Testigos en peligro

Es martes 4 de abril y en el piso de una casa del asentamiento la Cachimba del Piojo yace muerto un joven de 24 años. Su amigo, y matador, le tira agua para tratar de "revivirlo", pero ya es tarde.

Coni, de 28 años, es una de las siete personas que unas horas antes habían llegado a esa casa para consumir pasta base y whisky, como solía hacerlo. Incluso bajo los efectos de la droga, la joven vio cómo los dos hombres comenzaron a discutir primero, enfrentarse a golpes de puños después, y terminar la disputa con uno de ellos en el suelo, muerto de un disparo.

Su testimonio fue clave para que el juez de 15º turno Ricardo Miguez pudiera definir el procesamiento con prisión del homicida. Por eso, y porque había recibido amenazas, Coni pidió custodia policial, la cual le fue concedida durante dos semanas.

El pasado miércoles a la hora 18, apenas un día después de que cesara esa custodia, Coni se encontraba junto a dos conocidos y su hijo de 6 años en una vivienda ubicada en Real y Adolfo Vaillán, en la zona de La Teja, cuando un hombre se acercó, le apuntó con un arma calibre 22 y le dijo: "Esto es por alcahueta". Enseguida le disparó en la cabeza, lo que le causó la muerte minutos después.

El caso generó un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, quienes aportaron versiones opuestas sobre quién había decidido dar por finalizada la custodia policial de la mujer asesinada. Pero lo más grave del episodio fue señalado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, quien apuntó al efecto que puede tener de "desestimular a quien quiera declarar (...) por miedo a represalias".

Chediak dijo que esto debe investigarse porque implica que hubo una falla en "el resorte indispensable para motivar a declarar" a testigos de delitos.

El presidente de la Corte aclaró que de todas formas la joven no era considerada un testigo protegido amparado por la Justicia (en esos casos se les da una identidad sustituta), sino una persona que había solicitado un control policial específico.

Según la versión divulgada por el Ministerio del Interior, la decisión de retirarle la vigilancia a la testigo corrió por cuenta del juez de la causa, Ricardo Míguez. Sin embargo, el magistrado declaró haberse enterado de que ya no estaba siendo vigilada luego de que fue asesinada.

En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que en el cuaderno de los policías está escrito que "el juez decidió que si la vigilancia no era efectiva, porque (la testigo) no estaba en la casa (debido a que se había mudado sin dar aviso a la policía), entonces que se levantara la vigilancia". Bonomi anunció que se investigará lo ocurrido para verificar dónde estuvo la falla.

Sin embargo, el juez Míguez dijo a El Observador que nunca solicitó retirar la custodia, ya que desde que había declarado como testigo, el pasado 6 de mayo, había pasado "poco tiempo". De hecho el magistrado contó que al enterarse del fallecimiento de la mujer le consultó a la Policía cómo había sido posible, si estaba siendo protegida.

Según explicó Miguez, cuando la joven alertó que estaba bajo amenazas, ya había declarado, y por lo tanto su nombre ya figuraba en los expedientes. Si ella hubiera manifestado, ante la Policía o en el juzgado, que temía por su vida antes de declarar, entonces podría haber sido amparada por el artículo 8º de la ley 18.494 que establece la protección de víctimas, testigos y colaboradores.

Esa ley, cuya aplicación está reglamentada para indagatorias en la órbita de la Justicia del Crimen Organizado pero que también se aplica en menor medida para casos que se tramitan en la Justicia Penal, impide la identificación de la persona a ser protegida por parte de terceros ajenos al proceso, e incluso los abogados del denunciado, y establece que debe ser citada de forma reservada. La ley habilita a que, en caso de ser necesario, pueda ser reubicada en otro barrio, o ciudad, dándole un nuevo nombre y documentos de identidad, así como prestándole asistencia económica.

Este último punto es aplicado con poca frecuencia, según varios magistrados consultados por El Observador, ya que en general basta con mantener resguardo de la identidad del testigo.

Una vez que entre en vigencia el nuevo código del proceso penal, la protección de testigos dejará de ser materia exclusiva de los juzgados de crimen organizado, aunque ya se aplique en otro tipo de juzgados.

Sin embargo, a pesar de que este recurso podría haber sido aplicado, y de hecho el juez Míguez dijo que actualmente lleva un caso en el que decidió utilizar esta figura para proteger a un testigo, el magistrado opinó que no sería efectivo, dadas las características del caso y que solo hubo tres testigos: Coni, un familiar del homicida y otra persona que asistió a la fiesta, y que según el juez no aportó información para la causa. A su juicio, en este caso el indagado podría haber deducido fácilmente quién lo señaló como responsable del homicidio.