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Todo depende de inversión y comercio
El ajuste fiscal que el gobierno ha descargado sobre los trabajadores activos y los jubilados tal vez cumpla su objetivo de atenuar algo el creciente déficit en las cuentas públicas, para evitar que las calificadoras de riesgo le retiren a Uruguay el grado inversor. Pero de poco servirá si no se actúa, rápida y eficazmente, sobre otros factores que inciden en el actual estancamiento de la economía. El principal es la inversión privada doméstica y externa, que el ministro de Economía, Danilo Astori, ha definido como instrumento esencial para recuperar crecimiento. Otro es la necesidad de apertura comercial, eludiendo las trabas del Mercosur y superando las objeciones de los sectores más atrasados del Frente Amplio.
Las perspectivas en ambas áreas no son alentadoras. Además de inversiones directas en emprendimientos privados, el instrumento más a mano de que dispone el gobierno en este campo es la ley de participación público privada (PPP), como complemento de la disminuida capacidad de inversión pública. Pero trabas burocráticas demoran obras acordadas y reducen la perspectiva de que se concierten otras. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, informó que el presidente Tabaré Vázquez pidió para el lunes un informe urgente sobre obras que no avanzan, después que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, se quejó de esa situación en una reunión del gabinete.
Desde su concepción y aprobación legislativa, la PPP fue vista como tabla de salvación para la economía. Pero los años pasan sin que avancen en la forma prevista los escasos acuerdos existentes o se concreten nuevos proyectos. Incluso se trancó el plan razonable de utilizar ese instrumento para la reforma del agrietado Hospital de Clínicas, que requiere US$ 120 millones. El gobierno favorecía recurrir a la PPP, asignando a emprendimientos privados parte del gigantesco edificio una vez que fuera remodelado, como retribución a los inversores. Pero el Consejo Directivo de la Universidad de la República, de la que depende el hospital, lo rechazó y propone ahora financiar la obra con reducción de aportes patronales al Banco de Previsión Social. La propuesta es inviable porque no solo desalentará a cualquier inversor privado sino que significaría reducir los ya declinantes ingresos fiscales. Y la anunciada agilización de los complejos trámites burocráticos de una PPP siguen obviamente sin dar resultados, como lo evidencia el anuncio de Roballo.
Por otra parte, la incorporación de Uruguay a los bloques de libre comercio del Pacífico, vital para ganar mercados y evitar perder los que aún tenemos, depende de dos factores. Uno es la aprobación de Argentina y Brasil, probable aunque supone modificar normas del Mercosur. El otro, que no se avizora, es que abran los ojos a la realidad los sectores del Frente Amplio que siguen oponiéndose por rémoras ideológicas y el espejismo del Mercosur. Si el gobierno logra abrir el comercio externo y acelerar inversiones privadas, ayudado por el mantenimiento del grado inversor, podrá mejorar la actividad y el empleo y hasta encarar alguna solución parcial al exceso de funcionarios públicos, que el propio Astori acaba de reconocer, al abrir nuevas fuentes de trabajo. Pero si ambos caminos siguen trancados, habrá sido inútil el golpe a los asalariados y a la estructura productiva.
