Un arma por una Ceibalita o una bicicleta

El programa pretende lograr su objetivo por medio de incentivos, brindando, como lo establece el comunicado, otras armas para la vida, “el ciudadano entrega un arma y recibe a cambio otra: un ‘arma para la vida’; un arma de conocimiento: ‘ceibalita’, o una para el esparcimiento, el ejercicio o el trabajo: la bicicleta”.

Según establece el Ministerio del Interior, “en Uruguay existe una gran cantidad de armas de fuego sin registrar que están en poder de los ciudadanos. Son esas mismas armas las que, en algún momento y por diversas causas (venta, robo, etc.), pueden terminar ingresando al mercado ilegal de armamento al que recurren las personas que delinquen. El objetivo de la campaña es colaborar en la importante tarea de desarme de la sociedad uruguaya, uno de los objetivos imprescindibles en el camino hacia una convivencia más armónica, en la que las diferencias se solucionen a través del diálogo y la negociación”.

Además, “la campaña busca establecer una ‘tenencia responsable’ de armas que se implementará para guiar a aquellas personas que queriendo adquirir o regularizar un arma de su propiedad, deben cumplir con los requisitos legales y recibir el entrenamiento adecuado. Para ello se complementará con acciones informativas centradas en los procedimientos y formalidades a cumplir conforme a la nueva legislación que será aprobada en breve por el Parlamento”.

La decisión coincide con el avance –el año pasado y el presente– de los crímenes vinculados al narcotráfico que llevaron a la oposición a cuestionar la gestión ministerial. En la región varios países probaron con cierto éxito distintos planes de desarme. En algunos casos, como en Brasil, las campañas se idearon luego de una tragedia que involucró a armas de fuego en una escuela. En otros países, los problemas estructurales de seguridad como en Venezuela y Colombia, llevaron a las autoridades a establecer mecanismos de desarme voluntario e incluso a prohibir su porte en lugares públicos.

En Uruguay, las autoridades entienden que buena parte de las armas en poder de los delincuentes pertenecían a ciudadanos honestos que, por temor, un día decidieron armarse. En robos a casas los delincuentes se llevan las armas y hoy el mercado ilegal es tan grande como el registro de armas autorizadas.

Regulación
Buena parte del plan policial para terminar con el mercado ilegal de armas se dará a partir de la aprobación en el Parlamento de la ley que pasará a calificar como “delito” la tenencia irregular.

El texto que iba a ser tratado a fines del año pasado y quedó para las primeras sesiones de este año, aplicará penas duras a los que tengan armas en forma irregular. Tras su promulgación, los ciudadanos tendrán un plazo de seis meses para entregar su arma o legalizarla. De no hacerlo quedarán expuestos a penas de prisión de entre uno y 12 años. Se dará incluso más años de cárcel cuando una persona armada esté involucrada con una organización criminal.

Con esa base legal, el Ministerio del Interior está decidido a enfrentar el tráfico de armas que nutre a la delincuencia.

Tras la aprobación de la ley sobre armas –que el Poder Ejecutivo espera que sea sancionada por el Parlamento en marzo– se aumentarán las exigencias vinculadas a la tendencia.

El subsecretario Vázquez comentó a El Observador la semana pasada que la aprobación de esa norma “es importante para la Policía” porque ayudará a enfrentar el mercado ilegal de armas y será el primer paso para contar con un registro nacional. Por otro lado, se pondrá en marcha un sistema de “identificación balística” que permitirá a la Policía saber con exactitud quién es el propietario de un arma o incluso conocer ese dato a partir de un casquillo que se encuentre en la escena de un crimen, explicó Vázquez.