Mundo > La crisis en Venezuela
Una fiscal incorruptible
Luisa Ortega Díaz, una chavista de la primera hora, se transformó en la principal enemiga del gobierno
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18 de junio de 2017 a las 05:00
Firme, decidida y valiente. Esa parece ser la postura asumida de un tiempo a esta parte por Luis Ortega Díaz, una chavista a carta cabal, que hoy por hoy se convirtió en la principal enemiga del gobierno de Nicolás Maduro y quien le marca, una tras otra, sus contradicciones, así como las violaciones al orden jurídico e institucional.
Esta abogada de 59 años, admiradora del difunto expresidente Hugo Chávez, es la fiscal general de Venezuela y en los últimos meses se transformó en un dolor de cabeza para el régimen.
A tal punto es así que esta semana distintos referentes del chavismo hicieron cola para criticarla por sus decisiones recientes e incluso hubo quien llegó a pedir que se instruya una junta médica para evaluar sus facultades mentales.
Uno de los hombres fuertes del chavismo, el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, incluso la calificó de "traidora".
Pero aunque el gobierno busque argucias legales o de otra índole para borrarla de un plumazo eso no resultará fácil.
Ortega ocupa el cargo desde 2007 y en 2014 fue reelecta para continuar en funciones por un nuevo período de siete años, hasta 2021, por el mismo Parlamento que entonces controlaba el chavismo. Y, oh casualidad, cuyo presidente era el mismísimo Cabello.
El veterano político chavista, devenido en uno de sus más furibundos enemigos y detractores, pidió "disculpas a la revolución" por insistir en su nombramiento. "Fui uno de los que la defendí y tuve que convencer a compañeros", comentó con pesar esta semana.
Dueña de un "gran olfato político", está casada con el diputado chavista Germán Ferrer, que integró las Juventudes Comunistas y se alzó en armas contra el expresidente Rómulo Bentancourt, que gobernó el país entre 1959 y 1964.
Antaño era mirada de reojo por la oposición, con la que ahora parece tener más puntos de encuentro que disidencias.
Ingresó al Ministerio Público en 2002. Según los críticos, solo porque a Chávez le "caía bien". Ese año, el militar se enfrentó a un golpe de Estado.
Así fue como, ya en marzo, la fiscal general había cuestionado duramente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las potestades de la Asamblea Nacional.
En aquel momento, dijo que esa decisión fue un "golpe de Estado", que suponía la "ruptura del orden constitucional" y ponía "en riesgo" la democracia.
Luego de eso, más las presiones internacionales, el TSJ dejó sin efecto la resolución.
No obstante, Ortega acaba de pedir al TSJ que quite la inmunidad a ocho magistrados de la Sala Constitucional para que puedan ser investigados por haber asumido las potestades del Parlamento. Eso fue rechazado este viernes por el TSJ.
Dos meses después, apenas Maduro anunció su intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (en julio) para reformar la Constitución vigente, presentó un recurso de inconstitucional.
En tono irónico, el presidente se congratuló de esa actitud de la fiscal, porque a su juicio eso implica
admitir la "legitimidad" del TSJ, al que la oposición acusa de ser funcional al chavismo.
Asimismo, la fiscal impugnó el nombramiento de 33 jueces del TSJ, realizada en diciembre de 2015. Aunque en todo este tiempo, y al igual que su familia, fue objeto de amenazas, Ortega también acusó a militares por las muertes de jóvenes en las protestas populares que exigen la salida del presidente y cuestionan la instalación de la Asamblea Constituyente.
En esas protestas, ya murieron más de 70 personas desde el 1º de abril. También fustigó que tribunales militares enjuicien a civiles detenidos y reivindicó el derecho a manifestarse en forma pacífica. A pesar de las presiones y amenazas para doblegarla, a la fiscal no le tiembla el pulso.
"Repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la fiscal", agregó un comunicado de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que integra Uruguay.
