Un polvorín

La encrucijada venezolana augura malas noticias para este año; el descalabro político y social puede comenzar este mismo mes
Venezuela enfrenta un panorama sombrío en los próximos meses; tal vez, semanas. Febrero siempre ha sido un mes complicado para el régimen de Nicolás Maduro, con protestas en las calles, violencia e inestabilidad política. Y si para el régimen suele ser complicado, peor aún lo es para los ciudadanos; sobre todo, los disidentes.

A la profunda crisis económica, política y social que resisten a diario, se suma la represión y un endurecimiento del régimen que generalmente acaba con más presos políticos en las cárceles, heridos y hasta muertos en las calles.

Pero este febrero el escenario se avizora aun más grave. El gobierno está sumido en la mayor impopularidad desde que el chavismo llegó al poder; casualmente, en febrero de 1999. Pero Maduro se atrincheró en el Palacio de Miraflores y cerró con siete candados toda posibilidad de removerlo del poder por la vía democrática.

La última fue en octubre, cuando el régimen le dio la estocada final al referéndum revocatorio; y eliminó las opciones para cambiar el poder en las urnas.

En aquella oportunidad, la agencia Reuters tituló: "Es oficial: Venezuela es una dictadura pura y dura", en un cable que dio la vuelta a las portadas de los diarios más importantes del mundo.

Y esta semana, la influyente ONG Freedom House, con sede en Washington, sumó a Venezuela a la lista de "países sin libertades" (que publica todos los años); condición que según la ONG en el continente comparte solo con Cuba.

Y es que ahora, pasado el 10 de enero, aun si al régimen venezolano no le quedase más remedio que permitir la celebración del referéndum (hoy suspendido por el fallo de media decena de tribunales provinciales), el chavismo no tendría que abandonar el poder en caso de perderlo. Maduro simplemente debería dimitir en favor de su vicepresidente.

Con esto en vista, el régimen se ha enrocado en la figura de Tareck El Aissami, un abogado, exlegislador y gobernador chavista de la línea dura, a quien Maduro se apresuró a nombrar vicepresidente en los primeros días del año.

Nacido en el estado de Mérida, El Aissami es hijo de padres libaneses y posee la doble nacionalidad: venezolana y libanesa.

Por eso en diciembre el Tribunal Supremo de Venezuela dictó por la vía rápida una sentencia que se hizo pública recién la semana pasada y que permite al presidente tener doble nacionalidad.

De ese modo mataron dos pájaros de un tiro: por un lado echar por tierra el entredicho en torno a la nacionalidad del propio Maduro, de quien sus detractores más tozudos sostienen posee ciudadanía colombiana; y por el otro, allanar el camino para la llegada de El Aissami al Palacio de Miraflores, en caso de perder el revocatorio, como todo indica que lo harán y por paliza.

Así las cosas, la oposición venezolana se quedó sin la única válvula de escape que tenía para remover al régimen, al que denuncia de sumir al pueblo en la miseria, la escasez y el autoritarismo.

El panorama no es alentador: la historia demuestra que cuando las opciones democráticas son acotadas, la situación económica es desesperante y un régimen impopular se aferra al poder, el camino de las calles suele ser cruento y brutal.

Por eso, febrero podría ser solo el comienzo del derrumbe de Maduro, que de producirse, seguramente no será en forma pacífica.

Revocatorio, ¿válvula de escape?

La carta que se guarda el régimen para descomprimir un desenlace violento –incluso, un estallido social, como muchos vaticinan– es precisamente el revocatorio, con lo cual, como va dicho, ante un resultado adverso bajaría Maduro para encumbrar a El Aissami.

Y en tal caso, aun cuando el abogado chavista parece bastante más capaz y preparado que Maduro, su radicalismo y su talante confrontativo, al mejor estilo de Chávez, podría endurecer aún más la posición del régimen y recrudecer el conflicto interno.

Así pues, ningún escenario se avizora ahora mismo sereno para las aguas venezolanas.

Para colmo, el país se encuentra en medio de una guerra de poderes sin precedentes, con la Asamblea Nacional –controlada por la oposición– que el 9 de enero declaró a Maduro en "abandono del cargo", y el presidente que a su vez declaró al parlamento "en desacato" gracias a los buenos oficios del Tribunal Supremo, controlado por el chavismo.

