Un pago sin nombre

El BPS calcula el dinero que debe ALUR; Novick dijo que se trata de "un soborno", De León habla de "donación" y el abogado Slinger de una "propina"

El pago efectuado durante 10 años por parte de Alcoholes del Uruguay (ALUR) a cientos de cortadores de caña de Bella Unión que no trabajan para la empresa y que se otorgó para evitar conflictos sindicales, empezó a ser revisado por el Banco de Previsión Social (BPS) que no había detectado esa maniobra. A nivel político se habla de posibles delitos, como el pago de coimas y evasión, y se convocará a las autoridades de ANCAP, propietaria de ALUR, al Parlamento para que brinde explicaciones.

La directora en representación de los empleadores en el BPS, Elvira Domínguez, dijo ayer a El Observador que tras el pedido de ALUR, el organismo previsional "empezó a calcular" en su Asesoría Tributaria y de Recaudación (ATyR), el monto de la deuda y las multas que eventualmente deberá abonar la empresa subsidiaria de ANCAP, que desde el año 2007 efectuó pagos por unos
$ 11 millones por año sin hacer aportes por ello.

Ramón Ruiz, director en representación de los trabajadores en el BPS, dijo que ALUR "será tratada como cualquier otra empresa" y lo primero será determinar, por parte de los servicios técnicos, si le debe pagar al organismo de previsión social. De ser así se le enviará la factura con los montos que incluirán multas y recargos por el tiempo transcurrido. Si una compañía se niega a pagar, explicó Ruiz, el organismo presenta una denuncia judicial. "Desde 2005 se presentaron unas 300 denuncias penales por casos de presunta evasión o retención de aportes", y se ha solicitado a la Justicia que inicie embargos, comentó el director del BPS.


"Resolvieron hacer donaciones que en realidad son pagos de salarios. Pagaron en negro durante 10 años. Todo esto es una vergüenza. ¿Cuál es el mensaje para la población, para la gente que cada vez paga más y más impuestos?", dijo Novick.

La información publicada ayer por El Observador detalló que ese dinero girado por ALUR llegaba a Bella Unión a través de RedPagos y se entregaba a 1.585 cortadores de caña de azúcar y a otros 1.000 trabajadores entre los que hay maquinistas, tractoristas, rejuntadores de caña y graperos, que son los que cargan los camiones. ALUR reconoció en un comunicado el martes 9 el pago a 1.500 cortadores de caña por un promedio de
$ 7.500 a cada uno.

Desde el oficialismo, el senador Leonardo De León, que fue director de ALUR y estuvo entre los que decidieron esa forma de proceder, comentó en radio Carve que esa partida era una "donación".

Sin embargo, un jurista advirtió a El Observador que el decreto 113/996 que reglamentó la ley 16.713 estableció claramente sobre las contribuciones a la seguridad social que son materia gravada donde entra "todo ingreso que (se pague) en forma regular y permanente, sea en dinero o en especie". Por lo tanto, explicó la fuente, "una donación continua", como sería el caso de ALUR según el senador De León, también debe pagar aportes al BPS.

Reacción

"Qué donación ni qué donación" afirmó Jorge Roda, expresidente de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), al ser consultado por El Observador sobre la explicación del senador de la Lista 711 que lidera el expresidente de ALUR y hoy vicepresidente de la República, Raúl Sendic.

Roda comentó que varias veces el tema de los aportes fue analizado en asambleas de trabajadores y fue planteado a jerarcas de ALUR. Los trabajadores, explicó Roda, preferían seguir cobrando directamente de ALUR, que éste hiciera los aportes correspondientes a la seguridad social y que ese dinero no pasara por los plantadores porque "eso no les daba tanta seguridad de cobro".

"Los aportes se tienen que hacer porque es plata de los trabajadores para jubilarse", dijo Roda.

Por su parte, Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente, comentó ayer a El Observador que "lo de la donación es una vergüenza y una mentira".

Incluso manejó la idea de que ese dinero que se enviaba a Artigas "es un soborno para repartir plata y que no hicieran paros".

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El artículo 156 del Código Penal es el que define el delito de Concusión. "El funcionario público que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables) e inhabilitación de dos a seis años", señala el Código Penal.

El abogado laboralista Leonardo Slinger opinó que no se está ante un soborno para comprar paz sindical. "No lo veo así porque con ese criterio cualquier prima que paga un empleador para obtener paz sindical lo sería y no es así", dijo Slinger a El Observador.

Y un tributarista, que pidió no ser identificado, acotó que no se está ante un caso de defraudación –lo mismo piensa Slinger–, ya que el pago se hizo a gente que ni siquiera es empleada de la empresa ALUR.

Si las autoridades actuales de ALUR tienen la convicción de que hubo un delito, deben denunciarlo a la justicia penal. Juan Carlos Herrera, presidente de ALUR, dijo ayer al programa Pisando Fuerte de Metropolis FM que esa decisión no fue adoptada y tampoco se manejó el tema en esos términos en el directorio de la compañía que se mueve en el derecho privado.

Novick también golpeó por el lado político y afirmó que lo ocurrido se debió a una resolución del directorio de ANCAP "cuando Daniel Martínez era presidente y Raúl Sendic el vice".

"Qué donación ni qué donación" afirmó Jorge Roda, expresidente de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA)

"Resolvieron hacer donaciones que en realidad son pagos de salarios. Pagaron en negro durante 10 años. Todo esto es una vergüenza. ¿Cuál es el mensaje para la población, para la gente que cada vez paga más y más impuestos?", dijo Novick. También a nivel político, el diputado Nicolás Olivera (Partido Nacional) reclamó a las autoridades que presenten denuncias penales por los "pagos irregulares" y mencionó directamente la responsabilidad de Sendic y de De León.

El senador frenteamplista De León dijo en el programa Inicio de Jornada de Radio Carve que los pagos efectuados figuran en los balances de la empresa. El Observador revisó los balances de ALUR de los últimos años publicados en su portal y no aparece el rubro "donaciones". De León dijo además que el pago nunca fue observado por ninguna de las auditorías que realizó la consultora KPMG y afirmó que "no se hizo a espaldas de nadie".

Desde KPMG se informó ayer a El Observador que por un acuerdo de confidencialidad firmado con sus clientes, no pueden confirmar si presentaron alguna observación sobre las partidas que se enviaban a los trabajadores de la caña de azúcar. Ese pago que los cortadores reclaman seguir cobrando, se conoce en Bella Unión como "la partida plus" y la recibieron puntualmente en la última década.



Vidrioso

El abogado laboralista Leonardo Slinger dijo a El Observador que al no ser empleados directos de ALUR, el pago que se hacía a los cañeros “no encaja en el delito de defraudación tributaria. Es un pago hecho por un tercero. Se parece más al pago de una propina que la paga un tercero, aunque también paga aportes”.

“Es bastante vidriosa la situación, pero por lo que leí y escuché, después de recibida esa partida diez años y el hecho de que ahora la quieran incorporar al sueldo demuestra que es un derecho adquirido”, afirmó.

En relación a lo que declaró el senador Leonardo De León sobre que es una donación, Slinger dijo: “Una donación sería una gratificación, la ley te dice que cuando las gratificaciones se vuelven regulares y permanentes pagan aportes también”.





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