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Única salida al enredo venezolano
En el intríngulis sobre el traspaso de la presidencia semestral del Mercosur a Venezuela es superfluo hablar sobre si debe primar lo jurídico o lo político, ya que las normas legales no pueden ser relegadas jamás por ocasionales intereses políticos. El enredo surge porque los cuatro socios fundadores del bloque quieren liberarse de la lacra chavista pero no se animan a acordar el camino lícito disponible. Brasil propone la artimaña de postergar la transferencia de la presidencia que ejerce Uruguay porque Venezuela no ha cumplido con todos los requisitos formales como socio pleno. El presidente argentino Mauricio Macri primero pidió aplicar la Carta Democrática Interamericana y suspender a Venezuela, pero su canciller, Susana Malcorra, atenuó esa posición en pos del respaldo venezolano a su postulación a dirigir la ONU.
Paraguay se opone con firmeza a que el mini-déspota venezolano Nicolás Maduro asuma la presidencia del Mercosur. Ese país mal puede olvidar la ignominia jurídica de su suspensión como socio del Mercosur en 2012. En esa instancia nuestro entonces presidente José Mujica cayó en el desatino de defender la preeminencia de lo político sobre lo jurídico para sacar a Paraguay, porque era la única forma de habilitar el ingreso de la Venezuela de Hugo Chávez, trabada durante años por el Senado paraguayo. Mujica, Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff argumentaron golpe de Estado en Paraguay, excusa falaz porque el Senado había destituido al presidente Fernando Lugo en un juicio político que observó todos los requisitos constitucionales.
Uruguay está embretado por las diferentes actitudes de los otros socios fundadores y por las divisiones internas en la actitud del Frente Amplio hacia el chavismo. Aunque el gobierno ha enfriado las relaciones, el canciller Rodolfo Nin Novoa se aferra a la legalidad jurídica de traspasar la presidencia del Mercosur a Venezuela a fin de mes. Proyecta hacerlo a las calladas en una reunión de cancilleres, en vez de la habitual cumbre presidencial pomposa, cambio que en nada atenúa el problema ni ataca su raíz. No hay duda alguna de que el régimen de Maduro ha violado la Carta Democrática Interamericana, que el Mercosur incorporó a su estructura. El documento habilita la suspensión de un país miembro no solo cuando se produce un golpe de Estado sino también cuando ocurren otras formas de quiebre institucional de la democracia.
Esto es exactamente lo que sucede en Venezuela. El estado de derecho está vulnerado por el descarte del Parlamento por Maduro, ignorando sus leyes y hasta amenazando públicamente con cerrarlo porque está controlado por la oposición. Las garantías individuales se han derrumbado, con un Poder Judicial cuyo Tribunal Supremo, integrado por 13 jueces nombrados a dedo por Maduro, es apenas un servil ejecutor de las órdenes presidenciales. Prominentes líderes opositores han sido arbitrariamente encarcelados y condenados. Y están notoriamente coartados derechos básicos como el de propiedad y la libertad de prensa. Ante esta situación los otros socios del Mercosur tienen que exigirle al régimen venezolano el perentorio restablecimiento democrático de derechos y libertades. Y de no hacerlo, como es probable que ocurra, suspender a Venezuela como socio del Mercosur, ciertamente con una base jurídica que no se aplicó con Paraguay hace cuatro años.
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