TCA anuló sanción a escribano que participó de compra de El Entrevero

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló la multa que el Poder Ejecutivo le impuso al escribano Adolfo Pittaluga Shaw tras participar en la venta de la estancia El Entrevero, en Maldonado, que fue comprada por empresarios vinculados al anterior gobierno argentino y a la llamada ruta del dinero K. La sanción económica fue de US$ 276.035 por "no cumplir cabalmente con los requisitos" de reporte al Banco Central del Uruguay (BCU) para compras como la del terreno, que tuvo un valor de US$ 14 millones. A esa compra también se le suma la de otro terreno en el Faro de José Ignacio por un valor de US$ 320 mil. La resolución de la multa fue firmada el 26 de febrero de 2015 por el entonces presidente de la República, José Mujica, e indicaba que Pittaluga no había cumplido con la norma por la que se debe reportar "la estructura de control de las personas jurídicas participantes", el volumen de ingresos, las personas físicas intervinientes y el origen de los fondos.

Para el TCA, si bien el incumplimiento del escribano fue claro, la sanción impuesta fue "aumentada despropocionalmente".

Las operaciones de compra se realizaron entre fines de 2010 y 2011. El el caso de El Entrevero (embargado en abril de 2016), el comprador fue Jumey, sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, hoy detenido en Argentina como el presunto líder de la red de lavado asociada al expresidente Néstor Kirchner. También aparece como beneficiario final Helvetic Group, otra empresa clave en el entramado de la ruta del dinero K.

Pittaluga, representado por el abogado Augusto Durán, alegó que se trataba de un acto que violaba los principios de "legalidad y tipicidad, culpabilidad, razonabilidad e imparcialidad" y se ampara en que las operaciones en que intervino fueron de reserva y "precompromiso".

La ley de control y prevención de lavado de activos obliga a reportar transacciones financieras "injustificadas" siempre que sean superiores a los US$ 100 mil y que sean en efectivo, o US$ 200 mil cuando sean a través de transferencias de bancos. La defensa de Pittaluga hace referencia a que intervino en dos pagos, uno inferior a esa cifra y otro superior, pero que no involucraba a la venta sino a un boleto de reserva. "Los pagos de las operaciones se hicieron mayoritariamente por transferencias y letras de cambio bancarias y el único pago que se hizo en efectivo fueron US$ 73 mil y US$ 257.161", indica la sentencia a la que accedió a El Observador y agrega que los más de US$ 250 mil fueron "pagados como parte de la seña o garantía del boleto de reserva". Pittaluga argumentó que "la ley exige control solo de la compraventa y no de los actos previos". También indicaba que la sanción impuesta por el Ministerio de Economía "fue fijada en una suma arbitraria". En junio de 2016, la Unidad del Banco Central del Uruguay (BCU) reportó al MEF "incumplimientos" en la venta de la estancia y el ministerio derivó el caso a la Auditoría Interna de la Nación.

Fue a partir de esos análisis que se lo sancionó por más de US$ 270 mil en una resolución firmada por Presidencia. Quien también fue multado fue el agente inmobiliario Alejandro Perazzo, defendido por el estudio Brum Costa, por un monto de casi US$ 90 mil. Esa multa también fue impugnada ante el TCA y según pudo saber El Observador el fallo está por ser notificado y todo indica que irá en la misma línea.

Si bien, en la sentencia, el TCA reconoce que "el incumplimiento de la reglamentación es incuestionable" y se trata de un "proceder negligente", le da la razón al escribano porque considera que "existe una motivación que se aparta de los criterios explícitos de la ley y hace que la sanción sea aumentada desproporcionadamente". Por ese motivo, tres de los cinco ministros del TCA –incluida la redactora Alicia Castro– consideraron que se trata de un agravio que debía ser amparado.

Esa motivación a la que se refiere el fallo está vinculada con la causa sobre la ruta del dinero K que investiga en Uruguay la Justicia de Crimen Organizado. En 2013, tanto Pittaluga como Perazzo fueron citados a declarar por haber sido intermediarios en la compra de El Entrevero. Pittaluga también había sido citado por la compra del campo del faro de José Ignacio. La pata uruguaya de la ruta del dinero K está en manos del fiscal Luis Pacheco y la jueza María Helena Mainard.