Tobilleras electrónicas se extenderán a todo el país

A partir de febrero se sumarán cuatro departamentos y a fin de año a todo el Uruguay; el gobierno hizo mea culpa por "falla policial" en muerte de Sosa
El gobierno asumió la responsabilidad por la muerte de Valeria Sosa, asesinada de un disparo por su expareja que es policía con el arma de reglamento. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó que por "una falla en el ámbito policial" esa muerte no se evitó.

La mujer lo había denunciado a fines de 2015, cuando ya estaba vigente un protocolo de la cartera que establece que a cualquier funcionario que se le haga una denuncia por violencia doméstica se le debe quitar el arma. Sin embargo, eso no ocurrió, el hombre fue a la casa de su exmujer el domingo 30 de enero por la noche y luego de una breve discusión en la puerta del edificio, la mató de un disparo en la cabeza frente a sus dos hijos.

Apenas enteradas de lo ocurrido, las autoridades del Ministerio del Interior pidieron información de urgencia. Se confirmó que "en el sistema informático la denuncia de 2015 estaba incompleta", afirmó a El Observador July Zabaleta, directora de la división Políticas de Género de esa cartera.

La investigación administrativa iniciada derivará en sanciones y las autoridades determinan por estos días sobre quién recaerá la responsabilidad. "Se tienen que recabar los testimonios de los que estaban ese día en la seccional (donde se hizo la denuncia) y en otra que pudiera estar vinculada y se intenta determinar de quién fue la responsabilidad: si de quien tomó la denuncia, de quien la derivó o del que estaba a cargo", indicó Zabaleta.

La jerarca dijo que la investigación puede terminar en "sanciones importantes", como sumarios. "Al momento se está recabando toda esa información, testimonios y pruebas de quién hizo qué y quien no hizo qué", agregó.

Ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a Telenoche que "el hecho se produjo en un lugar, fue denunciado en otro, el que recibió la denuncia lo pasó al lugar donde se produjo el hecho, pero no llegó a las unidades especializadas de Violencia Doméstica".

Bonomi manifestó que si la violencia doméstica se toma "solo como un problema policial" no se resolverá "nunca". "Este es un problema social que tiene que encararse así y que requiere un proceso que no es sencillo y es lento", dijo.

En esa línea, mientras la investigación sobre la denuncia sigue en curso, las autoridades aguardan a que el 15 de febrero se les entreguen los resultados de una evaluación que se está realizando en Cerro Largo, Treinta y Tres, Salto y Paysandú sobre el uso de pulseras electrónicas para implementar la tecnología en esos departamentos.

Según indicó Zabaleta, la idea es que a fin de año todo el país cuente con el sistema de pulseras electrónicas funcionando. Por ahora, el sistema llegó a Montevideo, Canelones, Maldonado, Flores, Florida, San José, Durazno y Tacuarembó. Bonomi, por su parte, dijo que "las pulseras son una buena solución para los casos que llegan a la Justicia y resuelve utilizarlas". De todos modos, destacó que "la mayoría de los casos no llegan a la Justicia".

Las pulseras electrónicas fueron puestas en funcionamiento en 2012 y le insumieron al Ministerio del Interior un gasto inicial de US$ 1 millón. Se pudieron comenzar a utilizar desde el 25 de noviembre de 2012, fecha elegida por ser el Día Internacional Contra la Violencia de Género.

La pulsera se le coloca por orden judicial al agresor, junto con un GPS que transmite una señal. A su vez, la persona agredida tiene otro dispositivo con un botón de pánico. Las alertas son recibidas en el Centro de Comando Unificado, donde trabajan dos policías en turnos de seis horas y un supervisor. Una vez que el ministerio reciba la evaluación de los cuatro departamentos donde se aplicarán en el corto plazo, comenzará a capacitar a los funcionarios destinados a esa tarea.

Protocolo cuestionado

El protocolo de actuación en materia de violencia doméstica o género para funcionarios del Ministerio del Interior fue reglamentado en un decreto de principios de 2015 y define a la violencia doméstica y de género "perpetrada por personal del Ministerio del Interior" como "una falta grave". Esa definición se basa en que "constituye un comportamiento inaceptable que, además de ocasionar daño a la salud mental y física de las personas y a su bienestar general, contraviene los principios y cometidos de un organismo mandatado para la prevención del delito y el mantenimiento de la seguridad pública".

En ese marco, es obligatorio que el personal denuncie "de manera inmediata todo acto de violencia doméstica y de género que involucre a funcionarios de la institución", así como "el retiro del arma de reglamento a la persona ofensora, de manera preventiva". Una junta médica se encarga de evaluar a la persona denunciada y es la que dispone el reintegro o no del arma. Ese procedimiento puede durar varios meses.

El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) cuestionó el contenido del protocolo cuando fue puesto en funcionamiento por considerar que no ofrece garantías a los policías. Para Miguel Barrios, secretario de Asuntos Legales del gremio, el asesinato de Sosa demuestra "que el control ministerial es nulo".

"Es la desesperación de no hacer las cosas como corresponde. Tiene que haber una detección de posibles agresores. Eso es lo esencial, lo que no puede faltar. Porque si no el problema sigue estando dentro de la institución. A eso apuntamos nosotros", dijo Barrios. La propuesta del SUPU es que en la carrera policial se realicen talleres y que se pueda identificar a personas que pueden tener conductas violentas.

