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Traspié tecnológico del gobierno
En su afán por regular el funcionamiento de Uber, el gobierno ha caído en un grave traspié tecnológico con un proyecto que amenaza frenar los negocios digitales en que se basa actualmente buena parte de la vida económica del país. El error oficial es conceptual, al propiciar una regulación al barrer de la economía digital en vez de concentrarse en el caso específico de Uber. El proyecto presentado en marzo a la bancada de legisladores del Frente Amplio faculta al Banco Central a aplicar su criterio para bloquear cualquier aplicación informática y sus movimientos financieros. La comisión parlamentaria especial de Innovación, Ciencia y Tecnología ha censurado con fundamento un proyecto que puede constreñir en forma injustificada las operaciones de otras muchas empresas del área digital.
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que preside la comisión, explicó que “las exageradas exigencias impuestas a todos los emprendimientos tecnológicos generan un grave desestímulo y hasta un freno en la economía digital”. Agregó que la regulación generalizada propuesta por el Poder Ejecutivo es “inadecuada y absurda” porque “contradice los principios generales que rigen” para las aplicaciones en internet. Otros legisladores de la oposición coinciden con estas objeciones. Incluso Goñi aseguró que hasta los del Frente Amplio reconocen la inconveniencia del proyecto gubernamental. El diputado oficialista José Carlos Mahía declaró que hay que ser cuidadoso en asegurar que no se desestimulen los avances de las aplicaciones tecnológicas. Y las cámaras de Tecnología de la Información y de Economía Digital han sostenido que el gobierno terminaría por perjudicar a muchas empresas en su intento de regular a Uber.
Diputados de la oposición anunciaron que preparan un proyecto alternativo que contemple el caso de Uber de manera diferenciada a otras plataformas tecnológicas, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea de negociar formas amistosas de control que no obstaculicen el desarrollo de las aplicaciones digitales. Este es el camino que el gobierno deberá tomar ahora, a fin de evitar que sus empeños de control y regulación, para evitar evasión tributaria e incumplimiento de las normas vigentes sobre el transporte de pasajeros por Uber, terminen obstaculizando una actividad que hoy es básica en economía y otras muchas áreas en todo el mundo. Negociar con Uber la regularización de sus operaciones es la única forma de terminar con la ríspida controversia actual, que ha generado bloqueos de calles y actos de violencia por el sector de taxímetros.
Es obvio que Uber está para quedarse. Lo ha demostrado no solo la creciente demanda de usuarios de sus servicios sino también su disposición a pagar las multas aplicadas por la Intendencia de Montevideo y la reparación de daños a los vehículos, así como compensaciones y otras formas de protección a los conductores. Hoy es un servicio mundial que ningún gobierno ha podido contener. La magnitud de su expansión por todo el planeta se refleja en el hecho de que el gobierno de Arabia Saudita, a través de su Fondo de Inversión Pública, ha resuelto invertir US$ 3.500 millones en la firma californiana propietaria de Uber. Ante la fuerza incontenible de este servicio internacional, el gobierno tiene que rebobinar y negociar con la empresa una fórmula regulatoria aceptable a ambas partes, en vez de meter en la misma bolsa a todo el sector tecnológico.
