Te quiero igual

Por Carlos Loaiza @cloaizakeel

Así titulamos una columna de opinión en este mismo periódico hace ya algunos años (El Observador, 13 de noviembre de 2012). Allí comenzábamos destacando algunos fríos números que dan cuenta de la progresiva consolidación de la brecha entre ricos y pobres en los últimos años: en 2010, en Estados Unidos, el 10% de los ingresos más elevados totalizaba 50% de los ingresos totales, cuando en 1982 no superaba el 35%. En Francia, el 1% más rico reúne 24% de la riqueza total del país, y el 10% más rico... 62%.

Este fenómeno ha generado gran controversia en el mundo intelectual y académico y, últimamente, también en el escenario político. Pueden destacarse en este grupo de pensadores críticos a franceses como Pierre Rosanvallon, que se ocupa en su último libro de lo que considera una situación trágica (“La sociedad de iguales”, Manantial, Buenos Aires, 2012), o Stéphane Hessel, que con sus sucesivos manifiestos (“Indignaos”, 2010, “Comprometéos”, 2011, “No os rindáis”, 2013) inspiró movimientos políticos como Occupy Wall Street o el 15M español, este último con relevantes consecuencias en la España actual, a partir de la irrupción del partido de izquierda Podemos.

Aunque seguramente el apóstol más destacado en la fundamentación teórica del fenómeno haya sido el también economista francés Thomas Piketty, que en 2014 publicó el hoy bestseller “El capital en el siglo XXI” –quienes se han aventurado a leerlo bien saben que ello es un gran mérito, pues cuestión aparte de su sensatez o profundidad, se trata de un libro de trama densa–.

Pues más allá de que desde el punto de vista teórico las tesis igualitaristas han recibido feroces críticas por parte de muchos académicos de talento, casi siempre por pecar de excesiva simplicidad ante un fenómeno harto complejo –es el caso de Antonio Foglia, “The invention of inequality”, Project Syndicate, 29 de enero de 2016–, nadie informado puede negar que la prédica ha calado hondo en el discurso mainstream, ni que se ha metido con ímpetu en el debate político, al integrar parte de las plataformas electorales de numerosas agrupaciones, en especial en los países desarrollados.

Precisamente, uno de los aspectos más controvertidos en los últimos tiempos ha sido la conveniencia de asegurar una renta mínima para los ciudadanos que no alcanzan por sus propios medios un nivel de vida aceptable de acuerdo con nuestros actuales estándares. Algunos países han establecido variantes de esta idea, o subsidios directos tendientes a lograr ese mismo objetivo.

Como describe Manuel Escudero, PhD en Economía y ex coordinador del programa económico del PSOE (El País de Madrid, 19 de agosto de 2015), España puede tomarse como interesante experiencia para visualizar este debate técnico-político: Podemos, uno de los new kids on the block de la política española, propuso una renta básica universal, para luego edulcorar la propuesta con la llamada “renta mínima de inserción”; mientras tanto, Ciudadanos, el otro newcomer, lanzó el concepto de “complemento salarial”, similar al Earned Income Tax Credit de Estados Unidos, que complementa la renta de los salarios bajos.

Pero ambas soluciones generan estímulos no deseados para la sociedad: la renta básica, por estar dirigida a quienes no trabajan, desestimula buscar empleo; el complemento propuesto por Ciudadanos, por su parte, tiene también grandes inconvenientes, pues se dirige solo a quienes trabajan, excluyendo a quienes están desempleados –que en España, como es bien sabido, son muchos–, y porque puede beneficiar a sectores de la población que ganan más que el conocido mínimo exento.

Una alternativa tributaria para superar estos problemas es el llamado “impuesto negativo”. Un impuesto innovador, sin dudas, que viene siendo defendido por teóricos de distinto signo ideológico, como Milton Friedman, o el propio Escudero.

Básicamente, el impuesto negativo funciona así: en los impuestos a las rentas de los individuos, como nuestro IRPF, existe un mínimo exento. Quienes obtienen rentas por debajo de ese mínimo, no deben pagar impuesto alguno, y quienes lo superan, comienzan a aplicar alícuotas para calcular el impuesto. Por ejemplo, si el mínimo exento es $10.000, la alícuota del 50%, y el sujeto gana $5.000, no solo no pagará impuestos, por estar debajo del mínimo exento, sino que le serán devueltos $2.500, el 50% de la diferencia entre su renta y el mínimo. Su renta total será entonces $7.500, manteniendo el estímulo de alcanzar mediante su trabajo una renta mayor.

Entre otras ventajas que suelen mencionarse para el impuesto negativo, se destacan que:

a)    Combate la desigualdad pero no desincentiva la búsqueda de trabajo ni de aumentar el ingreso.

b)    Es una medida sencilla de aplicar, pues los fiscos están acostumbrados y tienen el músculo para hacer control y devoluciones.

c)    Incentiva también a la formalización de la economía, al estimular la declaración de rentas.

d)    Se autorregula, pues su volumen desciende a medida que mejora el ingreso de la población.

Una nueva muestra de cómo una medida tributaria puede contribuir a objetivos redistributivos y sociales. Bienvenido el debate.


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Acerca del autor

Carlos Loaiza

Carlos Loaiza

Carlos Loaiza Keel es abogado, Master en Tributación y Derecho Empresarial, y director del Postgrado en Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo