Tres claves para entender el proyecto que busca regular Uber

El documento elaborado por el Poder Ejecutivo ataca las cuentas bancarias de los proveedores, no las de los usuarios

El proyecto de ley que presentó el miércoles el Poder Ejecutivo a la banca del Frente Amplio busca darle más herramientas al Estado a la hora de controlar que las aplicaciones intermediarias entre el usuario y proveedores de servicios, como Uber y Airbnb, se ajusten a las regulaciones vigentes en las distintas actividades que realizan.

A continuación, las tres claves para entender los alcances del proyecto:

Un límite a la libertad de trabajo

El proyecto es claro. "El ejercicio de las libertades de trabajo, industria y comercio, quedan sujetas a las limitaciones de interés general que se establecen en la presente ley", reza en su primer artículo. El objetivo del gobierno no es permitir que cualquier ciudadano pueda ofrecer servicios a través de una aplicación móvil sino obligar a que esos servicios se provean de acuerdo a la reglamentación vigente para la actividad específica que realizan, ya sea transportar pasajeros o arrendar un inmueble.

De hecho, señala que "los servicios prestados por personas físicas o jurídicas, mediante el uso de sistemas informáticos, incluso los intermediarios en la trasmisión de contenidos vía electrónica, quedarán sometidos a los controles, autorizaciones, permisos, licencias, registros y otras regulaciones, que para la actividad privada, establecen las normas específicas relativas al servicios final que se desarrolle como parte de su oferta".

Eso es central. El proyecto no establece nuevas condiciones para el transporte de pasajeros u otras actividades que permitan o prohíban la incursión de las nuevas tecnologías. Por el contrario, dice que deben respetar las reglamentaciones que ya existen para cada actividad, equiparándolas con modalidades tradicionales de prestación de los servicios.

Incluso sostiene que "las relaciones de trabajo que se constituyan para el conjunto de la prestación de los servicios (...) se regirán por las normas laborales y previsionales vigentes".

Un control más fuerte

El punto central del proyecto es dotar de mayores herramientas a los actuales reguladores y organismos de contralor que ya vigilan los distintos mercados y actividades para actuar sobre las plataformas web de intermediación.

El proyecto dice que esos organismos "ejercerán la policía administrativa en la materia de su competencia, pudiendo disponer la intervención de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de las medidas que dicten".

Señala que los prestadores de servicio a través de sistemas informáticos deberán tener "medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio que se trate, como a los órganos competentes, el adecuado acceso por medios electrónicos" a información básica. Exigen conocer "nombre y denominación social", "representante legal", "residencia o domicilio", "dirección de correo electrónico", datos vinculados a la inscripción en registros, licencias permisos u otros requisitos previstos en la normativa específica de la actividad, como también los precios del servicio que prestan.

Un arma para disuadir

El proyecto agrega a los organismos de contralor un arma adicional a su arsenal para disuadir a quienes proveen servicios por fuera de la normativa. Les da la posibilidad de congelar cuentas bancarias de las personas o empresas que no se acomoden a la regulación específica de la actividad.

Alcanza con que estos organismos "constaten" que una persona física o jurídica realiza actividades por fuera del marco normativo para que envíe sus datos al Banco Central y este congele de forma preventiva sus cuentas bancarias.

"Dentro de los tres días hábiles de recibida y la comunicación, el Banco Central del Uruguay procederá a instruir a las instituciones sujetas as su control, que impidan preventivamente las transferencias de fondos, así como cualquier otra operación, desde y hacia las cuentas" de los involucrados", señala. Luego la justicia deberá determinar si amerita o no la permanencia de la medida hasta que el proveedor se ajuste a la reglamentación.

Esto no involucra las cuentas bancarias o tarjetas de crédito de los usuarios de estos servicios sino que se limita a los proveedores, ya sean intermediarios o proveedores finales.


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