Expoactiva Nacional, en Soriano. El encuentro “fue positivo, esta reunión nos la debíamos y nos hizo bien a todos. Da pena que esto no se haya hecho hace dos años y que la solución ya estuviera funcionando y todos conformes”, dijo Sanguinetti. Sobre las políticas de tributación que involucran al sector, expresó que “el gobierno va por un lado, las gremiales pensamos otra cosa y los intendentes están esperando los recursos para solucionar sus problemas”.

 


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