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Uber: una aplicación que complica al oficialismo
Hubo varios intentos fallidos para bloquear el funcionamiento de la empresa de transporte
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12 de octubre de 2016 a las 05:00
El proyecto que el Poder Ejecutivo le presentó ayer a la bancada de diputados del Frente Amplio para intentar frenar a la empresa Uber, es uno más –y no se sabe si será el último- de los intentos que con ese fin surgieron, sin éxito, desde varios estamentos del Estado.
"Si Uber quiere trabajar en Uruguay debe cumplir con la normativa, que sus trabajadores estén registrados en el BPS, que cumpla con leyes laborales, que las mismas exigencias que se pide a quienes conducen taxímetros se cumplan por parte de los trabajadores de estas empresas, las obligaciones ante la DGI y el Banco de Seguros", había dicho el presidente Tabaré Vázquez en Consejo de Ministros, el pasado 29 de agosto.
Vázquez confiaba en que la propuesta que por esos días había enviado al Parlamento solucionaría el problema creado desde que, sin pedir permiso, Uber ingresó al mercado uruguayo en noviembre pasado.
No obstante, la oposición básicamente del MPP y de la lista 711 echó por tierra esa iniciativa que, entre otras cosas, le daba la potestad al Banco Central para bloquear todas las transacciones comerciales que se realizaran a través de aplicaciones tecnológicas.
Los sectores del FA que se opusieron al proyecto lo consideraron demasiado abarcativo y sostuvieron que las intendencias ya cuentan con los elementos necesarios para controlar a la multinacional del transporte.
Antes de ese intento, el diputado Felipe Carballo (711) había sugerido que se aprobara una iniciativa para prohibir durante un año el funcionamiento de Uber a través de sanciones que implicaban incluso la requisa de los vehículos utilizados para el traslado.
El proyecto quedó congelado y luego le tocó el turno al diputado Walter de León (MPP) quien impulsó una iniciativa para propiciar la creación del usuario "arrepentido". De León pretendía que los pasajeros llamaran a un auto de Uber y, en el camino a su destino, se "arrepintieran" de su acción y denunciaran al chofer ante las autoridades. El "arrepentido" sería premiado con 150 Unidades Reajustables.
Después fue el diputado José Mahía (Asamblea Uruguay) el que le propuso a sus compañeros un proyecto "minimalista" para abordar el asunto.
Los dos primeros artículos del proyecto se centraron "en definir el marco de aplicación de la normativa -el territorio nacional- para aquellas actividades que a título oneroso utilizan para su contratación una plataforma informática de intermediación (UBER o las que sean que puedan aparecer en un futuro)".
El artículo tercero establecía "el principio de equivalencia y el régimen jurídico a aplicar estableciendo que a los servicios contratados por estos nuevos medios se les deben aplicar las mismas reglas y normas que a los contratados por cualquier otro (entiéndase medios tradicionales)".
Pero también el proyecto de Mahía quedó por el camino y ahora el Poder Ejecutivo quiere apuntar directamente contra Uber.
Aunque ya se han aplicado varias multas a choferes de la empresa, las sanciones no han sido disuasivas y los automóviles de la empresa siguen recorriendo Montevideo.
"Es algo que está pasando ilegalmente, pero que no se puede controlar como nos gustaría", había afirmado la exdirectora de Movilidad de la IMM Beatríz Tabacco.
La decisión última que adopte el Poder Ejecutivo con el visto bueno del Parlamento tiene a la espera a la Direccion General Impositiva, desde donde se afirma que la multinacional de transporte tiene una deuda pero que para que el Estado pueda cobrarla, debe estar regulada.
El gobierno insiste con que la empresa debe apegarse a las normas, y las intendencias sostienen que carecen de los mecanismos necesario para hacer el control.
En tanto, desde la la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) dijeron a El Observador que en el organismo están "esperando que alguien se la juegue" para bloquear la polémica app.
"Si Uber quiere trabajar en Uruguay debe cumplir con la normativa, que sus trabajadores estén registrados en el BPS, que cumpla con leyes laborales, que las mismas exigencias que se pide a quienes conducen taxímetros se cumplan por parte de los trabajadores de estas empresas, las obligaciones ante la DGI y el Banco de Seguros", había dicho el presidente Tabaré Vázquez en Consejo de Ministros, el pasado 29 de agosto.
Vázquez confiaba en que la propuesta que por esos días había enviado al Parlamento solucionaría el problema creado desde que, sin pedir permiso, Uber ingresó al mercado uruguayo en noviembre pasado.
No obstante, la oposición básicamente del MPP y de la lista 711 echó por tierra esa iniciativa que, entre otras cosas, le daba la potestad al Banco Central para bloquear todas las transacciones comerciales que se realizaran a través de aplicaciones tecnológicas.
Los sectores del FA que se opusieron al proyecto lo consideraron demasiado abarcativo y sostuvieron que las intendencias ya cuentan con los elementos necesarios para controlar a la multinacional del transporte.
Antes de ese intento, el diputado Felipe Carballo (711) había sugerido que se aprobara una iniciativa para prohibir durante un año el funcionamiento de Uber a través de sanciones que implicaban incluso la requisa de los vehículos utilizados para el traslado.
El proyecto quedó congelado y luego le tocó el turno al diputado Walter de León (MPP) quien impulsó una iniciativa para propiciar la creación del usuario "arrepentido". De León pretendía que los pasajeros llamaran a un auto de Uber y, en el camino a su destino, se "arrepintieran" de su acción y denunciaran al chofer ante las autoridades. El "arrepentido" sería premiado con 150 Unidades Reajustables.
Después fue el diputado José Mahía (Asamblea Uruguay) el que le propuso a sus compañeros un proyecto "minimalista" para abordar el asunto.
Los dos primeros artículos del proyecto se centraron "en definir el marco de aplicación de la normativa -el territorio nacional- para aquellas actividades que a título oneroso utilizan para su contratación una plataforma informática de intermediación (UBER o las que sean que puedan aparecer en un futuro)".
El artículo tercero establecía "el principio de equivalencia y el régimen jurídico a aplicar estableciendo que a los servicios contratados por estos nuevos medios se les deben aplicar las mismas reglas y normas que a los contratados por cualquier otro (entiéndase medios tradicionales)".
Pero también el proyecto de Mahía quedó por el camino y ahora el Poder Ejecutivo quiere apuntar directamente contra Uber.
Aunque ya se han aplicado varias multas a choferes de la empresa, las sanciones no han sido disuasivas y los automóviles de la empresa siguen recorriendo Montevideo.
"Es algo que está pasando ilegalmente, pero que no se puede controlar como nos gustaría", había afirmado la exdirectora de Movilidad de la IMM Beatríz Tabacco.
La decisión última que adopte el Poder Ejecutivo con el visto bueno del Parlamento tiene a la espera a la Direccion General Impositiva, desde donde se afirma que la multinacional de transporte tiene una deuda pero que para que el Estado pueda cobrarla, debe estar regulada.
El gobierno insiste con que la empresa debe apegarse a las normas, y las intendencias sostienen que carecen de los mecanismos necesario para hacer el control.
En tanto, desde la la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) dijeron a El Observador que en el organismo están "esperando que alguien se la juegue" para bloquear la polémica app.
