Tras desorden electoral, partidos discuten sistema de elecciones del BPS

Las elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS) fueron cuestionadas en su legitimidad por el faltante de listas en las mesas de votación, que impidió a la población –en comicios obligatorios– poder elegir a candidatos que aspiraban a ocupar un lugar en el directorio del organismo previsional. El sistema de votación mostró carencias y las culpas se reparten. Dos postulantes, por los pasivos y los trabajadores, se plantearon incluso impugnar las elecciones.

El tema ya preocupaba al gobierno –que en setiembre envió un proyecto de ley con modificaciones a esas elecciones– y ayer fue comentado por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, tras el Consejo de Ministros.

Murro apuntó a la oposición por no haber respaldado el proyecto del gobierno e insistió con que la ley debe ser cambiada. No obstante, los cambios propuestos en el proyecto oficial que defiende Murro no hubiesen resuelto ni la cuestionada obligatoriedad de votar, ni hubiesen evitado la elección por el orden de trabajadores y pasivos, donde había competencia.

De todas formas, aseguró que en las elecciones del BPS "no hubo irregularidades".

En el BPS, su presidente Heber Galli no quedó conforme con lo que pasó (ver página 3).

Las denuncias por falta de papeletas para sufragar fueron planteadas por la oposición, aunque también del PIT-CNT, que apoyó la reelección de Ramón Ruiz, hubo quejas por la desaparición de listas de su candidato.

La elección de los directores sociales en el BPS (uno en representación de los empresarios, otro de los jubilados y otro de los trabajadores) mostró problemas prácticos vinculados a la organización.

Uno de ellos es que no se facilitó la entrega de papeletas a los delegados, que no podían dejar más de 30 hojas por circuito. Los nuevos candidatos tenían menos infraestructura y eso les perjudicó. La Corte Electoral se apuró a señalar que no le corresponde la tarea de entregar boletas de votación, algo que recae sobre los delegados de los postulantes.

Otra carencia que reconocen gobierno y oposición es el convencimiento de que a la población no le interesa demasiado ese tipo de elecciones. Por ello plantearon iniciativas que finalmente no prosperaron.

El Poder Ejecutivo intentó, junto a otros cambios, eliminar el voto obligatorio para los casos en que no haya competencia y los blancos no lo apoyaron, dijo ayer Murro.

Sin embargo, hace 20 días, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, según supo El Observador, se comunicó con el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, para plantearle un proyecto, de un solo artículo, que establecía suprimir la votación cuando se presentara un único candidato. En ese caso no se hubiera votado en el orden empresarial. De Presidencia se le respondió que el ministro Murro seguía adelante con su proyecto y todo quedó en ese diálogo. El texto del oficialismo tenía artículos que no convencían a la oposición, dijeron fuentes nacionalistas.

Por su parte, el Partido Independiente presentó otra iniciativa con el objetivo de eliminar la obligatoriedad de las elecciones, algo que, dijo el senador Pablo Mieres, quedó en evidencia que la gente rechaza. El legislador buscará reactivar el proyecto en el Senado.

Respecto al faltante de listas, opinó que hubo "una afectación a la democracia", y dijo que "el Estado debe garantizar el acceso a la oferta electoral". Mieres remarcó que lo sucedido demuestra que "hay que tener un aparato fuerte para que la gente pueda elegir al que quiera votar".

De filas coloradas, el senador José Amorín Batlle expresó que la solución deberá ser legal para evitar "el desastre" que se vivió el fin de semana. Se mostró de acuerdo, dijo a El Observador, en revisar la obligatoriedad.