Tiempos de avanzar en la mejora de infraestructura

Se apuesta a un nuevo diálogo entre agentes públicos y privados para concretar inversiones que den respuesta al déficit de infraestructura
La semana pasada, un comunicado de la empresa UPM dio cuenta que la multinacional podría instalar una nueva planta de celulosa en Uruguay, supeditada a una adecuación de la infraestructura logística. Esto significa la mayor inversión de la historia del país, unos US$ 5.000 millones, de los que US$ 1.000 millones sería la contraparte del Estado uruguayo destinada a desarrollo vial y ferroviario, junto a reacondicionamiento portuario. El gobierno uruguayo aspira a que gran parte sea concretada a través de inversiones privadas.

El déficit en materia de infraestructura –un talón de Aquiles del país– y los esfuerzos para avanzar en su desarrollo –en algunos casos mediante asociaciones público privadas (PPA)– es un reto insoslayable no solo para Uruguay sino también para la región. Esto quedó bien en claro en el XV Encuentro Santander América Latina, realizado en Madrid hace 10 días, cuyo eje fue justamente la infraestructura regional, y en que se puso foco en las potencialidades y dificultades de instrumentos –nuevos para muchos países– como los proyectos de Participación Público Privada (PPP).

Una de la oradoras fue la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, quien subrayó que la respuesta para mejorar las condiciones de competencia regional radica en el desarrollo de la infraestructura física incluyendo la logística. "Para lograr reponer los motores de crecimiento hacia el futuro y hacer hoy las inversiones para crecer más aceleradamente vamos a necesitar una conversación nueva y más constructiva entre sector público y privado", manifestó, al subrayar que la diversificación productiva requiere de inversión en infraestructura, que siempre son millonarias.


Sin embargo, Grynspan consideró que no se trata tanto de disponibilidad de dineros públicos sino de "acciones muy inteligentes" y capacidad de ejecución en el Estado, en materia de planificación, evaluación y monitoreo.

Ejecutivos de constructoras españolas con negocios en América Latina también abordaron la temática. Los principales de Ferrovial Agroman, Sacyr Construcción, Acciona Infraestructura y la operadora Abertis reafirmaron su interés en la región y pusieron sobre el tapete ciertas dificultades. Por ejemplo, el CEO de Acciona, Luis Castilla, señaló a la financiación como un problema, ya que "hay mucho más capital en el mundo del que se está utilizando para PPP", y apuntó a la necesidad de organización administrativa y política para que los proyectos se hagan realidad.

"El principal motivo de preocupación para el sector es la falta de equilibrio a la hora de repartir riesgos entre el sector público y el privado. Esto lleva a enorme estrés a las organizaciones empresariales. Se pretende que el privado asuma mucho más riesgos de lo que teóricamente está remunerado", consideró.

El presidente de Ferrovial Construcción, Alejandro de la Joya, recordó que los necesarios procesos de aprobaciones medioambientales y sociales llevan tiempo, pero alertó que una "excesiva intervención de la población" o politización pueden paralizar la toma de decisiones.

Tomar ritmo

En 2015, el presidente Tabaré Vázquez anunció que durante su gobierno la inversión en infraestructura totalizará US$ 12.370 millones, y que un tercio sería realizada a través de concesiones, contratos de compra de energía PPA y contratos de PPP.

Durante el Encuentro en España, Juan Carlos Chomali, el country manager en Uruguay de Santander, que estructuró financieramente el primer proyecto de PPP en Uruguay (ver nota en esta página), destacó lo realizado en el país a nivel de energía y transporte, pero comentó que "necesariamente hay que avanzar más rápido en las áreas vial y portuaria".

Por su parte, Alejandro Ruibal, vicepresidente comercial y de Operaciones de Saceem (adjudicataria de la PPP vial para las rutas 21 y 24), está muy expectante de que se adquiera otro ritmo y opinó que es el momento de buscar la manera de avanzar en materia de PPP, en entrevista a Búsqueda.

En aprendizaje


Para el director de Consultoría de EY, Ernesto Scayola, hay un antes y un después del decreto de 2015 (la ley de PPP es de 2011) que simplificó el proceso, clarificó responsabilidades (y cómo juegan actores como el financiador) y estableció plazos y límites, que dan "más certeza al proceso". "Es notorio que hay una unidad de PPP con un poco más de peso, con una dirección. Se creó una estructura, y trata de ser la ventanilla única para recibir a los interesados", comentó. Esto debería llevar a una agilización, pero Scayola recordó que se está transitando por un proceso de aprendizaje y que es esperable que la normativa tenga que seguir evolucionando.

Para Scayola, un aspecto fundamental a entender es que hay distintos actores (gobierno, adjudicatario y entidad que financia) y que existen riesgos que impactan a cada uno de manera diferente: "El cómo los distintos actores gestionan los riesgos es un aspecto clave, que se tiene que plantear desde el llamado".

Consideró que la preocupación por acotar riesgos y que el retorno se corresponda, tiene que ver con algunos casos que no han prosperado. Pero además es necesario ver que también el financiamiento es parte de la ecuación, y que las entidades tienen que tener la posibilidad de gestionar apropiadamente sus riesgos y ver el retorno.

EY colaboró en la redacción del pliego para el corredor de la ruta 21, y asesora a empresas en los modelos de negocios.

