Hace tiempo accedí a un informe psiquiátrico del violador y asesino apodado El Cosita. Si hubiese caído preso en un país desarrollado y con un buen abogado, El Cosita habría zafado de la cárcel: es un inimputable que pierde la noción de la realidad. No debería estar en una cárcel, de la que un día puede salir para volver a la calle, donde nunca se va a integrar porque no es un desintegrado sino un psicópata; debería haber sido internado en un psiquiátrico. Pero como se sabe que en Uruguay no hay hospitales tan preparados, y es posible que un preso se fugue de allí, a este tipo de delincuentes los mandan a la cárcel. Y, además, sabemos que si la Justicia manda a un hospital a un asesino múltiple… ¡lo que dirá la gente! Preso, El Cosita mató, descuartizó y se comió parte del cuerpo de otro recluso. Solo puede provocar sorpresa a quien no conocía los estudios médicos sobre El Cosita. Hay otros presos que llevan más de 20 años encerrados y que se han convertido en verdugos del que mejor paga o del que lidera. Nadie los espera en ningún lugar, ni piensan en salir, y en prisión todos les temen, y los usan precisamente por eso. Asesinatos como el perpetrado el martes contra del delincuente El Rambo Peña ocurren en casi todas las cárceles, y basta ver cómo funciona el sistema uruguayo para entender que es lógico que pase aquí. Sobre la base de ese sistema carcelario (de Justicia hay que decir) que acumula presos de a 300 donde entran 50, y mezcla a rateros con asesinos, y a recuperables con psicópatas, la corrupción policial que permite que haya armas en la prisión es un condimento más. Pero aun así, ello le plantea a la Policía una situación paradójica: mientras reclama que se apoye a sus uniformados para que no sufran agresiones en las calles, demuestra que ella misma no es capaz de controlar el ingreso de armas a un lugar cerrado y restringido como una cárcel. Si no podemos controlar a los delincuentes que ya están presos, ¿cómo vamos a hacer con los que aún están libres?
