Un cambio que poco cambia

Pero la baja de la inflación, la reciente confirmación del grado inversor y el aumento de competitividad y exportaciones no son un punto de llegada para gastar más sino un punto de partida para recomponer la situación fiscal. La meta prioritaria tiene que ser reducir el déficit, que amenaza la estabilidad futura. A ese fin hay que asignar incrementos de ingresos fiscales, agregándolos a una extrema prudencia en el gasto público como única vía para cumplir el razonable propósito oficial de bajar el déficit al 2,5% del Producto Interno Bruto al fin del período. Es una ilusión peligrosa el reclamo de sectores de la izquierda de empezar a aumentar el gasto a cuenta de ingresos aún inciertos y que, en caso de confirmarse, deben tener otro destino. Lidera esta exigencia el Partido Comunista, pequeño pero influyente en la conducción del Frente Amplio y en la estructura sindical y triste representante del desorden económico que heredó de sus colapsados progenitores soviéticos.

La decisión del gobierno de modificar los plazos presupuestales para aplacar este mes las protestas y los paros en reclamo de aumentos de partidas en la Rendición de Cuentas, con el compromiso implícito de atenderlos en 2018, en nada cambia lo que debe ser su lógica meta fiscal. Lo único que gana es algo de tiempo, ya que igual ola de reclamos se producirá el año próximo cuando vuelva a discutirse una nueva Rendición, momento en que el gobierno seguirá enfrentado a la misma necesidad de rechazarlos si realmente quiere bajar el déficit.

Y además de ese objetivo, antes que volcar recursos en áreas que no garantizan la indispensable contrapartida de buenos resultados, es más urgente aliviar la carga tributaria y en las tarifas de servicios que empobrecen a gran parte de la población y restringen la capacidad productiva del sector privado, esencial para mejorar la competitividad exportadora y el consumo interno. La pronta rebaja del gasoil anunciada por el ministro de Economía, Danilo Astori, todavía sin fecha ni porcentaje, es un bienvenido pero modesto primer paso en lo que debe ser política más amplia y generalizada a favor de la gente y del sector productivo.

El respiro que busca lograr el gobierno con el cambio en el presupuesto, fijándole solo un año de vigencia en vez de tres, dependerá de que los sindicatos y los sectores frenteamplistas de menor visión atenúen sus exigencias ahora y acepten diferirlas. Pero aunque así ocurra, será solo una postergación de las mismas confrontaciones en las que, de todos modos, el gobierno tendrá que optar entre rechazar reclamos que no se justifiquen o mantener en riesgo el fortalecimiento económico del país.