El Tribunal de Apelaciones Penal de Turno confirmó la sentencia que absolvió al general retirado Raúl Mermot, presidente del Círculo Militar, luego de que el fiscal Pablo Rivas pidiera la condena con prisión por 24 meses por apología de la tortura. El pedido era de condena con prisión y no de procesamiento amparado en la ley 16.099 de comunicaciones e informaciones, que establece que la sentencia debe dictarse al momento de la audiencia.
En primera instancia la jueza Blanca Rieiro había absuelto a Mermot en el entendido de que no hubo delito porque no hubo elogio de la tortura ni intención de hacer eso, pero el fiscal apeló insistiendo con que fuera condenado.
Ahora el tribunal confirmó esa decisión. Luego de explicar qué es la apología según la jurisprudencia y según la Real Academia, los ministros concluyeron que "nada de eso resulta de las manifestaciones públicas del acusado, más allá que pudiera interpretarse que impropiamente distinguiera entre licitud de cansar a un detenido para que hable, e ilicitud de torturar, lo que no se compadece con la unificación de tratamiento punitivo en la ley nacional vigente".
"Tales dichos se inscriben en el contexto de una diatriba general contra enjuiciamientos con prisión de militares por violación de los derechos humanos", afirmó el tribunal.
Citando jurisprudencia, afirmaron que "las manifestaciones sólo pueden tener relevancia penal en función de su contenido intelectual... y si no tienen sentido, no pueden ser opiniones punibles..."
"No se invocó abiertamente, pero en los descargos de la
Defensa subyace que la distinción entre apremio físico y tortura pudo obedecer a la ignorancia del acusado, sobre la inviabilidad jurídica de semejante deslinde", afirmó también la sentencia.
Por último afirmaron que "los
delitos de
comunicación -en tanto restricciones excepcionales a la libertad de expresión amparada constitucionalmente- deben ser de interpretación restringidísima, y solo deben ser objeto de condena en caso de una configuración irrefragable".
La solicitud del fiscal surgió a raíz de una denuncia penal presentada por el diputado Luis Puig y Sandro Soba -pertenecientes al Partido de la Victoria del Pueblo (PVP)- porque Mermot había dicho que no se debía "confundir tortura con apremio físico".