Un análisis jurídico realizado por el gremio sobre el protocolo indica que hay un vacío porque no se establecen plazos para evaluar las denuncias y cuestiona que éstas puedan ser anónimas. Según Barrios, muchas policías denuncian ante el gremio que se les quitó el arma porque sus parejas o exparejas las denunciaron "como represalia".

Cuando se los denuncia, se los aparta de la tarea que realizaban puesto que pasan a estar desarmados y eso deriva en que se les reduzca el salario.

Por su parte, el asesor legal del Sindicato Policial de Montevideo (Sipom), el abogado Washington Abdala, dijo a El Observador que el protocolo es adecuado pero siempre y cuando "esté bien aplicado".
"Pueden suceder casos de una mala denuncia, pero no es la regla. Estamos hablando de la excepción. Se tienen que aportar pruebas para generar elementos de convicción", dijo.

El caso de Sosa se suma a otros cuatro que marcaron un comienzo de año negro en materia de violencia de género. El último caso ocurrió en la noche del domingo. Según indicó Montevideo Portal, luego de una discusión, un hombre de 45 años asesinó a su esposa, de 42, golpeándola en la cabeza con una maceta. El hombre se entregó a la Policía y está a disposición de la Justicia.

Resolución sobre custodia de hijos de Sosa es provisoria

Cuando la expareja de Valeria Sosa le disparó frente a sus dos hijos, se fue con los dos niños en un taxi a la casa de sus padres. "Cuando se disponía a cerrar la puerta del edificio – con su hijo mayor, de 11 años, corriendo por el corredor y el menor, de 7, a escasos metros de la madre- el hombre sacó su arma de reglamento que llevaba en la cintura, una Glock, y apuntando a la cabeza le disparó", detalla el auto de procesamiento del juez Gustavo Iribarren, quien lo procesó con prisión luego de que se entregara a la Policía.

La jueza de Familia de 8º Turno, Alicia Vega, determinó que los niños, de 7 y 10 años, permanecieran con los abuelos paternos. Fuentes del Poder Judicial dijeron a El Observador que se trata de una resolución provisoria y que se dio inicio a un juicio por la tenencia de los menores.

La madre de Sosa, Beatriz Olivera, dijo a El País que reclamará la tenencia y consideró "que es una locura que los niños estén con la familia del asesino". "Después de lo sucedido, a los chicos los pudimos ver recién el miércoles en la casa de los padres de él. Estaban muy mal, callados, no preguntaron nada, estaban totalmente en shock", dijo. Para la Justicia, el solo hecho de ser los padres del homicida no inhabilita a que los niños estén con su familia paterna.

En el juicio también se determinará un régimen de visita de los hijos a la cárcel para ver a su padre.
El Código de la Niñez y Adolescencia establece que "la vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral", por lo que "todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia".

"En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés superior", agrega.
Por su parte, el Ministerio del Interior dispuso que un equipo de especialistas en salud mental comiencen a trabajar tanto con la familia paterna y materna, como con los niños, para que puedan sobrellevar la situación.

El protocolo

Objetivos
El protocolo reglamentado en 2015 tiene como objetivo "erradicar las situaciones de violencia doméstica y/o violencia de género
que involucran, directa o indirectamente, al funcionariado del Ministerio del Interior", ya sean víctimas o agresores. En esa línea, dispone la aplicación de "procedimientos administrativos, disciplinarios y/o reparatorios" para víctimas y victimarios.

Para quién
La aplicación del protocolo es para cualquier funcionario del Ministerio del Interior "independientemente de la naturaleza del vínculo" que tenga con la cartera. Uno de los pilares sobre los que se basa es la prevención, por lo que el documento establece que es "imprescindible" que el protocolo se incorpore a la currícula de formación de los funcionarios ministeriales.

Denuncias
Es obligatorio que el personal del Ministerio del Interior que esté en conocimiento de un caso de violencia doméstica o de género que involucre a alguien del personal de la cartera, lo denuncie de manera inmediata. "Todas las actuaciones a que diera lugar la denuncia serán de carácter reservado", aclara el documento. Se deben denunciar a la Unidad de Violencia Doméstica.

Falta grave
No cumplir con lo que se establece en el Protocolo constituye una "falta grave" y puede traer como consecuencia medidas disciplinarias. "El estricto cumplimiento de este protocolo asegura para todas las partes garantías de un trato digno y ajustado a derecho", destaca el texto.

Armas
Cuando un policía es denunciado se le debe retirar el arma "de manera preventiva". Una Junta Médica Nacional de Aptitud evaluará si se le puede devolver. Mientras se le retiene, el arma queda bajo custodia en su lugar de trabajo y el funcionario policial deja de realizar tareas que requieran el uso del arma, lo que implica por lo general que pasa a cobrar menos salario.

Recepción de la denuncia
Si la denuncia se realiza en una seccional policial, se debe derivar dentro de las 24 horas siguientes, a la Unidad Especialidad de Violencia Doméstica y de Género, "a efectos de su contralor y del seguimiento de las medidas judiciales dispuestas". "Toda denuncia que involucre a policías y personal del Ministerio del Interior deberá ser comunicada a la Subdirección Nacional Técnica de Sanidad Policial", agrega el protocolo.


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