Tres áreas hacia la seguridad

La reunión de Vázquez con dirigentes opositores sobre la seguridad pública será otro escarceo improductivo si no se ponen las pilas

La reunión del presidente Tabaré Vázquez con dirigentes opositores sobre la resquebrajada seguridad pública será otro escarceo improductivo si el gobierno y los partidos no se ponen las pilas sobre las tres áreas en que hay que actuar con simultánea decisión y eficacia. Vuelan propuestas sueltas pero no hay un plan maestro que abarque los diferentes aspectos de una situación crítica, primer paso esencial que debe ser seguido por una ejecución decidida. No es fácil hacerlo. Por un lado, figuras del gobierno y la oposición defienden sus propias propuestas sobre aspectos limitados. Por otro, las apreturas financieras del gobierno dificultan asignar los recursos fiscales que se requieren.

Pero, mientras no se superen ambos obstáculos, la población seguirá sometida a los desmanes de una delincuencia cotidiana cada vez más asidua y violenta. Para abatirlos es indispensable adecuar propuestas a la realidad y convenir un plan que abarque de manera efectiva todos los aspectos del problema. Uno es el patrullaje en las calles. Otro es el mejoramiento de la estructura judicial. Y como complemento indispensable de ambos requisitos, el tercero es la modernización del sistema carcelario. Obviamente persiste la incidencia de las carencias sociales en muchos sectores, por pobreza en ingresos y educación. Pero son lastres que llevará generaciones aliviar, por lo que hay que concentrar esfuerzos en las urgencias inmediatas.

Todos concuerdan en tener mayor presencia disuasiva en las calles. Pero la Policía, pese a sus avances en personal y tecnificación, está superada por esa demanda. La respuesta obvia es recurrir a patrullaje por personal militar, curso muchas veces propuesto pero resistido dentro del Frente Amplio. Conlleva riesgos, pero los supera el efecto disuasivo que tendría. La propuesta del senador Jorge Larrañaga de crear una Guardia Nacional, como policía militarizada parecida a Carabineros de Chile, apunta a esa solución. Pero es complejo de implementar y entraría en conflicto con la operación de la Policía regular.

El funcionamiento judicial aceitado es fundamental, para evitar que, en vez de complementarse con la Policía en combatir la delincuencia, ambos sectores caigan en confrontaciones quejosas, como está sucediendo. La vigencia del nuevo Código del Proceso Penal en 2017 mejorará el sistema, al dejar la investigación en manos de los fiscales y limitar al juez al dictado de sentencias. Sería conveniente, además, una unificación de criterios entre los magistrados al interpretar las normas, evitando que una evidente rapiña violenta sea penada como hurto, como acaba de ocurrir. Hay que reformar también el código sobre delincuentes menores. De poco sirve bajar la edad de imputabilidad. Lo que se necesita es juzgar a los transgresores de acuerdo a la gravedad de su delito y de sus posibilidades de rehabilitación, independientemente de que tengan 17 o 12 años, como se hace en Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países con sistemas penales más eficaces.

Todo esto servirá de poco, sin embargo, sin un sistema carcelario justo y moderno, que aísle a los peligrosos irrecuperables pero ayude a los muchos rehabilitables, en vez de agravarles la inducción al delito cuando vuelven a las calles. Si no se encara una política de Estado por estos carriles paralelos, las reuniones del gobierno con los partidos opositores no traerán a los uruguayos una vida más tranquila y segura.


Populares de la sección

Acerca del autor

El Observador

El Observador

Comentarios