Trump amplía control migratorio y da luz verde a polémico muro

Presidente habilitó su construcción en frontera con México de casi 3.200 kilómetros
Fiel a sus promesas de campaña, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto para reforzar los controles migratorios en el país, lo que implica habilitar el comienzo de la construcción de un muro a lo largo de la fronera con México, contratar 5 mil funcionarios para vigilar esa zona y cancelar fondos para aquellas ciudades que se nieguen a detener o deportar a inmigrantes ilegales.

El decreto determina que el secretario de Seguridad Nacional debe tomar "las medidas apropiadas para planificar, diseñar y construir de inmediato una pared física a todo lo largo de la frontera sur" del país, limítrofe con México.

La frontera entre ambos países tiene una extensión de casi 3.200 kilómetros.

Pero hoy ya existe una valla que abarca 1.050 kilómetros en el tramo de frontera ubicado entre las ciudades de Tijuana y San Diego, y cuya construcción fue iniciada en 1994 durante el gobierno del entonces presidente demócrata Bill Clinton.

Según Trump, la construcción deberá realizarse "utilizando los materiales y la tecnología apropiada para alcanzar de forma más eficaz el completo control operacional" de esa frontera.

En un discurso efectuado ante empleados del Departamento de Seguridad Interna, el presidente dijo que el secretario de ese organismo, "trabajando en conjunto conmigo y mi equipo, comenzará de inmediato la construcción de un muro en la frontera; lo necesitamos mucho".

El decreto también determina que la adopción de medidas para "destinar los recursos legalmente disponibles" para "construir, operar o controlar instalaciones para detener extranjeros en o cerca de la frontera terrestre con México".

El presidente aludió a la "crisis" en la frontera sur del país y dijo que EEUU "recuperará sus fronteras" y pondrá freno al aumento "sin precedentes" de la inmigración ilegal desde Centroamérica, que está "dañando"por igual a EEUU y México.

A pesar del tono de sus afirmaciones y del controvertido proyecto, Trump dijo estar seguro de que las relaciones entre Estados Unidos y México "van a mejorar".

"Trabajando juntos en comercio positivo, fronteras seguras y cooperación económica estoy seguro que podemos mejorar la relación entre nuestras naciones a un nivel que no se ha visto en mucho tiempo", dijo. La medida también veta la liberación de inmigrantes ilegales detenidos y mantiene la prioridad de deportación para aquellos que tengan antecedentes penales.

Luego de defender su decisión, Trump leyó los nombres de familiares de víctimas asesinados por inmigrantes ilegales.

Antes, en declaraciones ra la red de televisión ABC, Trump había dicho que la construcción del muro en la frontera con México comenzaría "tan pronto como podamos hacerlo", posiblemente en los próximos "meses".

Las reacciones contrarias a los decretos no se hizo esperar. César Blanco, director del movimiento Latino Victory, dijo que las decisiones del presidente "van en contra de los principios con los que se ha fundado nuestro país".

A su vez, senadores mexicanos pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que no se reúna el 31 de enero con Trump por su decisión de construir el muro. Por ejemplo, el legislador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Armando Ríos Piter, pidió cancelar "de inmediato" la visita a la Casa Blanca.

Almagro y los DDHH

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió que las políticas migratorias "deben respetar los derechos humanos" en alusión al muro fronterizo entre México y EEUU.

En una comparecencia ante la asamblea parlamentaria Euro-Latinoamericana en el Parlamento Europeo, Almagro dijo que los migrantes "son titulares de derechos como cualquier ciudadano en cualquier país".

Ciudades "santuario"

El presidente estadounidense Donald Trump también firmó ayer miércoles un segundo decreto que apunta a reforzar la vigilancia migratoria interna.

Según el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, el gobierno "eliminará recursos federales para las llamadas 'ciudades santuario' y ciudades que dan protección a inmigrantes ilegales".

Los fondos federales representan a veces sumas colosales –por ejemplo solo US$ 10.400 millones sólo para Nueva York, según CNN– pero una parte es intocable.

Las "ciudades santuario" son aquellas cuyas autoridades se niegan a detener y entregar para su deportación a inmigrantes en situación irregular. Esos "santuarios" suman unos 300 y están diseminados por casi todo el país.

Dicho decreto establece que el Departamento de Seguridad Nacional deberá "asegurarse" que las 'ciudades santuario' no califiquen "para recibir ayuda federal" mientras ofrezcan un espacio seguro a inmigrantes ilegales.

De Nueva York a Los Ángeles, pasando por Chicago o Denver, más de 200 "ciudades santuario" del país declararon su voluntad de ayudar a los inmigrantes indocumentados, estimados en unos 11 millones en todo el país.

Grandes metrópolis estadounidenses reconocen el aporte que recibieron de los inmigrantes, pero también condados o estados enteros como Nueva York y California, reivindican el estatus de "santuario".

El nombre tiene sus raíces en los años 1980, cuando muchas iglesias acogieron refugiados de las guerras civiles de Centroamérica que no consiguieron asilo.

Tienen en común que "se niegan a cooperar con las autoridades migratorias", explica Michael Kagan, jurista y director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada.

Se niegan a cumplir sobre todo con los pedidos de detención de los inmigrantes clandestinos solicitados por las autoridades migratorias.

Y además se niegan a mantener en prisión más tiempo del requerido a un inmigrante sin papeles condenado para facilitar su deportación.

Algunas ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago o San Francisco se niegan incluso "a todo intercambio de información" con las autoridades migratorias, según Jessica Vaughan, del conservador Centro para Estudios Migratorios.



Fuente: El Observador y agencias

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