Un decreto confuso

La inusual coincidencia de empresarios, sindicatos y dirigentes de extrema izquierda en una manifestación callejera contra el decreto antipiquetes es renovada evidencia de la vacilante inoperancia del gobierno en política laboral. El decreto que prohíbe los cortes de rutas o calles representa, a primera vista, el objetivo loable de asegurar la libertad de tránsito al permitir a la Policía desalojar piquetes sin necesidad de previa autorización judicial.

Pero su redacción confusa lo ha convertido en tema de aguda controversia. Por un lado, reitera la discriminación oficial a favor de los sindicatos al exceptuarlos en el caso de cortes de vía de tránsito, lo que ha motivado la justa protesta empresarial.

Por otro, sin embargo, los sindicatos y los sectores radicales lo cuestionan porque temen que la intervención policial directa se aplique a los piquetes que suelen desplegar durante las ocupaciones.

Las objeciones al decreto se agregan a la ineficacia gubernamental en el tema de las ocupaciones, que en su forma actual violan las disposiciones de la Organización del Trabajo (OIT). Esta institución condiciona las ocupaciones a que se permita trabajar a quienes quieran cumplir sus tareas y al libre acceso de los responsables de las instalaciones tomadas.

Las administraciones frenteamplistas retiraron de la imperfecta ley de negociación colectiva el artículo que habilitaba las ocupaciones ilegítimas, pero mantienen vigente un decreto que le da luz verde a los sindicatos para seguir haciéndolas. Y otro insensato decreto discriminatorio, que cambia el anterior, permite la ocupación en instalaciones privadas pero las prohíbe en el sector público.

El resultado de los acumulados traspiés oficiales ha sido el rechazo por las cámaras empresariales de la última propuesta del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para modificar la ley pero sin corregir sus defectos. A tal extremo el gobierno ha enredado el tema que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Carlos Perera, consideró inaceptable las reformas incompletas planteadas por Murro y estimó que las discusiones laborales han vuelto "a fojas cero".

Esto significa que sigue vigente la queja presentada por el sector empresarial ante la OIT por incumplimiento de las normas de este organismo. El recurso enfrenta a Uruguay al bochorno de que la OIT incluya al país en su lista negra de naciones que incumplen requisitos equilibrados en el campo laboral.

La solución al actual descalabro corresponde exclusivamente al gobierno, si finalmente actúa con energía y justicia. Tiene que cumplir estrictamente lo dispuesto por la OIT, que básicamente dice que las ocupaciones no pueden limitar libertad de los trabajadores y los patronos y además debería prohibir los piquetes, sin excepción alguna, así se utilicen para bloquear vías de tránsito o para impedir que empleadores y personal que quiera trabajar accedan a instalaciones tomadas.

El asunto es que si se puede entrar, la ocupación no sirve para casi nada y de ahí la renuencia sindical a aceptar la norma de la OIT. Si el gobierno sigue tratando de navegar entre dos aguas no solo expone al país a caer en la lista de la OIT de países censurados. También continuará enfrentando la disconformidad de todos y probables nuevas protestas callejeras de sectores que, en forma conjunta aunque por diferentes razones, objetan lo que el gobierno hace o reclaman por lo que deja de hacer.

El problema viene desde el acceso del Frente Amplio al poder. Está en manos del gobierno enmendar múltiples errores y contrarrestar el creciente descrédito que se está ganando dentro y fuera del país.