Trabajadores amenazan con nuevos piquetes en las fiestas

A un mes del inicio de la temporada turística y luego de que el Poder Ejecutivo aceptó flexibilizar las pautas salariales con el objetivo de destrabar las negociaciones en los Consejos de Salarios, el gobierno sigue de cerca las movilizaciones de los trabajadores del comercio que impidieron el ingreso a los supermercados de Montevideo y Maldonado, una medida que para juristas consultados es ilegal. También preocupa que los empleados se dispongan a reiterar esa medida en los días de mayor venta por las fiestas de fin de año.

El presidente Tabaré Vázquez marcó ayer su posición respecto a esas movilizaciones. "Todo lo que provoque incidentes, por cierto, nosotros no lo aprobamos ni lo estamos apoyando", dijo ayer Vázquez desde Santa Clara de Olimar, un territorio políticamente afín al Partido Nacional. "Creemos que el camino en todas las circunstancias cuando hay dificultades es el del diálogo", insistió el presidente al ser consultado por los medios.

El tema genera controversias por la legitimidad de la medida. Los trabajadores revindican su derecho de manifestarse, a la vez que los empresarios indican que esto atenta contra la libertad de trabajo. Abogados laboralistas consultados por El Observador advirtieron que los piquetes son ilegales y así se expresó la Justicia.

El conflicto afecta a empresas–algunas adquiridas por capitales extranjeros– donde trabajan miles de personas. Vázquez tomó en cuenta que los trabajadores tienen el derecho constitucional a la huelga y la movilización, derechos que, aseguró, el gobierno respetará. Sin embargo, en este caso no se trata de una huelga sino de cortes que impulsó la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y

Servicios (Fuecys), que impidieron el ingreso de los clientes.

De no haber acuerdo –por ahora las partes mantienen sus posiciones y están lejos entre sí– las

medidas de trancar la entrada a los comercios se repetirán entre el 22 de diciembre y el 6 de enero.

Los trabajadores reclaman su derecho a manifestarse para conseguir un mejor salario y otras ventajas.

"Para nosotros es una medida válida", dijo a El Observador el dirigente de Fuecys, Ismael Fuentes. Desde su punto de vista los "trancazos" en supermercados son como una manifestación callejera, en la que no se permite el paso, y que en este caso, si bien no se deja acceder a los clientes, tienen la posibilidad de acceder a otros centros comerciales.

"Entendemos que es un derecho de los trabajadores manifestarse. Hemos tenido conversaciones con la Policía y no hay nada que lo prohíba", agregó Fuentes.

En medio del conflicto, la Asociación de Supermercados prefirió no hacer declaraciones y según supo El Observador por voceros empresariales, esperan que el gobierno haga una propuesta concreta. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, consultado ayer por El Observador, prefirió no hacer comentarios.

Ilegal

Abogados que trabajan en el área de las relaciones laborales están convencidos que los piquetes "son ilegales", a pesar de lo cual cada tanto tiempo algún gremio recurre a ese tipo de protesta.

El abogado Nelson Larrañaga, dijo a El Observador que está fuera de discusión que el piquete es ilegal y así lo determinó la Justicia ante cada acción de amparo que impulsaron quienes se vieron perjudicados, que generalmente son empresarios.

El piquete, entendido como una aglomeración que impide el acceso a un lugar o la libre circulación, afecta el derecho de otros: trabajadores que quieren entrar, empresarios o clientes.

"La huelga es no trabajar y el piquete es una medida de acción donde se toma el control de la entrada a un negocio", explicó.

Un piquete vulnera otros derechos constitucionales, dijo Larrañaga y por tanto los jueces interpretan que debe ponérsele fin.

Su colega, la abogada Lissy Hernández, especialista en derecho laboral, también recordó que en Uruguay el piquete como el que ocurrió en los supermercados de Montevideo y Maldonado no está permitido y hay antecedentes fallos judiciales que lo dan como una acción ilícita. Uno de los últimos, de abril de 2016, fue del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de cuarto turno que involucró a la pastera UPM, que estableció que los piquetes son inconstitucionales.

Está el derecho a la protesta gremial, está el derecho a ocupar de acuerdo a un decreto de Tabaré Vázquez del año 2006 que en los hechos los jueces lo han derribado, y está por otro lado el derecho a trabajar y el derecho a circular.

Hernández recordó que las cámaras empresariales denunciaron a Uruguay ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ese organismo observó al país por el decreto que habilitó la ocupación como una extensión de la huelga.

"La lógica sindical es que si se puede lo más, que es la ocupación, entonces se puede lo menos, que sería impedir el acceso a clientes o a proveedores", dijo. Sin embargo, insistió, el piquete es ilegal.

Hernández, coincide con el razonamiento que han hecho jueces y la OIT donde el debate no es qué derecho prima, si el de propiedad privada o la libertad sindical. En la práctica se dio que los jueces terminan ordenando desalojos siempre que haya trabajadores que quieran trabajar y por la medida sindical se ven impedido de hacerlo.

Las discusiones seguirán y Fuecys consideran que esas medidas en verano con los turistas llegando, operan a su favor.