Desigualdad: el gran problema chino
El caso de una mujer obligada a abortar a su bebé de siete meses refleja una de las principales luces de alerta para las autoridades chinas: las diferencias cada vez más grandes entre ricos y pobres
El miércoles en Beijing me sorprendí al leer el diario. El Global Times –periódico en inglés para extranjeros- anunciaba en su título principal “Furia por aborto forzado”. Contaba la historia de una mujer de la provincia de Shaanxi que había sido obligada por las autoridades locales a abortar a su bebé –su segundo hijo- a los siete meses de gestación, por no respetar la política de hijo único. Según el esposo de la víctima, las autoridades los forzaron a pagar una multa de 40 mil yuanes (US$ 6.300), y al no poder hacerlo, trasladaron a la mujer a una clínica y la forzaron al aborto. La historia tiene una vuelta de tuerca más, y bastante truculenta: le dejaron el feto junto a su cama. Precisamente, esa horrible foto recorrió las redes sociales, provocó un enorme movimiento de indignación en la web y obligó al gobierno a actuar.
Al menos eso dicen los periódicos, que parecen reducir las protestas al ámbito de internet. Por la calle no hay ninguna referencia para el observador occidental, con la salvedad de la barrera del idioma y el hecho de estar en la zona internacional de la ciudad, donde lo que importa es hacer dinero y no pensar en problemas sociales.
La forma en que los medios se hicieron eco de la información llama la atención en un país en el que la censura es un arma fundamental. Pero la lógica es simple: “los que obran mal siempre son las autoridades locales, y el gobierno central es el que sale en defensa de los ciudadanos”, me cuenta un extranjero que vive hace bastante tiempo en Beijing.
El jueves, la prensa anunció que los oficiales provinciales involucrados habían sido separados, y que serían puestos bajo investigación, luego que en un primer momento aseguraran que el aborto había sido voluntario. Pero más allá de los detalles concretos, el hecho refleja un extremo uno de los pilares del crecimiento chino: la política de control de la natalidad.
Ese rumbo de planificación implementado a partir de 1976 ha llevado a evitar 400 millones de nacimientos, y así hacer posible la previsibilidad de las políticas económicas y sociales. Además, resultó una tranquilidad para la economía del planeta, que llegó a los 6 mil millones de personas nueve años después de lo calculado originalmente. Pero claro, detrás de esas políticas exitosas hay personas, y ahí es donde la trama se oscurece.
Las cifras de abortos en China son impactantes: en 2010, un promedio de 7 millones de mujeres abortaron desde el año 2000, y en 2008 la cifra trepó hasta 9 millones.
En los papeles, cada familia sólo tiene derecho a criar un hijo, aunque el sistema tiene sus recovecos. Por ejemplo, en las zonas rurales se pueden tener dos si el primero fue mujer, de manera de poder ayudar en el trabajo, y para que los padres puedan tener un cuidado adecuado al envejecer.
Además en la capital también hay formas de tener más hijos. Por ejemplo, si una persona es hijo único, y sus padres también lo han sido, tiene derecho a tener dos hijos. Y después está la carta económica: para tener un segundo hijo fuera de las reglas anteriores se debe pagar una multa, que permite el acceso del niño o niña al hukou, el certificado social que permite acceder a educación y salud. Esa multa fue lo que condenó a la familia de Shaanxi.
Lógicamente, entre los sectores más ricos de la sociedad hay muchas familias de más de tres integrantes, algo mucho más difícil de ver en las familias de clase media, y no solo por la multa: el costo de vida es cada vez más alto, sobre todo en las grandes ciudades, y las opciones privadas de educación y salud son, como en el mundo occidental, las mejores.
Seguramente el caso de Shaanxi no provoque una explosión popular, ni mucho menos. Y eso que se calcula que en toda China se desata una protesta popular por minuto, incluido Beijing, donde los que protestan son en su mayoría migrantes del interior, que llegan a la capital y no pueden acceder a los programas sociales: es la forma que tiene el Estado de seguir planificando la economía y la sociedad.
También se dan protestas de miles de personas desplazadas de sus casas, en el marco de planes de reorganización urbanística. Precisamente, una de las visitas que hicimos en Shanghai fue un centro comunitario en un barrio nuevo, creado para las personas a las que se le expropió la casa para construir los pabellones de la Exposición Universal de 2010.
Pero si el caso de Shaanxi no provocará consecuencias políticas importantes, sí es un argumento para el problema que más molesta hoy a la mayoría de los chinos: las diferencias entre la clase alta y el resto. Cientos de millones de personas han salido de la pobreza y han mejorado enormemente su nivel de vida, pero ven como los ricos son cada vez más obscenamente ricos, y en su mayoría su fortuna nace de los contactos adecuados en el gobierno, lo que refleja que las cifras de desigualdad se hayan disparado en los últimos tiempos. Según los analistas extranjeros, y quienes viven aquí hace tiempo, es eso, y no la falta de apertura política, el mayor signo de alarma para los gobernantes, y el único punto que puede traer novedades políticas en los próximos años.

