Todo parece encaminarse hacia un choque de trenes de proporciones colosales.

La oposición volvió a unirse

Por otro lado, hasta octubre pasado, cuando el régimen puso en suspenso el revocatorio, la oposición había estado mayormente dividida entre quienes proponían una salida a la situación con la gente en las calles (encabezada por el sector de Leopoldo López, actualmente recluido en la prisión de Ramo Verde) y quienes en cambio impulsaban la idea de agotar todas las vías constitucionales para remover al chavismo (señaladamente, el sector más moderado liderado por Henrique Capriles).

Esa división en filas disidentes parece ahora haberse disipado en buena medida. La terquedad del régimen logró unir, si bien no toda la oposición, sí a estos dos sectores que son los de mayor gravitación dentro de la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD).

Al desconocer arbitrariamente las firmas para la convocatoria al referéndum y valerse de la inopinada mediación del Vaticano para darle largas al asunto y terminar matando la consulta, Maduro hizo irrelevante la postura de los moderados, que ahora han endurecido su discurso y acción.

Esto quedó claro ni bien asumieron los moderados la presidencia de la Asamblea Nacional (un cargo que acordaron ocupar en forma rotativa por un año entre ambos sectores de la MUD) el pasado 5 de enero en cabeza del diputado Julio Borges, del partido Primero Justicia, el sector de Capriles.

La actitud era ahora de clara hostilidad hacia el régimen y sin concesiones. Borges dijo durante su toma de posesión que Venezuela era "el reino de la oscuridad, del caos y de la corrupción".

Apenas cuatro días después, declaraban a Maduro en abandono del cargo.

Hasta dónde están dispuestos a acompañar a los sectores más radicales en su llamado a la gente a tomar las calles, no está claro aún. Pero el cambio de actitud entre los moderados es notorio; si bien declarar a Maduro en abandono del cargo parece más bien una acción estridente.

El caso es que la polarización del arco político venezolano parece ahora más marcada que nunca, las diferencias aun más irreconciliables y las posiciones más duras. Nada bueno puede deparar ese estado de cosas.

Es posible que el régimen logre capear las protestas masivas que se le avecinan dándole luz verde al referéndum. Pero aun así, nada hace presagiar un desenlace sin turbulencias ni disturbios en Venezuela.

Con la oposición parada en una postura intransigente, y el gobierno persistiendo en su idea de mantenerse en el poder a cualquier costo y "hasta que el cuerpo aguante", como decía Chávez, cualquier chispa en las calles tiene el potencial de convertirse en incendio.

Solo queda ahora esperar que no llegue a tanto, por el bien de los venezolanos y de la región en su conjunto.

Familiares de presos

Un grupo de familiares de políticos presos venezolanos se mostró dispuesto esta semana a dialogar con el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que entregó un documento en la sede de la Nunciatura en Caracas para pedirle al nuncio en Venezuela, Aldo Giordano, que lo apoye en una eventual mesa de diálogo.

Comando "anti golpe"

El presidente Nicolás Maduro, que detenta hoy una baja popularidad, designó al vicepresidente Tareck El Aissami al frente del denominado "comando antigolpe", un grupo integrado por distintas figuras del chavismo que tiene como finalidad contrarrestar presuntos planes desestabilizadores de la oposición.

Media docena de adversarios del gobierno fueron detenidos en ese marco como parte de las acciones del grupo.

Choques con Policía

Un grupo de diputados opositores chocó el jueves con la Policía cuando intentaba ingresar a la sede del poder electoral venezolano, para exigir la convocatoria de unos comicios regionales que debieron celebrarse el año pasado.

Al grito de "elecciones ya", los parlamentarios intentaron sortear un piquete policial que resguardaba la entrada del Consejo Nacional Electora, en el centro de Caracas, con lo que se produjo un forcejeo.

"¡A nosotros no nos doblegan, tenemos dignidad!", exclamó el diputado José Brito, molesto, mientras culpaba a un coronel por la agresión. Brito pretendía entregar un documento en el que se exigía un cronograma inmediato para realizar las elecciones de gobernadores y alcaldes.

El congresista actuó como vocero de esa actividad.


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