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Temer frente a la quimera de reformar el sistema jubilatorio

Analistas señalan que está a punto de quebrar y necesita cambio urgente
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25 de noviembre de 2016 a las 05:00
Daniela tiene 44 años y tenía previsto jubilarse en 2021. Ahora, con la polémica reforma del sistema de pensiones en el horizonte brasileño, es posible que tenga que posponer su retiro más de una década.

En Brasil, la ley permite que las mujeres puedan jubilarse con 30 años de cotización, y los hombres con 35, pero el gobierno conservador del presidente Michel Temer estudia aumentar la edad mínima de jubilación hasta los 65 años para contener el agujero en la caja de las pensiones.

"En la década de los 60 la expectativa de vida era de 53 años, ahora es de 70. Ha aumentado la expectativa de vida de la clase media y el sistema de pensiones, de esa forma, no es viable", dijo Istvan Kasznar, profesor de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), a la agencia EFE.

Ante la sangría de las cuentas públicas, el Ejecutivo de Temer resolvió modificar las reglas, pero todavía no elaboró el borrador de la que probablemente será una de las reformas más polémicas de los últimos años.

Los expertos coinciden en que el actual sistema cuenta con "fallas" que necesitan de una profunda revisión para aflojar la cuerda que amenaza con acabar de estrangular las arcas públicas del mayor país de América Latina.

"Hay una desigualdad entre las reglas que existen para los trabajadores del sector privado y los del público. Además hay una serie de regímenes especiales para parlamentarios, profesores y militares, entre otros, que pueden retirarse muy temprano y con valores muy altos", recalcó Luís Eduardo Afonso, profesor de la Universidad de São Paulo (USP).

Un funcionario del Poder Judicial recibe de media un beneficio de 25.700 reales (unos US$ 8.030), mientras que uno del Legislativo más de 28.000 reales (alrededor de US$ 8.750).

Otro de los desequilibrios, según algunos economistas, se produce en el mundo rural, donde los trabajadores del campo pueden recibir pensión por jubilación –equivalente a un salario mínimo de US$ 275– sin necesidad de haber contribuido a lo largo de su vida.

El gasto con el sistema de pensiones creció 5,8% por encima de la inflación en los últimos diez años y representa el 39% del gasto primario del gobierno federal, según datos de analistas.

En tanto, consume el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil y en los próximos 30 años podrá alcanzar más del 20%, de acuerdo con Paulo Tafner, economista del Instituto Millenium.

Para los expertos, Brasil necesita hacer frente a la reforma del sistema de pensiones, una ardua tarea que la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en agosto, intentó abordar sin éxito, ante la resistencia de su propio Partido de los Trabajadores.

Su sucesor tiene ahora por delante la quimera de llegar a un consenso que permita modificar algunos de los puntos claves del actual sistema, en el que los políticos son algunos de los principales beneficiarios.

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