Uber arranca, IMM multa

Pese a que ni el gobierno central ni la Intendencia de Montevideo se expidieron sobre si habilitarán o no el funcionamiento de la aplicación que conecta a pasajeros con conductores, o sobre cómo será regulada, Uber sacó ayer a la calle de la capital sus primeros coches, desafiando a las autoridades. La comuna, que estudiaba la propuesta de la multinacional, asegura que se trata de un servicio no autorizado y que podrá haber sanciones, así como acciones civiles y penales contra la empresa. El gobierno maneja además la posibilidad de requisar automóviles.

A pesar de no contar con autorización de la intendencia, encargada de regular el transporte de pasajeros, ya sea ómnibus, taxis, remises, turismo, escolar, etc, la aplicación comenzó a funcionar ayer a la hora 15 con su servicio económico UberX, lo que, según supo El Observador, generó sorpresa y malestar en las autoridades.

La IMM dejó en claro a través de una carta enviada a la empresa que de iniciarse la actividad, "sin que medie una autorización expresa, se incurrirá en un incumplimiento de la normativa vigente", por lo que podrían aplicarse sanciones u "otras acciones civiles y/o penales que puedan corresponder". Al constatarse la actividad, los conductores pueden recibir sanciones graves, y se puede llegar incluso a requisar automóviles, afirmó ayer a El Observador el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.

"Este es un país organizado, no es un país bananero", agregó el ministro quien aseguró que por más de que la regulación de ese tipo de transportes no es competencia de esa cartera, apoya la resolución de la intendencia. El ministro consideró que la carta de la IMM es "justa y clara", ya que Uber está actuando ilegalmente.

Como se expresa en el informe jurídico elaborado por un grupo de abogados de la intendencia y al

que accedió El Observador, el digesto departamental, en su artículo 677, prohíbe que particulares o empresas transporten pasajeros, con mediación de una retribución, si el vehículo no está autorizado por la división de Tránsito y Transporte de la intendencia. Y, en caso de contravenir la norma, se prevé la aplicación, al propietario del vehículo, de una multa de 35 UR ($29.190) además de la retención de las chapas de matrícula hasta que se pague la multa. Si se reincide en la infracción, en una primera instancia se aplicará la multa inicial más 50%, es decir $43.818; a la segunda reincidencia, la multa será de $58.424 y de $73 mil para la tercera y ulteriores.

Sin embargo, según dijo a El Observador la gerente de Comunicación de Uber para el Cono Sur, Soledad Lago, para la empresa "la ausencia de una regulación adaptada a nuevos servicios como el que propone Uber no implica ilegalidad". Acerca de quién se haría cargo de las multas, la vocera de la aplicación de transporte dijo que como en otros lugares donde funciona la empresa, "los socios conductores cuentan con todo el apoyo ante eventualidades o emergencias".

A diferencia del servicio de taxi, criticado por el propio Rossi, la empresa se define como un servicio seguro y libre de efectivo, ya que para utilizarlo se necesita de una tarjeta de crédito internacional. En ese sentido la empresa maneja la posibilidad de incorporar otras formas de pago con "la misma comodidad y seguridad para los usuarios", dijo Lago.

En el pasado consejo de ministros, el presidente Tabaré Vázquez ordenó la creación de una comisión para estudiar la llegada de la aplicación al país. El tema estaba siendo analizado también en el Congreso de Intendentes, por lo que el lanzamiento de la aplicación se ve como una vía para acelerar el proceso. Consultada sobre el por qué de comenzar a funcionar pese a no tener la autorización, Lago dijo a El Observador que se tomó esa decisión ya que la experiencia de la aplicación en más de 350 ciudades indica que "la discusión será mucho más productiva con la aplicación funcionando". "Sabiendo que el servicio es completamente legal, queremos continuar trabajando con las autoridades para colaborar a todos los niveles en temas de innovación y movilidad", afirmó Lago.

Para la intendencia, sin embargo, según se afirma en el informe jurídico, de los documentos entregados por Uber "no surgen elementos que permitan mínimamente determinar cómo pretende la empresa desarrollar su actividad en Montevideo".

En declaraciones a El Observador, el ministro Rossi aclaró que si bien en el país hay libertad de empresa, ese derecho debe defenderse "pero cumpliendo ciertas condiciones", lo que implica que la empresa asuma obligaciones. Luego de conocer la resolución de la comuna con respecto al lanzamiento de Uber, el presidente de la Gremial Única del Taxi Óscar Dourado se manifestó "muy conforme" con el proceder de las autoridades. Por su parte, según publicó Montevideo Portal, las cooperativas del transporte evaluarán paralizaciones si este viernes Uber continúa funcionando.