Chance de negociar


Al socio de Ferrere Abogados y líder del equipo de Infraestructura, Gonzalo Secco, las PPP le parecen una buena idea como herramienta, aunque considera que se eligió un modelo detallista y un tanto rígido; y que ciertas demoras se deben mayormente a las condiciones mismas del proceso.

En Ferrere se percibe mucho interés por parte de empresas en las propuestas del gobierno uruguayo.

¿Por qué, entonces, son pocas las que finalmente se animan a ofertar?

Secco enumera una serie de restricciones. Entre las más importantes, ubica al "aparente descalce entre el conjunto de la obra y el presupuesto asignado". Las PPP tienen un "techo máximo" de inversión. Los privados esgrimen que ese tope resulta escaso para el alcance de obra que se pretende, teniendo en cuenta que implica mantenimiento de largo plazo.

Según Secco, hubo casos de empresas que calculan que están por encima del tope en 30%. La explicación estaría en que el máximo es fijado a base de estudios de costos que, transcurrido el tiempo que requiere el proceso, no estarían actualizados.

Otro punto central para el socio de Ferrere es la distribución de los riesgos. Puso como ejemplo que si hay demoras en la obtención de permisos del Estado, son de cargo exclusivo del contratista y esto parece excesivo. Lo mismo ocurre con paros y huelgas, entre otros factores. Otra cuestión que preocupa es que no existan garantías explícitas por parte del Estado en casos de administraciones públicas como AFE o ANEP.

Según Secco, es necesario reconocer que es un proceso en desarrollo y que resulta necesario pueda darse una negociación de términos y condiciones razonables: "Si estuviéramos ante un modelo testeado, se podría ser más rígido en cuanto a determinadas condiciones, pero no se está en ese momento".

La actitud hacia la negociación es clave, según el socio de Ferrere, en un entorno de cierto "miedo burocrático". "En general hay resistencia a discutir; existe recelo aunque no en todos los niveles, ya que hay actores con los que se puede entablar un diálogo razonable de ida y vuelta. (...) Se trata de un proceso muy complejo como para que se proponga unilateralmente un contrato el día cero y pensar que se va a firmar en las mismos términos sin cambiar una coma un año y medio o dos después. Quizá en cinco años, después de diez PPP se esté en condiciones de decir que es un modelo de contrato probado, no abierto a la discusión. Pero (en un momento de aprendizaje) una actitud cerrada no funciona", concluyó.

"Cómodos" en Uruguay Sacyr Construcción -en asociación con la uruguaya Saceem- es la adjudicataria de la primera PPP vial en Uruguay (ver nota en esta página). Durante el Encuentro Santander en Madrid, en conversación con Café y Negocios, su CEO, José María Orihuela, señaló que están "cómodos" con el proceso, y que a su compañía le interesa estudiar todo lo que proponga Uruguay. Sacyr cuenta con 35 concesiones de infraestructuras de transportes en ocho países (España, Portugal, Chile, Colombia, Italia, Irlanda, Perú y Uruguay), fundamentalmente autopistas pero también intercambiadores, hospitales y una línea de metro.


Las PPP en marcha y las que se vienen

El primer proyecto bajo la modalidad de PPP ya está en obra. Se trata de la construcción y prestación de servicios de una nueva cárcel para 1960 reclusos. Fue adjudicado a un consorcio integrado por Teyma, Inabensa y Goddard Catering Group. La inversión inicial es de US$ 85 millones y el plazo del contrato de 27,5 años.
Se prevé la finalización de obra para mediados de 2017.
En materia vial, ya se adjudicó el primer proyecto que corresponde a la rehabilitación de la ruta 21 (Nueva Palmira - Mercedes), y la ruta 24 (entre las rutas 2 y 3).
Fue adjudicado a un consorcio entre la española Sacyr y Grinor, propiedad de la uruguaya Saceem. La inversión total estimada es de US$ 360 millones. Las obras empezarán en setiembre, según dijo el vicepresidente comercial y de Operaciones de Saceem, Alejandro Ruibal, a Búsqueda.

En proceso de adjudicación está el proyecto ferroviario Algorta-Fray Bentos, para la reconstrucción de 142 kilómetro de vías con una inversión estimada de US$ 120 millones. El período del contrato es de 30 años.

La apertura de ofertas estaba prevista para el 23 de junio, pero se prorrogó para el 29 de julio.

Además están definidos siete proyectos de otros corredores viales para ser ejecutados bajo la modalidad PPP, con una inversión estimada de US$ 550 millones.
Además, se espera que hacia fin de año se realice el primer llamado para proyectos de PPP a nivel infraestructura educativa. Se tratará de la construcción de 44 jardines escolares destinados a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y 15 guarderías públicas CAIF.

El proyecto total, con un período de contrato fijado en 20 años, implica 150 obras para ANEP y 60 para INAU en varios contratos. La inversión estimada es de US$ 400 millones.
Además, el gobierno tiene a estudio otros proyectos para ser ejecutados bajo la modalidad PPP, que incluyen inversiones en infraestructura hospitalaria y energética.
En el centro de información de la web de Uruguay XXI (www.uruguayxxi.gub.uy) es posible acceder a detalles de los llamados. l


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