Una vez más, la tensión entre la paz y la justicia

Uruguay eligió a la salida de la dictadura no juzgar a violadores de DDHH; para dirigentes del FA las situaciones no son comparables
Igual que Colombia hoy, Uruguay debió decidir a la salida de la última dictadura, de qué manera buscaría cerrar las heridas en una sociedad que quedó dividida.

Los países que pasaron por procesos similares intentaron alternativas y no pudieron conformar a todos para lograr la paz.

En la mayoría de los procesos, el Poder Judicial vio recortada su autoridad. En el Frente Amplio, donde tras la dictadura se apoyó enjuiciar a los militares golpistas, se entiende, sin embargo, que en Colombia era mejor que ganara el Si, que exculpaba a responsables de los crímenes cometidos.

En 1986, Uruguay votó en el Parlamento la llamada ley de la pretensión punitiva del Estado, que para "asegurar la paz" según dijeron los promotores, en los hechos ató de manos al Poder Judicial.

Buena parte de la población, con el apoyo político del Frente, salió a buscar miles de firmas para someter la ley a referéndum y reclamó "verdad y justicia", consigna que se mantiene hasta hoy.

En 1989 (primer gobierno de Julio María Sanguinetti) la población fue consultada para votar "verde" o "amarillo".

El voto verde, que respaldaba el Frente Amplio, implicaba que la cúpula golpista militar sería juzgada en tribunales civiles.

El voto amarillo, que finalmente ganó y respaldó el Partido Colorado y buena parte del Partido Nacional, establecía dar vuelta la página y dar una amnistía a los militares.

Antes se había beneficiado –también en el gobierno de Sanguinetti– a los guerrilleros tupamaros.

Los frenteamplistas, que apoyaron para Uruguay una salida con juzgamiento de militares, dicen ahora no entender la respuesta que dio el pueblo colombiano que rechazó el acuerdo de paz.

. Esteban Valenti, exasesor de Asamblea Uruguay, escribió que en Colombia "pasó lo peor" y afirmó que "las mayorías pueden ser feroces y burras" en relación al resultado de la consulta del domingo.

El diputado del Partido Por la Victoria del Pueblo, Luis Puig entiende que "no hay ninguna contradicción" entre los que votaron verde en Uruguay y ahora apoyaron el Si en Colombia.

Las organizaciones de derechos humanos de ese país, dijo ayer Puig a El Observador, vienen trabajando en asegurar que no haya impunidad en crímenes cometidos por el Ejército y por la guerrilla.

"Un porcentaje alto de los asesinatos fueron cometidos por el Estado colombiano", recordó Puig.

Puig expresó que siente "una gran preocupación" por el rechazo al acuerdo de paz y dijo que lo votado varió según si se trataba de zonas urbanas, o de zonas de conflicto. En estas últimas ganó el Si.

El diputado Felipe Carballo (Lista 711) comentó a El Observador "que no son comparables" las situaciones que se dieron en Uruguay con la de Colombia.

Expresó que en aquel país hay un enfrentamiento armado en marcha y cuando el voto verde en Uruguay ya no había actuaciones bélicas por lo que se buscó juzgar a los militares.

Carballo entiende que el proceso de alcanzar la paz en Colombia "no será fácil" y dijo que "no se puede imponer" por lo que habrá que trabajar más en esa construcción.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro, integrante de la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja, también opinó que "no se puede hacer un paralelismo" entre las dos situaciones.

En Colombia, opinó, se buscó terminar con un conflicto. Dijo a El Observador que le sorprendió, no solo el resultado, sino el alto porcentaje de abstención ya que el 60% no fue a votar.

El senador colorado José Amorín Batlle escribió sobre Colombia en su cuenta de Twitter que "el cambio en paz no es fácil", recordando el camino uruguayo y las críticas que recibió su partido por la llamada ley de caducidad.

Amorín Batlle comentó ayer a El Observador que en Uruguay fue "todo muy trabajoso" y en el camino hubo que dejar principios. "Yo quería justicia para todos y luego hubo que dejar cosas de lado", comentó.

En Colombia, uno de los puntos más ríspidos del acuerdo de paz, era el capítulo judicial donde los guerrilleros de las FARC, responsables de crímenes como secuestro y asesinatos, recibirían sanciones leves y prácticamente no habría penas de prisión para guerrilleros ni para militares.

Otro punto duro del acuerdo rechazado fue que la guerrilla se aseguraba determinada cantidad de bancas en el Parlamento.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al anunciar el acuerdo con las FARC, dijo que prefería un arreglo "imperfecto" antes que "una guerra perfecta" que seguiría sembrando muerte y dolor en el país.

En 52 años de enfrentamientos hubo unos 260.000 muertos.

El expresidente Alvaro Uribe, tras la votación del domingo en la que ganó el No, afirmó que "todos los colombianos "quieren la paz", pero no este acuerdo.


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