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Un derecho descuidado
El derecho a la libre circulación se mantuvo descuidado pese a un decreto presidencial que reafirma normas vigentes pero incumplidas. La nueva disposición le da luz verde a la Policía para liberar vías de tránsito ocupadas u obstruidas por cualquier tipo de manifestaciones, sin esperar a la autorización del juez. Este procedimiento ya regía desde hace tiempo, pero la Policía solía esperar el permiso de un juez, presumiblemente para evitar el riesgo de castigo a los efectivos cuando fuera necesario recurrir a medidas severas de represión. El objetivo de este decreto adicional es darle a la Policía garantías para que disuelva de inmediato, sin esperar el colchón judicial, cualquier obstrucción de rutas, avenidas o calles, así se trate de protestas barriales por cualquier causa, de una concentración de taxímetros contra Uber o de camiones en conflictos en el puerto de Montevideo o en ANCAP.
Pero el decreto entró en vigencia el 20 de marzo, un día antes de que las huestes de Plenaria Memoria y Justicia, la organización anarquista que lidera Irma Leites, desataran violentos disturbios que paralizaron la circulación en la calle Fernández Crespo mientras quemaban cubiertas y atacaban comercios de la zona y hasta la sede del Partido Comunista. Todo se produjo sin que lo evitara la Policía que, además de su responsabilidad de mantener el orden público reprimiendo los desmanes, estaba específicamente autorizada por la Presidencia de la República desde el día anterior a impedir de inmediato que se restringiera la libre circulación en esa vía. No solo no se hizo sino que, además, resulta incomprensible que del más de un centenar de revoltosos delincuentes radicalizados que coparon la zona, apenas hayan sido detenidas dos personas.
Aunque no se ha especificado de manera precisa, el decreto es aplicable también a los piquetes sindicales que se producen en instalaciones públicas o privadas, si esas derivaciones de un conflicto laboral incluyen obstrucciones al libre tránsito. El tema de las ocupaciones que a veces incluyen piquetes pertenece a un ámbito separado. Las cámaras empresariales han presentado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja por incumplimiento sindical de las normas de esa institución. El gobierno está mediando entre el sector empresarial y el PIT-CNT para evitar que ese recurso conduzca a que Uruguay sea incluido en una vergonzosa lista negra de la OIT. Hasta ahora el tema no se ha solucionado por intransigencia de la central sindical, pero obviamente el nuevo decreto presidencial tendrá que ser aplicado por la Policía, disolviendo cualquier piquete que obstruya la libre circulación.
Este derecho está por encima de las justificaciones que pueda tener cualquier forma de bloqueo en vías de tránsito y no puede aceptarse argumentación alguna para violarlo. De lo contrario corremos el riesgo de caer en la situación que impera en Buenos Aires, donde las principales avenidas son copadas a diario por todo tipo de manifestaciones de protesta, convirtiendo el tránsito de la ciudad en un caos pavoroso. El reciente decreto presidencial obliga ahora a la Policía a impedir en nuestro medio cualquier acción de ese tipo que obstruya la libre circulación. No se cumplió esa responsabilidad durante el bloqueo callejero de los miembros de Plenaria Memoria y Justicia, en medio de los desórdenes del martes, omisión que no puede volver a ocurrir.
