Responden a diferentes causas pero tienen un denominador común: son conflictos que empezaron a detonar en estos días. El paro que los estacioneros iniciaron ayer y continúa este martes puso en jaque al abastecimiento de combustible en todo el país y tuvo un acatamiento superior al 70%. En paralelo, el sindicato del comercio continuó impidiendo el acceso a distintos supermercados –unos 40 establecimientos– en reclamo de aumentos salariales en el marco de la negociación.
El paro de los estacioneros tuvo un amplio acatamiento. Según el relevamiento que realizó El Observador en 489 estaciones de todo el país –con 365 respuestas–, 73% de las estaciones se adhirieron al paro y no vendieron combustible durante la jornada de ayer. En tanto, entre las estaciones que se mantuvieron al margen de la medida, dos tercios tenían combustible a lo largo de la tarde y un tercio no contaba con stock.
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El acatamiento fue algo menor en Montevideo que en el interior del país. En la capital –el sondeo contó con 122 respuestas de las 155 estaciones relevadas– no despacharon combustibles 67% de las estaciones mientras que en el interior del país ascendió a 77% –243 respuestas de 334 consultas–.En el caso de la capital, el faltante fue más extendido debido a que la mitad de las estaciones que no acataron el paro patronal no disponían de combustible al ser consultadas.
Respuesta oficial
En la mañana de ayer, ocho horas después del arranque del paro patronal decidido por la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) para lunes y martes, ANCAP convocó a una conferencia de prensa. Su presidenta, Marta Jara, fue la única en hablar, pese a estar acompañada, entre otros, por el gerente general de la petrolera, Ignacio Horvath, y el subsecretario del Ministerio de Industrias (MIEM), Guillermo Moncecchi.
La jerarca dijo que ANCAP fiscalizará la "provisión del servicio" con inspectores "para verificar si alguna estación no está cumpliendo con el nivel de servicio que contractualmente debe de cumplir". En caso de constatarse irregularidades se aplicarán multas económicas, agregó, que dependerá de la distribuidora con la que trabaje cada comercio.
En las estaciones que trabajan con Ducsa –la distribuidora propiedad de ANCAP– "existe la posibilidad de aplicar multas que ascienden al 1% de la bonificación promedio mensual por día de incumplimiento de servicio", explicó.
En cambio, no está claro cómo actuar cuando la estación opera con Petrobras o Axion, las distribuidoras privadas que también están en el mercado. Ahí, dijo Jara, la "obligación de responder" es de la distribuidora con ANCAP. "Estamos investigando cómo poder, de alguna manera, exigir el cumplimiento", señaló la jerarca.
Desde Brasil –donde se encuentra en visita oficial– el presidente Tabaré Vázquez se refirió a la medida tomada por la Unvenu. El mandatario mencionó los contratos comerciales que ANCAP mantiene con los estacioneros y advirtió que esos acuerdos "tienen que ser respetados". En caso contrario, agregó, "actuará la Justicia".
Los estacioneros
Las inspecciones comenzaron ayer. Según contó el propietario de una estación que opera bajo el sello ANCAP en el Cerro a El Observador, dos funcionarios de la empresa estatal visitaron su local y le preguntaron solamente si había adherido al paro. Ante su respuesta afirmativa, le pidieron que firmara un acta, comentó el dueño, quien prefirió mantener el anonimato.
Principio de acuerdo en el transporte
Las patronales asociadas a la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) resolvieron anoche dar por finalizadas las movilizaciones que se venían llevando adelante. En una reunión de la que participaron representantes de los ministerios de Ganadería y Transporte, Cámara Mercantil , Asociación Rural y Federación Rural, se logró un principio de acuerdo sobre los precios de fletes para la actual zafra. Este prevé que la referencia del precio a cobrar en dólares será el 95% del precio establecido en la última zafra de soja. También se definió la creación de un ámbito integrado por las partes para evaluar aspectos vinculados a las futuras zafras. Ayer se vio resentida la entrada de camiones a los puertos de Nueva Palmira y Montevideo y los que trabajan con la industria forestal.
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