Uber y un Estado vacilante

El gobierno sostiene que debe apegarse a las normas, pero no ha definido la mejor manera de controlar el servicio

Como es su costumbre, en noviembre Uber irrumpió en el mercado montevideano sin pedir permiso. Pese a haber tenido reuniones con la Intendencia de Montevideo, no estaba en sus planes esperar a tener una autorización para circular y, poniendo en juego su calidad de aplicación que no brinda transporte sino que conecta a pasajeros con choferes, la multinacional continúa operando hasta hoy.

Esa realidad –como han reconocido las autoridades– hace que sea difícil controlar la aplicación y el gobierno no se decide aún sobre cuál es la mejor estrategia para regularla. En tanto nuevas empresas como Easy Taxi y Cabify se suman a brindar el mismo servicio.

"Si Uber quiere trabajar en Uruguay debe cumplir con la normativa, que sus trabajadores estén registrados en el BPS, que cumpla con leyes laborales, que las mismas exigencias que se pide a quienes conducen taxímetros se cumplan por parte de los trabajadores de estas empresas, las obligaciones ante la DGI y el Banco de Seguros", había dicho el presidente Tabaré Vázquez en Consejo de Ministros, el pasado 29 de agosto.

Pero, esa misma semana, el intento más fuerte por dar un marco legal a la actividad de la multinacional fracasó al no tener los apoyos necesarios en el Parlamento. Legisladores frenteamplistas del MPP y de la lista 71 decidieron no votar el proyecto porque consideran que las intendencias ya cuentan con los elementos necesarios para controlar a la multinacional.

Y, sin una formalización concreta de la actividad ni las intendencias ni los entes estatales pueden controlar efectivamente las actuaciones de la aplicación.

Dos días antes de ser removida de su cargo, el 24 de agosto, la exdirectora de Movilidad Beatriz Tabacco dijo a la Junta Departamental de Montevideo que "es muy difícil controlar (a Uber), porque el transporte a título oneroso se configura en el momento en que se paga el viaje" y no hay muchas posibilidades para constatarlo.

Aunque se han aplicado multas, los hechos muestran que no han sido disuasivas.

"Es algo que está pasando ilegalmente, pero que no se puede controlar como nos gustaría", afirmó Tabacco, y agregó que aspiraban a la aporbación del proyecto de ley en el Parlamento para que esas condiciones de contralor mejoren.

Una vez que esté ese marco regulatorio, la IMM reglamentará el funcionamiento de esta nueva forma de transporte. Una de las posibilidades que maneja la comuna, dijo Tabacco, es "cobrarles una tasa, que sean conductores profesionales, que el vehículo tenga determinadas características y determinada antigüedad, etcétera; todos estos elementos se están contemplando", y "sobre todo" la obligación de la empresa "de darnos la información para poder controlar que esos elementos se estén cumpliendo", explicó.

El proyecto de ley mantiene también a la espera a la Direccion General Impositiva, desde donde se afirma que la multinacional de transporte tiene una deuda pero que para que el Estado pueda cobrarla, debe estar regulada.

En tanto, según el director interino de Movilidad, Máximo Oleaurre, consideró en la Junta que el hecho de que se sigan dando esas actividades irregularares "de alguna forma rebajan la calidad del rol del Estado en la regulación y en bien del interés público".

"No es concebible que organismos de gobierno como lo somos a nivel departamental, o a nivel nacional, podamos tolerar o soportar una actividad que se hace al margen de la ley", indicó Oleaurre.

Pero los acuerdos no llegan, y los viajes sin control continúan.

Nuevo proyecto

Consultado por El Observador, el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo dijo que "se está trabajando en mejorar el proyecto que se envió oportunamente en función de las apreciaciones que fueron haciendo todos los actores en su comparecencia en el Parlamento y en un trabajo con la bancada".

"Eso ya prácticamente está pero hay que intercambiar con la bancada", agregó Roballo.

En tanto, el diputado frenteamplista Juan Carlos Mahía dijo a ElObservador que también elaboró un nuevo proyecto, que propone "legislar en la materia con un criterio minimalista, equilibrado, que suponga no desestimular la economía digital" y que dé al Estado "mejores herramientas para poder regular una actividad que ha llegado para quedarse y está socialmente aceptada".

El proyecto inicial, que daba al Banco Central la potestad para bloquear las transacciones comerciales de esas empresas, había sido criticado desde varios frentes que incluyen a expertos, a las cámaras de Tecnología y Economía Digital, y a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía. En general coincidían en que la regulación planteada por el Poder Ejecutivo podía desestimular la inversión; en que la norma era cuestionable y en que no se podía regular en forma general.

Las idas y vueltas

Mientras el gobierno sigue asegurando que la empresa debe apegarse a las normas para funcionar, y las intendencias insisten en que no tienen mecanismos para hacer el control, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) afirmó que está "esperando que alguien se la juegue" para bloquear la app.

Además de descartar hacer un bloqueo a la utilización de ese servicio, se dejó de lado la idea de multar a aquellas personas en cuya tarjeta de crédito conste que hicieron uso de ese medio de transporte privado.

Por otra parte, aunque también sin éxito, los gobiernos departamentales pidieron a la aplicación que cese las actividades para poder negociar.

Dos apps se suman al transporte

Luego de Uber, otras dos aplicaciones anunciaron que planean comenzar a realizar viajes en Montevideo, conectando choferes con usuarios. Por su parte, Cabyfi comenzará a funcionar en la capital en octubre, dijo a El Observador el director de la Compañía para América Latina, Ricardo Weder. En tanto, Easy Taxi realiza un plan piloto para probar la recepción del servicio de choferes particulares y determinar si EasyGo estará también disponible en Montevideo. En ambos casos, las empresas aseguran que sus choferes harán aportes a DGI y BPS, por lo que funcionarán de manera legal.


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