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Tensión política y judicial por aplicación de "2x1" a delitos de DDHH
Corte Suprema había resuelto disminuir la pena de un condenado por delitos de lesa humanidad
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10 de mayo de 2017 a las 05:00
Un fiscal pidió ayer en Argentina abrir una investigación judicial contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que la pasada semana fallaron a favor de reducir la pena de un civil condenado por secuestros y torturas cometidos durante la última dictadura cívico militar (1976-1983).
Esta petición ocurrió un día después de que el abogado Marcelo Parrilli, especializado en casos relacionados con delitos de lesa humanidad en el régimen de facto, presentó una denuncia contra tres de los cinco jueces del más alto tribunal del país, Horacio Rosatti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz.
El abogado los acusó de prevaricación, es decir de dictar con previo conocimiento una resolución injusta al conceder a Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, el beneficio conocido como "2x1", que supone que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, desde ese momento cada día se computa doble al establecer la duración de la pena.
Según informaron fuentes judiciales, tras la imputación dispuesta por el fiscal Guillermo Marijuán, que es la petición formal del Ministerio Público de investigar a los magistrados, el juez a cargo, Daniel Rafecas, tiene dos alternativas: abrir una causa penal en su contra o desestimar la denuncia al entender que no existe delito.
Con el beneplácito de Rosatti, Highton y Rosenkrantz y el voto en contra de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti –presidente del tribunal–, el Supremo aprobó el 3 de mayo aplicar en el caso de Muiña la ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y actualmente está derogada, aunque había sido nuevamente aplicada a pedido de la defensa .
Según explicaron los camaristas en su resolución, la decisión de aplicarla en Muiña es por tratarse de la ley "más benigna" –con base en lo que promulgan tribunales internacionales– y al ser, los delitos por los que fue condenado, anteriores a 2001.
Lorenzetti y Maqueda votaron en contra pero en minoría al considerar que no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
Muiña, de 61 años, fue a prisión preventiva en 2007, y como pasó cuatro años en esa situación, los últimos dos suman cuatro, según el cómputo del "2x1".
Debido a esto, si se le añaden los otros seis años que estuvo preso hasta 2016, cuando salió en libertad condicional por cumplir dos tercios de la condena, finalizará la sentencia en setiembre de 2018.
En 2013 un tribunal le aplicó el principio de la "ley penal más benigna", pero tras una apelación se negó el beneficio, cambió el cálculo de la pena y estableció que vencía en 2020, algo que fue recurrido por la defensa y aceptado por el Supremo, que abogó por contar doble desde el segundo año de preventiva, en 2009.
La nueva resolución hizo que otros represores de la dictadura pidieran acogerse a la misma medida, peticiones que de momento no tuvieron andamiento.
En ese marco, un tribunal de la provincia de San Juan consideró "inconstitucional e inaplicable" a condenados por delitos de lesa humanidad el "2x1" y rechazó la excarcelación de otro exmilitar solicitada por su defensa.
El tribunal se basó en el hecho de que la decisión de la Corte Suprema se basó en un caso en particular. Al argumentar el pedido, el fiscal Francisco Maldonado alegó que en este caso no correspondía la aplicación de la ley más benigna, porque mientras estuvo vigente la norma del 2x1, el militar en cuestión no había estado detenido.
El pedido de juicio político es encabezado por Juan Cabandié y apunta a los jueces de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco,Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", informó el sitio web del diario La Nación.
El otro proyecto, encabezado por Recalde, es una ley aclaratoria para interpretar la aplicación de la Ley 24.390, estableciendo que en los casos de delitos de lesa humanidad no rige el principio de ley penal más benigna.
"Lo resuelto por la mayoría de la Corte es una decisión política que va en línea con las políticas del gobierno de Mauricio Macri de negación del genocidio (al que calificó como "guerra sucia"), de descalificación de la lucha popular por la vigencia de los derechos humanos, de sus organismos y aún de paralización de las políticas de reparación (referidas como "curros")", indicaron los legisladores en los fundamentos de esta iniciativa.
Además, acotaron que "no cabe separar este fallo de las designaciones de los dos nuevos jueces en la Corte Suprema que ingresaron para modificar una doctrina y práctica que fue definida como política de Estado. Alguien los eligió y los designó. Respetuosamente: háganse cargo".
Mientras tanto, la organización Madres y Abuelas de Plaza de Mayo convocaron para hoy miércoles a una marcha en repudio a un fallo judicial que "avergûenza" al país y que reabrió viejas heridas y grietas políticas en Argentina.
Pero, además, esa organización impulsa un juicio políticocontra los tres jueces que tambiéen fueron denunciados por prevaricato.
Esta petición ocurrió un día después de que el abogado Marcelo Parrilli, especializado en casos relacionados con delitos de lesa humanidad en el régimen de facto, presentó una denuncia contra tres de los cinco jueces del más alto tribunal del país, Horacio Rosatti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz.
