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Urge la mejora carcelaria
L a reclusión degradante que impera en buena parte del Comcar impone urgencia en concretar las medidas en marcha o programadas para el mejoramiento carcelario. Un informe del comisionado parlamentario del sistema, Juan Miguel Petit, reveló que en tres de los módulos del vasto penal se hacinan 1.924 presos en condiciones de ignominia que frustran toda esperanza de rehabilitación y agudizan, en cambio, sus tendencias delictivas, los enfrentamientos entre reclusos y los motines y los desórdenes. La situación es menos grave en otras áreas del penal y en algunas cárceles del interior. Pero los módulos 8, 10 y 11 fueron descritos por Petit como “una bomba de tiempo” por el latente clima de violencia que ha causado cinco muertos y 50 heridos en disturbios entre reclusos en lo que va del año.
Petit enfatizó que la violencia deriva de problemas de convivencia, con celdas diseñadas para dos personas pero en las que conviven hasta ocho, en pésimas condiciones de higiene, con carencia de actividades educativas o laborales y escasez de elementos esenciales de subsistencia, para los que dependen de lo que les aporten los familiares en sus visitas. Los internos en esos tres módulos representan un tercio de los del penal y casi 20% de la población carcelaria de todo el país. En el resto del penal y, sobre todo, en las cárceles en varios departamentos se ha avanzado en cumplir las disposiciones de la Constitución sobre formas dignas de reclusión. Sigue en el limbo, sin embargo, el artículo 12 que prohíbe el confinamiento “sin sentencia legal”. Actualmente alrededor del 60% de los presos están tras las rejas sin sentencia, situación que le ha costado al país la condena de Naciones Unidas. Esta anomalía presumiblemente se corregirá cuando el nuevo Código del Proceso Penal el año próximo sustituya agilidad judicial por el lento e injusto sistema actual.
Entre otras medidas de mejoramiento se destaca la decisión gubernamental de sacar el sistema carcelario de la órbita del Ministerio del Interior, paso lógico que parece llegar finalmente después de largos años de debate. La custodia a cargo de la misma Policía que persigue y captura a los delincuentes es una incongruencia que contribuye al clima de violencia y a la corrupción. Cuando se concrete el cambio, las cárceles pasarán a depender del Ministerio de Educación y Cultura pero como servicio descentralizado y, es de esperar, con personal adecuadamente preparado para la función.
La habilitación de una cárcel moderna para 2.000 reclusos, en construcción en Punta Rieles, no solo reducirá el hacinamiento. Si se cumple lo anunciado, se promoverá la rehabilitación social de reclusos recuperables mediante programas de educación, enseñanza de oficios, deportes y otras actividades que son comunes en los sistemas más avanzados de otros países pero que en Uruguay se cumplen solo en algunas instalaciones. Se proyecta también hacer una mejor catalogación de los reclusos, agrupándolos por sus características individuales y sus niveles de peligrosidad o de posible rehabilitación. Pero mientras se espera la concreción de mejoras del sistema, apremia aliviar las condiciones imperantes en los tres módulos críticos del Comcar, reduciendo al menos el hacinamiento con el traslado a otros centros, hasta donde sea posible. Lo exigen tanto razones humanitarias como para evitar que la “bomba de tiempo” estalle.
