Uber ofrece al gobierno negociar regulación y que choferes paguen impuestos

La multinacional busca entablar un nuevo diálogo con las autoridades para crear un marco regulatorio; IMM condiciona negociación al cese de actividades

Tras casi 10 meses de funcionar en el país de forma irregular, la multinacional Uber reconoció la necesidad de someter su actividad a la normativa local y presentó al gobierno una propuesta para alinear a sus socios a que cumplan con las obligaciones tributarias.

En una carta enviada el pasado lunes 8 de agosto a los intendentes de Montevideo, Daniel Martínez, y de Canelones, Yamandú Orsi, –departamentos donde funciona la aplicación que conecta a choferes con particulares que requieren de un traslado–, la empresa asegura que quiere volver a dialogar y que tiene el "compromiso" de trabajar junto a las autoridades para "encontrar un marco regulatorio" que contemple los cambios en las condiciones de la movilidad impuestos por las innovaciones tecnológicas.

En el mismo sentido, en una carta dirigida al prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, en junio, la multinacional afirma que quiere "colaborar con la autoridad tributaria" para facilitar el trabajo de sus conductores y que "todos cumplan con sus obligaciones de acuerdo con su capacidad contributiva".

Para eso plantea tres modalidades de pago de impuestos que, según su consideración, es la que corresponde aplicar a sus choferes: el monotributo y el IVA mínimo o el régimen general.

Sin embargo, fuentes de la Intendencia de Montevideo afirmaron a El Observador que si bien las autoridades de la comuna siempre estuvieron dispuestas al diálogo, la instalación de un proceso de negociación dependerá de que la multinacional cumpla ciertas condiciones, entre ellas, la suspensión del servicio. Eso es algo que había exigido el Congreso de Intendentes como punto de partida para negociar.

En busca de un acercamiento

El intento de la multinacional de instalar un nuevo diálogo llegó luego de que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía asegurara en una resolución que Uber no incurría en prácticas de competencia desleal con respecto a la actividad de los taxímetros. Por el contrario, se afirma que es esta última actividad la que aplica prácticas anticompetitivas con las barreras vigentes para ingresar a ese mercado y la regulación de precios. Limitantes que, con la llegada de las nuevas tecnologías, se volvieron cuestionables para la eficiencia del mercado de transporte.

En la resolución se recomienda además "diseñar un marco favorable a la competencia" y que no haya requisitos injustificados ni barreras que "resulten en un obstáculo para el desarrollo de nuevos modelos de negocio".

Esa fue la respuesta de Defensa de la Competencia ante una denuncia de la Patronal del taxi, que intentó desplazar a Uber desde que comenzara a funcionar. Para los taxistas, los conductores que trabajan para la aplicación tecnológica trabajan de forma ilícita, "sin aportar tributos y cargas previsionales, sin pagar permisos y sin asumir responsabilidades", e imponiendo precios de forma abusiva.

Los taxisas se opusieron a la llegada de la multinacional incluso antes de que comenzara a realizar viajes en la capital. Liderados por la Patronal, los taxistas irrumpieron en las capacitaciones que la empresa brindaba a sus conductores con carteles de "fuera Uber" y compararon a la empresa con el narcotráfico. Fueron varias las veces que se manifestaron y bloquearon la circulación en la ciudad; patentaron además como suya la marca Uber en Uruguay y también bloquearon en varias oportunidades el paso de trabajadores y conductores. Uno de esos casos terminó con un taxista procesado por un delito de justicia por mano propia.

Pese a la resolución de la comisión del MEF, el Poder Ejecutivo dejó el lunes en claro a través de un comunicado que la actividad de Uber "solo puede desempeñarse en la República si cumple fielmente las normas" legales, "quedando sometida a los contralores referidos y a las sanciones que del incumplimiento se deriven".

El Parlamento tiene a estudio desde marzo un proyecto de ley para regular la prestación de servicios a través de aplicaciones informáticas, y a través del cual se podría llegar a bloquear las cuentas que operen con servicios que no cumplan con las obligaciones tributarias correspondientes.

Es entonces que Uber busca "iniciar espacios de diálogo" con las indendencias, aunque dejó en claro que pretende "lograr un marco regulatorio moderno y equitativo" en lugar de adecuarse a la normativa que aplican actualmente los gobierno comunales.

Uber explicó a los conductores en un comunicado emitido el lunes que tiene "expectativa respecto a que el gobierno pueda avanzar en una regulación que contemple modalidades de tributación que se adapten a las características de su actividad, en particular situaciones como las de los jubilados o la del emprendimiento flexible".

En la carta dirigida a Presidencia, la multinacional afirma además que se encargará de informar a los conductores sobre "sus potenciales obligaciones tributarias", de dar apoyo técnico y de monitorear que los choferes estén inscriptos en los organismos correspondientes "para ser habilitados en la plataforma".

La polémica

Uber irrumpió en el mercado el pasado 19 de noviembre de 2015. La aplicación aseguraba entonces que el servicio de transporte de pasajeros que brinda es "completamente legal" y que su objetivo era "crear un marco regulatorio específico" para los servicios brindados. Pero, más allá de una serie de reuniones con representantes del gobierno –que no satisfizo a las autoridades– no se habían dado más intercambios.

Las autoridades nacionales y departamentales salieron entonces al cruce: aseguraron que su funcionamiento era irregular, que la multinacional se equivocaba al pensar que Uruguay era un país "bananero" y que se haría respetar la normativa. Se habló incluso de un posible bloqueo de la aplicación, el Congreso de Intendentes pidió el cese de actividades, se aplicaron multas y –en una guerra declarada contra Uber–, se aumentó también el monto de las sanciones contra los autos que ofrecieran el servicio. Sin embargo, los ciudadanos continúan utilizando la aplicación para transportarse. De darse el diálogo, los tiempos los va a establecer la intendencia de Montevideo, aseguró una fuente.

En tanto la intención de las autoridades es continuar fiscalizando. Ayer, el director de Tránsito de la intendencia aseguró a Telebuendía que hay un centenar de conductores que trabajan con la aplicación que ya fueron identificados y se les aplicará las sanciones correspondientes. La actuación se realizará luego de haber recibido"una serie de denuncias bien documentadas del sector del taxímetro y también del sector de remises", dijo Ferrer.


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