Esta abogada de 59 años, admiradora del difunto expresidente Hugo Chávez, es la fiscal general de Venezuela y en los últimos meses se transformó en un dolor de cabeza para el régimen.
A tal punto es así que esta semana distintos referentes del chavismo hicieron cola para criticarla por sus decisiones recientes e incluso hubo quien llegó a pedir que se instruya una junta médica para evaluar sus facultades mentales.
Uno de los hombres fuertes del chavismo, el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, incluso la calificó de "traidora".
Pero aunque el gobierno busque argucias legales o de otra índole para borrarla de un plumazo eso no resultará fácil.
Ortega ocupa el cargo desde 2007 y en 2014 fue reelecta para continuar en funciones por un nuevo período de siete años, hasta 2021, por el mismo Parlamento que entonces controlaba el chavismo. Y, oh casualidad, cuyo presidente era el mismísimo Cabello.
El veterano político chavista, devenido en uno de sus más furibundos enemigos y detractores, pidió "disculpas a la revolución" por insistir en su nombramiento. "Fui uno de los que la defendí y tuve que convencer a compañeros", comentó con pesar esta semana.
Cerca del chavismo
Ortega siempre estuvo cerca de Chávez, desde la campaña electoral del año 1998. Por entonces, trabajaba en un estudio de abogados del estado de Aragua.Dueña de un "gran olfato político", está casada con el diputado chavista Germán Ferrer, que integró las Juventudes Comunistas y se alzó en armas contra el expresidente Rómulo Bentancourt, que gobernó el país entre 1959 y 1964.
Antaño era mirada de reojo por la oposición, con la que ahora parece tener más puntos de encuentro que disidencias.
Ingresó al Ministerio Público en 2002. Según los críticos, solo porque a Chávez le "caía bien". Ese año, el militar se enfrentó a un golpe de Estado.
Diferencias irreconciliables
Desde su lugar, y en función de sus atribuciones, Ortega comenzó a ejercer presión sobre el gobierno de Maduro y a marcar aquellos abusos de poder y violaciones al orden constitucional, algo que pocos chavistas osarían hacer.Así fue como, ya en marzo, la fiscal general había cuestionado duramente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las potestades de la Asamblea Nacional.
En aquel momento, dijo que esa decisión fue un "golpe de Estado", que suponía la "ruptura del orden constitucional" y ponía "en riesgo" la democracia.
Luego de eso, más las presiones internacionales, el TSJ dejó sin efecto la resolución.
No obstante, Ortega acaba de pedir al TSJ que quite la inmunidad a ocho magistrados de la Sala Constitucional para que puedan ser investigados por haber asumido las potestades del Parlamento. Eso fue rechazado este viernes por el TSJ.
Dos meses después, apenas Maduro anunció su intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (en julio) para reformar la Constitución vigente, presentó un recurso de inconstitucional.
En tono irónico, el presidente se congratuló de esa actitud de la fiscal, porque a su juicio eso implica
admitir la "legitimidad" del TSJ, al que la oposición acusa de ser funcional al chavismo.
Asimismo, la fiscal impugnó el nombramiento de 33 jueces del TSJ, realizada en diciembre de 2015. Aunque en todo este tiempo, y al igual que su familia, fue objeto de amenazas, Ortega también acusó a militares por las muertes de jóvenes en las protestas populares que exigen la salida del presidente y cuestionan la instalación de la Asamblea Constituyente.
En esas protestas, ya murieron más de 70 personas desde el 1º de abril. También fustigó que tribunales militares enjuicien a civiles detenidos y reivindicó el derecho a manifestarse en forma pacífica. A pesar de las presiones y amenazas para doblegarla, a la fiscal no le tiembla el pulso.
Respaldo de fiscales iberoamericanos
Procuradores y fiscales generales de 12 países iberoamericanos respaldaron a la fiscal Luisa Ortega. Estos manifestaron su "preocupación" por la forma en que es tratada por el gobierno."Repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la fiscal", agregó un comunicado de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que integra Uruguay.
