Taxista fue procesado sin prisión por ir tras chofer de Uber

Patronal cortó calles del centro; para IMM es un tema de orden público
Durante la mañana y parte de la tarde de ayer, la circulación por las calles del centro de Montevideo volvió a ser obstaculizada por la Patronal del taxi, en protesta por el procesamiento sin prisión a un taxista tras un nuevo choque con Uber, y en reclamo para que la intendencia accione en contra de la multinacional.

Unos 30 taxis se congregaron en la mañana de ayer frente a la Torre Ejecutiva, mientras otros grupos cortaban el tránsito en las intersecciones de Uruguay y Andes, Uruguay y San José y en Bartolomé Mitre, frente al juzgado penal. Allí esperaban que la jueza Blanca Rieiro tomara una resolusión sobre el pedido de procesamiento para el taxista que siguió desde Plaza Independencia hasta Carrasco a un chofer de Uber y luego impidió que se retirara del lugar. Luego marcharon hasta la intendencia en protesta por lo que consideran inacción de las autoridades.

La jueza procesó sin prisión al taxista por un delito de justicia por mano propia, que según establece el Código Penal en su artículo 198, la ejerce el que, "con el fin de ejercitar un derecho real o presunto, se hiciera justicia por su mano, con violencia en las personas o las cosas", y para lo que se prevé una multa de entre 20 UR y las 800 UR (entre $18.000 y $720.00).

"La justicia por mano propia es un delito específico que absorbe la violencia privada cuando el autor entiende que está actuando en defensa de algo legítimo", explicó la fiscal Gabriela Fosatti a El Observador. En este caso, para aplicarla basta con que el taxista asuma que tiene ese derecho, más allá de que en la realidad sea así o no, agregó. Así, se aplica porque el taxista afirma que Uber está robando su trabajo y funciona de manera ilegal, explicó Fosatti. La jueza no estableció sin embargo una multa.

Por su parte, la defensa del taxista no está de acuerdo con el fallo y apelará. "No estoy de acuerdo ni con la tipificación ni con la situación", dijo a El Observador la abogada del taxista, Silvia Cuello. La defensora asegura que el trabajador hizo un arresto ciudadano. "Nos basamos en que Uber está cometiendo un delito. No es un tema administrativo, de si pagan o no BPS o DGI, para transportar pasaje público hay normativas que hacen al estado de derecho que no se está cumpliendo y las autoridades son omisas", afirmó.

Los taxistas denunciaron ante el ministerio de Trabajo y al BPS al chofer de Uber por trabajar siendo jubilado. Además, la Patronal espera que la intendencia actúe de oficio y multe al conductor de la multinacional por estar realizando transporte no autorizado. Por otra parte se pedirá que se retiren las chapas matrículas que estaban registradas en Colonia.

Ayer, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez volvió a afirmar que Uber es una aplicación ilegal, ya que "está violando la competitividad y las reglas de juego". Sin embargo, reclacó que si bien se han aplicado algunas multas, el mecanismo para sancionar es "muy trabajoso" y que no se puede para ello "hacer inducción al delito".

Por otra parte, pese al bloqueo de varias calles, y a que la normativa de circulación lo prohíbe, los
taxistas no fueron retirados.

Consultado por El Observador, el el director de Tránsito de la comuna, Pablo Ferrer, dijo en las manifestaciones hay "un tema de libertades, de derecho y un tema de orden público" por lo que quien interviene es el Ministerio del Interior, y no la intendencia. "No es un tema de tránsito, es un tema de orden público", recalcó Ferrer.

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