Un freno a la inclusión

Recortes presupuestales hicieron naufragar plan piloto que mejoró la seguridad y los servicios en siete zonas marginales, y que se iba a extender a otras 25
Para quienes viven en Marconi, el 15 de octubre de 2012 es difícil de olvidar. El robo a una panadería desencadenó una persecución policial que terminó con un joven muerto y un barrio que se prendió fuego. Para los vecinos fueron tres días de miedo, nerviosismo y odio a la Policía. Para el gobierno, la prueba más contundente de que en varias zonas de Montevideo y el área metropolitana el Estado estaba fracasando y había que activar de forma urgente un proyecto que se venía gestando desde meses atrás.

Lo sucedido en Marconi fue el impulso del plan Siete Zonas, que tenía como objetivo mejorar la convivencia de quienes vivían en el área metropolitana a través de tres tipos de intervenciones: programas sociales, rediseño de la infraestructura y mejor seguridad, no con más policías sino con efectivos más comprometidos con la comunidad, un nuevo sistema de patrullaje y unidades especiales dedicadas a combatir el crimen organizado.

Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y el de Desarrollo Social (Mides) conformaron un ejército junto a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), la de Canelones y otros organismos estatales para que los vecinos tuvieran "más barrio y más vida", como se le llamó en un primer momento.

75% bajaron los homicidios durante los primeros seis meses de aplicación del plan Siete Zonas en los cuatro barrios de Montevideo en los que se aplicó. En el caso de Marconi, las rapiñas cayeron 43%

El plan se aplicó como prueba piloto en los barrios montevideanos Marconi, Ituzaingó, Tres Ombúes, Chacarita de los Padres y en los canarios Obelisco y Vista Linda de Las Piedras y en Barros Blancos, para más adelante extenderlo. En todos ellos la desigualdad y la exclusión era la regla.


Llegar a definir esos lugares implicó que durante meses se estudiaran unos 60 indicadores, a través de los cuales las autoridades supieron exactamente desde cuántos niños con mala alimentación había, cuántos adolescentes habían abandonado el liceo, cuál era el estado de la pavimentación de calles y veredas, hasta en qué calles se cometían más delitos.

En el marco del Siete Zonas, calles oscuras se iluminaron, terrenos baldíos, a donde muchos corrían de la Policía, pasaron a ser plazas en las que se corría detrás de una pelota, centros educativos y de salud se arreglaron o construyeron, y se empezaron a ofrecer distintas actividades a los vecinos. En total, el piloto implicó un presupuesto de US$ 34 millones, de los cuales US$ 12 millones fueron exclusivamente para viviendas del barrio Ituzaingó, el único donde hubo realojos masivos.

"Me parece que está estancada la lucha contra la pobreza. Esa es mi opinión y la digo" Daniel Olesker ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de José Mujica

El sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, lo define como "un shock de ciudad". "Un contexto de alta exclusión donde se suma la presión policial es la receta perfecta para los estallido sociales. La seguridad se construye con convivencia, no con más policías. Para eso se necesitan intervenciones de ese tipo", dijo a El Observador. Los datos respaldan su teoría: a seis meses de aplicado el plan, por ejemplo, los homicidios en las siete zonas habían caído 75%, las lesiones graves 33% y las denuncias por violencia doméstica 40%, informó el Ministerio del Interior en abril de 2014.

¿Qué fue de ese plan que estaba dando resultados? Si bien en los lugares donde fue aplicado los servicios sociales, de seguridad y los cambios a la cara del barrio siguen vigentes, el plan de extenderlo se anestesió.

Al finalizar el gobierno del entonces presidente José Mujica, la idea de que se trasladara a más barrios tenía tanta fuerza como la tuvo el Siete Zonas entre fines de 2012 y principios de 2015. De hecho, uno de los puntos destacados en el programa de gobierno del Frente Amplio durante la campaña de 2014 fue el "desarrollo de una estrategia de convivencia orientada a vencer el miedo y fortalecer el espacio público".

No había pasado ni un mes de la asunción de Tabaré Vázquez en su segundo mandato cuando el Ministerio del Interior convocó a jerarcas de los organismos involucrados a una primera reunión para impulsarlo. Como proyecto para este quinquenio se había planteado ampliarlo a 25 zonas y extenderlo a un total de 32. La idea era que en 2015 el plan piloto pasara a funcionar en el barrio 40 Semanas y Lavalleja como un bloque, en Cerro Norte, Conciliación, Malvín Norte y Casabó.

