Uber reconoce gremio en Nueva York y es regulada en San Pablo

En la ciudad de Brasil deberá pagar una tasa por kilómetro recorrido y en Nueva York habrá reuniones regulares de trabajadores con la dirección de la empresa.
La empresa estadounidense Uber reconoció el martes el derecho de sus 35.000 conductores de Nueva York a ser representados por un "gremio" afiliado al sindicato norteamericano IAM (International Association of Machinists). En tanto, la alcaldía de San Pablo, la mayor urbe suramericana, suscribió ayer un decreto que regula el uso de la aplicación, que hasta ahora operaba en la ciudad mediante el aval de varias medidas judiciales cautelares.

Para poder operar en San Pablo la empresa deberá pagar a la administración municipal una tasa media de 0,10 reales (unos 0,028 dólares) por cada kilómetro recorrido, lo que podrá variar en función del momento del día o de la oferta disponible. Sin embargo, de momento solo serán liberados 5.000 vehículos para esta modalidad.

El alcalde de la ciudad brasileña, Fernando Haddad, dijo en rueda de prensa que al día de hoy "el número de taxis es insuficiente para atender la demanda actual".

Los conductores que se acojan al servicio no necesitarán licencia para operar, sino que les bastará con tener carné profesional de conducir. También estarán obligados a informar al pasajero sobre sus datos personales, horario, número de matrícula y dar opción para que el usuario evalúe el viaje, requisitos que ya ofrecen muchas aplicaciones como Uber.

Gremio en la gran manzana

El acuerdo en Nueva York, de una duración de cinco años, prevé principalmente reuniones regulares con la dirección de Uber, así como la posibilidad para los conductores de apelar a la desactivación de su cuenta ante un panel de otros conductores, cuando estimen que fueron despedidos indebidamente del servicio. Este "Gremio de Conductores Independientes" busca principalmente "mejorar la comunicación" de Uber con sus conductores, indicaron la empresa y el IAM.

Las disposiciones son muy similares a las prometidas por Uber el mes pasado en los estados de California y Massachusetts, además del pago de 100 millones de dólares, para poner fin a dos acciones legales colectivas que amenazaban con cambiar el estatuto de sus conductores: algunos de ellos exigían una recalificación como trabajadores asalariados y no como independientes, lo cual podría poner en peligro las bases del modelo de negocio de este servicio de transportes.

Fuente: AFP y EFE

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