El abogado los acusó de prevaricación, es decir de dictar con previo conocimiento una resolución injusta al conceder a Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, el beneficio conocido como "2x1", que supone que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, desde ese momento cada día se computa doble al establecer la duración de la pena.
Según informaron fuentes judiciales, tras la imputación dispuesta por el fiscal Guillermo Marijuán, que es la petición formal del Ministerio Público de investigar a los magistrados, el juez a cargo, Daniel Rafecas, tiene dos alternativas: abrir una causa penal en su contra o desestimar la denuncia al entender que no existe delito.
Con el beneplácito de Rosatti, Highton y Rosenkrantz y el voto en contra de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti –presidente del tribunal–, el Supremo aprobó el 3 de mayo aplicar en el caso de Muiña la ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y actualmente está derogada, aunque había sido nuevamente aplicada a pedido de la defensa .
Según explicaron los camaristas en su resolución, la decisión de aplicarla en Muiña es por tratarse de la ley "más benigna" –con base en lo que promulgan tribunales internacionales– y al ser, los delitos por los que fue condenado, anteriores a 2001.
Lorenzetti y Maqueda votaron en contra pero en minoría al considerar que no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
Muiña, de 61 años, fue a prisión preventiva en 2007, y como pasó cuatro años en esa situación, los últimos dos suman cuatro, según el cómputo del "2x1".
Debido a esto, si se le añaden los otros seis años que estuvo preso hasta 2016, cuando salió en libertad condicional por cumplir dos tercios de la condena, finalizará la sentencia en setiembre de 2018.
En 2013 un tribunal le aplicó el principio de la "ley penal más benigna", pero tras una apelación se negó el beneficio, cambió el cálculo de la pena y estableció que vencía en 2020, algo que fue recurrido por la defensa y aceptado por el Supremo, que abogó por contar doble desde el segundo año de preventiva, en 2009.
La nueva resolución hizo que otros represores de la dictadura pidieran acogerse a la misma medida, peticiones que de momento no tuvieron andamiento.
En ese marco, un tribunal de la provincia de San Juan consideró "inconstitucional e inaplicable" a condenados por delitos de lesa humanidad el "2x1" y rechazó la excarcelación de otro exmilitar solicitada por su defensa.
El tribunal se basó en el hecho de que la decisión de la Corte Suprema se basó en un caso en particular. Al argumentar el pedido, el fiscal Francisco Maldonado alegó que en este caso no correspondía la aplicación de la ley más benigna, porque mientras estuvo vigente la norma del 2x1, el militar en cuestión no había estado detenido.
Cumplir compromisos
El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH recordó que el Estado argentino y la Corte Suprema deben cumplir la normativa y los compromisos internacionales asumidos.Decisión
El fallo de la Corte Suprema redujo la pena del exagente Luis Muiña, que estaba condenado por los delitos de secuestro y tortura.Norma
La ley 24.390, conocida como 2x1, vigente entre 1994 y 2001, permite cumputar doble cada año de duración de la pena si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años.Acusación
Un abogado acusó a tres jueces del tribunal de "prevaricación".Beneficio
Otros represores pidieron acogerse a la misma medida judicial.Kirchneristas presentan proyectos
El bloque de diputados del Frente Para la Victoria - Partido Justicialista (FPV-PJ), que preside Héctor Recalde, presentó ayer dos proyectos para evitar la aplicación del 2x1 a delitos de lesa humanidad y para pedir el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que fallaron a favor.El pedido de juicio político es encabezado por Juan Cabandié y apunta a los jueces de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco,Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", informó el sitio web del diario La Nación.
El otro proyecto, encabezado por Recalde, es una ley aclaratoria para interpretar la aplicación de la Ley 24.390, estableciendo que en los casos de delitos de lesa humanidad no rige el principio de ley penal más benigna.
"Lo resuelto por la mayoría de la Corte es una decisión política que va en línea con las políticas del gobierno de Mauricio Macri de negación del genocidio (al que calificó como "guerra sucia"), de descalificación de la lucha popular por la vigencia de los derechos humanos, de sus organismos y aún de paralización de las políticas de reparación (referidas como "curros")", indicaron los legisladores en los fundamentos de esta iniciativa.
Además, acotaron que "no cabe separar este fallo de las designaciones de los dos nuevos jueces en la Corte Suprema que ingresaron para modificar una doctrina y práctica que fue definida como política de Estado. Alguien los eligió y los designó. Respetuosamente: háganse cargo".
Mientras tanto, la organización Madres y Abuelas de Plaza de Mayo convocaron para hoy miércoles a una marcha en repudio a un fallo judicial que "avergûenza" al país y que reabrió viejas heridas y grietas políticas en Argentina.
Pero, además, esa organización impulsa un juicio políticocontra los tres jueces que tambiéen fueron denunciados por prevaricato.
