Último plazo en área laboral

Luego de sucesivos fracasos negociadores desde 2011, a las cámaras empresariales se les terminó la paciencia

Uruguay tiene tres meses de plazo para corregir irregularidades en el área laboral, que se arrastran desde hace seis años. Si no lo hace, caerá en la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El gobierno ha convocado negociaciones con sindicatos y empleadores durante este mes de marzo para tratar de evitarlo, tardío intento de zafar de una vergüenza generada por la inacción culpable del Frente Amplio desde que llegó al poder, aprovechada por el PIT-CNT para imponer sus condiciones. Normas legales defectuosas y tolerancia oficial con prácticas sindicales desbordadas son responsables de una situación anormal que conducirá al desprestigio del país a menos que se normalice antes de comienzos de junio.

En esos días se reunirá la Conferencia General de la OIT, que analizará cuáles de sus 186 países miembros cumplen o ignoran los convenios establecidos por el organismo, que rige las relaciones laborales en todo el mundo. Uruguay está en el grupo minoritario de los que permanecen en falta en dos exigencias básicas. Una es la libertad de trabajo incluida en el convenio 98, que permite seguir con sus tareas a los trabajadores que discrepen con una huelga u ocupación. La misma norma autoriza el ingreso de los dueños o directivos a las instalaciones ocupadas. Pero los ocupantes sindicales o sus piquetes externos siguen impidiendo el cumplimiento en ambos casos, a veces con enfrentamientos violentos.

Luego de sucesivos fracasos negociadores desde 2011, a las cámaras empresariales se les terminó la paciencia y denunciaron la inobservancia de las disposiciones de la OIT, aunque suspendieron temporalmente el recurso a pedido del gobierno para dar tiempo a intentos de conciliación. Pero el arreglo debe empezar por el propio gobierno. La defectuosa ley actual de negociación colectiva habilitó inicialmente las ocupaciones. Aunque el artículo que las permitía fue retirado ante la protesta empresarial, se mantuvo contradictoriamente vigente un decreto que las autoriza. Y el permiso rige discriminatoriamente solo para el sector privado, porque otro decreto posterior las prohibió en instalaciones del sector público.

En los últimos Consejos de Salarios se ha avanzado algo en otras áreas, con algunos acuerdos bipartitos sin intervención arbitral del gobierno –como recomienda la OIT– y cláusulas de paz y para la solución de conflictos. Pero las ocupaciones sin atender el derecho de quienes quieran continuar trabajando y al libre acceso de los responsables del local tomado siguen siendo la gran piedra en el zapato. La última oportunidad de eliminarla es ahora, antes de que se reúna la asamblea de la OIT. Pero solo se podrá salir de este tembladeral de descrédito internacional si el PIT-CNT depone la intransigencia con que ha actuado hasta ahora y si la administración Vázquez impone el equilibrio que le ha faltado a los gobiernos frenteamplistas. La alternativa es convertir a Uruguay en un paria mundial en el campo laboral. Si así ocurre, el país no solo sufrirá el desprestigio de caer en la lista negra de la OIT. Abrirá además el riesgo de desalentar las inversiones que el país busca afanosamente, porque dependen en gran parte de que una empresa, extranjera o nacional, pueda funcionar sin sobresaltos con la garantía de normas laborales justas y que se cumplan.


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El Observador

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