Técnicos cuestionaron la injerencia política en las empresas públicas

Reclamaron mayor autonomía para tomar decisiones
Especialistas de diferentes orientaciones coincideron ayer en la necesidad de que las empresas públicas se independicen del Poder Ejecutivo para alcanzar un control más eficiente en cada una de ellas.

Los técnicos hablaron durante el seminario sobre gestión de las empresas públicas organizado por la Fundación Propuesta (Fundapro).

El actual subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Martín Dibarboure, dijo que las empresas públicas "son clave" para los objetivos del gobierno, aunque destacó que para lograr un mejor funcionamiento es necesario redefinir objetos y roles, tanto de sus gerentes como los del Estado.

En eso coincidió Conrado Ramos, dirigente del Partido Independiente y exsubidrector de la OPP. "Nuestro sistema de empresas públicas tiene debilidad institucional", manifestó .

El ingeniero y exidirector de ANCAP Andrés Tierno Abreu se refirió en particular el rol de las instituciones reguladoras de las empresas públicas e indicó que en Uruguay están "ninguneadas" porque "no son independientes" y por tanto, no logran cumplir con su función de fiscalizar. Para revertir esa situación opinó que deberían operar de manera separada del Poder Ejecutivo, una condición con la cual coincidieron varios exponentes, entre ellos, el economista Gabriel Oddone.

Los especialistas enfatizaron en la importancia de que exista un holding de empresas estatales formado por personas capacitadas en donde se unifiquen las normas que las regulan.
El economista Ignacio Munyo señaló que la designación de directores tendría que dejar de ser un "hecho político" y transformarse en una decisión económica.
El exdirector de la OPP y militante del Partido Nacional, Conrado Hughes, consideró que uno de los problemas más importantes que tienen las empresas públicas es su condición de monopólicas. Como contracara señaló como positiva la apertura a la competencia en el caso de ANTEL en telefonía celular.

Según Hughes, en 2014 la mitad de las ganancias de la empresa estatal provenían de ese rubro en el cual tiene dos "grandes multinacionales" compitiendo.

Otro de los puntos débiles que indicó fue el hecho de que, en el caso de Recursos Humanos y las compras estatales, se rijan por el derecho administrativo, lo que, según su opinión, enlentece los procesos.

En cuanto al régimen laboral, el exministro de Transporte Lucio Cáceres dijo que si bien la inamovilidad de los funcionarios es "muy negativa" para la empresa y le "saca estímulos" al empleado para mejorar, a su vez es una garantía.

Opinó que, si no existiera la inamovilidad, los puestos de trabajo estarían sujetos al gobierno de turno. De este modo, agregó que mientras que el derecho privado da seguridad a las empresas, el derecho administrativo brinda seguridad a los ciudadanos.

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