"La política de seguridad no puede estar construida sobre el temor. Hay que construir comunidad" Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior

Según los cálculos realizados, se necesitarían US$ 200 millones para los cinco años, es decir US$ 40 millones por año. Ahí estuvo el problema, al haber menos presupuesto del pensado, cuando hubo que manejar prioridades, el proyecto para la inclusión de zonas marginales pasó a un segundo plano. "Para el Ministerio del Interior siempre fue una prioridad. Pero este era un tema de decisión de gobierno. No podés tener 14 prioridades, porque si no, no son prioridades y más en un contexto de restricción", sostuvo Leal, una de las cabezas detrás del proyecto.


Como parte del Ministerio del Interior, Leal cree que el trabajo que se pretendía ampliar debería seguir estando en primer lugar. "Sin aumentar el presupuesto general del país, se debió haber priorizado diferente e incluir esta propuesta que abarcaba a cinco ministerios y al Codicen. Es necesario innovar en el diseño y en la ejecución de las estrategias de inclusión social", afirmó.

Quien también fue protagonista del plan fue la subsecretaria del Mides, Ana Olivera, porque le tocó aplicarlo cuando era intendenta de la capital. Consultada por El Observador sobre el naufragio de la extensión, la jerarca señaló que la decisión "excedió al Mides y a todos los ministerios".

32 mil personas viven en las siete zonas donde se aplicó el plan piloto en el quinquenio anterior. La idea fue usarlo de "laboratorio" para replicar las experiencias en este período de gobierno

"Creo que en el marco de las prioridades establecidas en un contexto de restricción presupuestal, en el análisis de todo no se tomó como prioridad. No fue una decisión del Ministerio del Interior ni del Mides. Implicaba unos cuantos millones de dólares anuales", afirmó.

Camino a la "lucha estancada"

Plaza Casavalle

Mientras Olivera era intendenta, Daniel Olesker era el ministro de Desarrollo Social. Para el exjerarca, tanto la actual subsecretaria como el exintendente de Canelones, Marcos Carámbula, "metieron mucho para el Siete Zonas". Recuerda con claridad el día en que se lanzó el plan. "Es que fueron tres meses de mucho trabajo", dijo a El Observador.

Olesker no entiende los motivos por los que no se siguió adelante con un proyecto que funcionaba. "No hay razones para haberlo parado. Puede haber alguien que pensara que para esos objetivos podía haber otra alternativa, que yo hasta ahora, en estos dos años y medio, no encuentro", dijo, y agregó con voz de fastidio: "Me parece que está estancada la lucha contra la pobreza. Esa es mi opinión y la digo".

En noviembre de 2011, el expresidente Mujica le encargó realizar un estudio sobre la pobreza crítica. El Mides hizo un informe del que surgieron tres grandes problemas: educación, vivienda y primera infancia. En enero de 2012 –año de Rendición de Cuentas– se realizó un Consejo de Ministros especial y se decidió destinar la mitad del incremento fiscal estimado a programas dirigidos hacia la población más vulnerable.

A partir de ahí se potenciaron programas como Uruguay Crece Contigo (para menores de 0 a 3 años y embarazadas) y se crearon otros, como Jóvenes en Red, pensado para que los adolescentes se reinsertaran en el sistema educativo o laboral. A eso se le sumó que en junio de 2012 el gobierno definió un paquete de 15 medidas "por la vida y la convivencia", entre las que estaban planteadas acciones que se agruparon en el Siete Zonas. En ese combo también aparecía, por ejemplo, la regulación del mercado de la marihuana.

Lo que queda

Los vestigios del Siete Zonas se sienten. Las plazas siguen siendo lugares de reunión de vecinos, que se esmeran en cuidarlas (ver página 4), los programas sociales todavía funcionan y el rol comunitario de la Policía está cada vez más presente. La prueba de eso es el Programa de Alta Dedicación (PADO), inspirado en modelos policiales aplicados cuando el plan estaba vigente y al que el Ministerio del Interior le atribuye gran responsabilidad en la baja de rapiñas y homicidios.

En tiempos en los que bajar los niveles de delincuencia es una de las obsesiones del gobierno, "la política de seguridad no puede estar construida sobre el temor, debe incorporarse el factor social", opinó el sociólogo Leal. El plan Siete Zonas era una muestra de ello.

(Producción: Guillermo Losa)

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