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Un convenio sin dinero adicional cierra meses de conflicto educativo
Ayer la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) firmó el controvertido convenio salarial (2016-2017) con el Poder Ejecutivo y la ANEP, con algunos cambios respecto a la propuesta inicial, que desencadenó la parte más álgida del conflicto tras la declaración de esencialidad (ver cuadro).
También lo hizo la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), que fue la responsable de que los escolares capitalinos perdieran 20 días de clase y los del interior, cinco. La Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) todavía no tomó una decisión final al respecto. Si bien, en primera instancia rechazó la propuesta del gobierno –y de ser así perdería los incrementos salariales dispuestos para el bienio–, hoy volverá a discutirla.
Ayer durante la firma del convenio las partes se mostraron cómplices y restaron importancia a los costos que supusieron para el sistema educativo la pérdida de días de clase y los “miles” estudiantes de educación media que se desvincularon tras el conflicto, de acuerdo a lo que dijo en su momento el presidente de la ANEP, Wilson Netto. Al respecto, el jerarca dijo que “no es adecuado hacer solo un balance de 2015, hay que hacerlo de los últimos treinta años”. En tanto, el ministro de Trabajo Ernesto Murro destacó que el acuerdo se alcance durante el mismo año signado por conflictos y tensiones. “Esto es Uruguay”, afirmó.
Por su parte, la dirigente de la FUM, Elbia Pereira manifestó que mirar el 2015 solamente desde la perspectiva del convenio es tener “una mirada corta”. “El 2015 fue un año de discusión presupuestal. Nosotros buscábamos el 6% del Producto Bruto Interno (PIB) para la educación y no lo logramos aún, pero sí logramos colocar el tema en la sociedad”, dijo. Subrayó que entre la primera propuesta que realizó el gobierno y el convenio firmado “se ha avanzado mucho”. A su vez, el dirigente de Fenapes, José Olivera apuntó que la mayoría de los profesores “están convencidos de que el convenio colectivo conduce a ir dando pasos en el camino del objetivo que se trazaron”.
El convenio firmado
El convenio, que también fue firmado ayer por la Intergremial de Formación Docente, propone llegar a 2020 con un salario mínimo para los docentes grado 1 –aquellos que recién ingresan al sistema– equivalente a $ 25 mil, con un incremento anual de 3,5% por encima de la inflación. Los sindicatos exigían llegar a 2020 con un salario mínimo de $ 30.000. Además, prevé montos por presentismo y para solucionar inequidades salariales. También incluye un cláusula de paz, que fue flexibilizada a lo largo de la negociación y establece el cumplimiento de cronogramas y planes de ANEP.
Propuestas del Ejecutivo
Primera (21/08)
Planes y cronogramas
La primera propuesta del Poder Ejecutivo establecía en el artículo 9º que las partidas salariales se otorgarían conforme se cumpliera con los cronogramas y calendarios dispuestos en los planes de ANEP.
Mejora de gestión
El artículo 10º de la propuesta presentada el 21 de agosto proponía el compromiso de las partes para mejorar la gestión. Para esto, las partes debían presentar 180 días antes del vencimiento del convenio un informe con las propuestas alcanzadas.
Cláusula de paz
La primera propuesta incluía en su artículo 11º una cláusula de paz, en la que los sindicatos se debían comprometer a no tomar medidas se fuerza en “ninguno de los temas que integraron la negociación, así como cualquier reivindicación de naturaleza salarial” hasta el 1º de abril de 2017. Señalaba que quedaban excluidas las medidas convocadas por el PIT-CNT o las ramas del sector público en su conjunto.
Segunda (27/11)
La última propuesta no incluye el pago de salarios condicionados al cumplimento de los planes y calendarios. Solamente establece el cumplimiento de los planes y programas “actuales” de ANEP. De esta manera, los sindicatos se aseguran de que el gobierno no realice luego una reforma.
Mejora de gestión
Este artículo se sacó por completo y se sustituyó por cláusula declarativa, donde las partes expresan su voluntad de “buscar fórmulas y mecanismos que posibiliten continuar con la mejora de gestión”.
Cláusula de paz
La última propuesta presenta una cláusula de paz más flexible, donde los sindicatos se comprometen a no realizar acciones sindicales hasta el 1º de abril de 2017, pero se aclara que esta premisa solo abarca aquellas medidas relacionadas con reclamos salariales. Además, se plantea la instalación de un ámbito bipartito en caso de existir controversias respecto a lo acordado. Si no hay acuerdo en esa comisión, el tema será discutido en el Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector público.
