Tenencia de armas: un derecho llevado al delirio

Hace unos años, durante un programa de desarme por efectivo lanzado por el gobierno local del Distrito de Columbia, me acerqué a un joven que esperaba, junto a decenas de personas, para devolver sus armas en una estación de policía de la calle U, en una zona céntrica de la ciudad de Washington. Le pedí que me mostrara las piezas que iba a entregar “sin mediar preguntas” de las autoridades, según las condiciones del programa. Sacó de un bolso una Magnum .357, una Glock 30 .45 semiautomática y un Colt 45 de caño largo, armas todas de alto poder, capaces de eliminar a varias personas en una sola ronda de cartuchos o giro de tambor. Le pregunté por qué las devolvía. “Tengo varias más de estas en mi apartamento y un par de fusiles. Además, viajo seguido a Arizona y allí me puedo comprar todas las que quiera”, me respondió el veinteañero, que por lo demás daba la impresión de no matar una mosca. Le pregunté entonces para qué quería tantas armas. “Para mi defensa personal —repuso—. Y en todo caso, es mi derecho”.

Con esas dos últimas frases, resumió todo el problema de la tenencia de armas en Estados Unidos, un país donde los ciudadanos civiles tienen más armas de fuego en su poder que todos los del resto del mundo juntos. Cualquiera con una licencia de conducir puede armarse hasta los dientes en cuestión de días sin que medie ningún control.

La idea de que cuanto más armas pueda uno adquirir, más seguro estará ha llegado a límites surrealistas en Estados Unidos. Si bien tener una o dos armas cortas en casa puede ser algo entendible para la defensa de un individuo y su propiedad, la adquisición indiscriminada y paranoica de grandes cantidades de armas de uso militar, fusiles de asalto, granadas e innumerables cajas de municiones parece no solo un despropósito de consecuencias letales para una sociedad, sino también lisa y llanamente una locura colectiva.

La tenencia de armas es un tema que ha estado en el debate desde la propia creación de los Estados Unidos como nación; pero que a partir de los años sesenta se politizó por completo, con los conservadores defendiéndola como un derecho al cual no hay que imponerle límites, y los liberales promoviendo medidas para su estricto control. Estos últimos han perdido una y otra vez la batalla ante los conservadores y el lobby armamentístico, cuyos argumentos han apelado al carácter libertario —y fundamentalmente reacio a la intromisión del gobierno en decisiones personales— del pueblo estadounidense. Y siempre han utilizado como caballito de batalla en esa defensa a la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a la tenencia y el porte de armas, pero que fue redactada en 1791, junto con el resto de las enmiendas en el llamado Bill of Rights. Entonces, la amenaza del Imperio Británico aún estaba latente en suelo norteamericano, cuando todavía humeaban los cañones de Saratoga y los Red Coats podían irrumpir en las casas de los colonos independentistas, la gran lógica detrás de la Segunda Enmienda.

Pero pocos anacronismos han tenido mayor repercusión. Hoy en día, la gran mayoría de los estadounidenses rechaza el control de armas, que se ha convertido en un anatema para las campañas políticas. Y en los últimos días, se ha visto al presidente, Barack Obama, y al aspirante republicano, Mitt Romney, eludir olímpicamente el asunto aun ante la gravedad de lo sucedido en Colorado. Nada nuevo. Así ha sucedido en Estados Unidos tras las masacres de Columbine, Virginia Tech y otras similares a la del viernes pasado. No hay quien esté dispuesto a pagar el costo político que acarrea impulsar el control de armas en una campaña presidencial, ni siquiera Obama y su agenda últimamente más ideologizada que nunca.

Por otra parte, empieza a cobrar fuerza en los medios estadounidenses la convicción de que una ley de control de armas no habría podido evitar que James Holmes ingresara a ese cine de Denver armado hasta los dientes y asesinara a 12 personas y dejara decenas de heridos. Más bien, expertos de todo tipo son consultados e invitados a los sets de televisión para explicar qué pasaba por la mente del múltiple homicida al momento de planear y ejecutar su vesánico atentado. Y varios son los que concluyen que era algo inevitable, aun con férreas medidas de control en vigor sobre la venta de armas y proyectiles. Pero ¿a quién le puede caber alguna duda de que si Holmes no hubiera tenido acceso a todos esos fusiles de asalto, pistolas automáticas y las casi 7.000 rondas de municiones que adquirió en los últimos 60 días los muertos hubieran sido muchos menos o tal vez no habría hoy ninguno que lamentar? Parece tan simple esa relación de causa y efecto, que todos los pormenores psiquiátricos que hoy se discuten sobre el asesino deberían ser un tema reservado para los estudios sociopatológicos, o para algún tratado en criminología.

No se sabe si alguien le llegó a preguntar a Holmes para qué quería tantas armas y municiones al momento de adquirirlas, pero seguramente habría respondido que para su defensa personal y que, en todo caso, ese era su derecho.

Aclaración: la presente columna de opinión fue escrita por Ricardo J. Galarza, tras el asesinato de 12 personas por parte de James Holmes el viernes 20 de julio de 2012, en un cine de Aurora, Colorado