Una cultura por el ambiente

Columna de opinión en El Observador Agropecuario
Por Lautaro Pérez Rocha (*)

Durante unos años estuve vinculado con una empresa proveedora de tecnología para tratamiento de todo tipo de efluentes (industriales, residenciales, agropecuarios), tanto en Uruguay como en otros países de América Latina. Era con una tecnología probada, realmente fenomenal. Pues bien, en Centroamérica, y en Ecuador y Colombia, se vendió como pan caliente, mientras aquí, después de más de una veintena de proyectos, no tuvimos éxito. Hubo variadas razones explicativas; un factor que a la postre resultó el más crucial fue la legislación y el control de la misma. Existían estándares de cumplimiento ambiental acordes a los niveles internacionales en lo que a efluentes se refiere, pero el tema es que no se cumplían. Se presentaban los proyectos ante la Dinama, pero luego no se hacían, se optaba por pagar multas ya que en suma siempre eran insignificantes, o se recurría al mantenimiento del empleo como factor negociador. Si algo me quedó claro es que en Uruguay no había un control y una inexpugnable penalización a quienes incumplieran con las normativas. Mientras, en los otros países la consecuencia era un rápido cierre de la fábrica. Sin elusiones, o lo hacían o quedaban fuera.

Voy a dar dos ejemplos más, con diferentes ángulos. En Hong Kong la gente fuma en la calle, pero suelen estar apiñados en torno a los ceniceros públicos, donde todos dejan sus colillas ahí. En una ciudad de millones de habitantes usted camina cuadras y no ve una colilla en el piso. No tanto porque los servicios de limpieza sean de excelencia, sino porque si lo pillan lanzando una colilla al suelo lo despellejan con la multa.

Hace un par de años comenzó a regir en Europa la ley para anular el comercio de madera ilegal. Hicieron un cambio interesante. Trasladaron al importador y distribuidor la responsabilidad del control y cumplimiento. Esto es, supongamos un minorista de muebles, si llega a ofrecer un producto con madera de origen ilegal le pueden hasta sacar a la licencia vendedora, algo que algunas empresas europeas ostentan de varias generaciones atrás. Los privados cumplen, porque la pena es dura.

Una forma tradicional de formular políticas ambientales es con las herramientas de "la zanahoria y el garrote", en analogía de los incentivos y las penalidades para el logro de los objetivos. En Uruguay no nos gusta cuando nos duele, y cuesta establecer mecanismos que aseguren el bienestar social. El ambiente se define como un bien público. El aire, el agua, la seguridad nacional, los recursos renovables, la iluminación en las calles, son bienes públicos que tienen la característica de ser de libre acceso, nadie se los puede apropiar, y no hay un mercado que los produzca ni un precio al que se comercialicen. Cumplen el principio de no exclusión (se ofrece a todas las personas, no puede excluirse a nadie) y de no rivalidad (si alguien lo consume, no reduce el consumo potencial al resto).

Para la custodia de los bienes públicos, se necesita gestión pública y privada con estrictos mecanismos de control. Los países serios no dudan en aplicar el garrote para cuidar lo que es para todos. Deben existir instrumentos y sistemas de derecho y de garantías, equilibradamente represivos como para que cumplan todos los usuarios del mercado.

Uruguay tiene potencial para posicionarse como un país verde, pero debemos aceptar que estamos lejos de prácticas debidas y de una cultura de vanguardia.

(*) lautaro@adinet.com.uy

Populares de la sección