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Urge mejorar presencia policial
Apremia tomar medidas de efecto inmediato para atenuar la agravada crisis de inseguridad en Montevideo y otros centros urbanos, mientras se encaran soluciones a más largo plazo. Es obvio que la delincuencia es mayoritariamente generada por las condiciones de degradación y atraso en que viven vastos sectores de la sociedad. Pero el cambio cultural requerido como solución final es una tarea de muchos años y hasta de generaciones. Lo refleja el relato del comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit, a El Observador, del preso que le dijo: “Yo soy chorro, mi padre fue chorro y mi abuelo fue chorro. Ahora tengo a mi mujer sola afuera, viviendo con mis ocho hijos”.
Es probable que de esta cuarta generación salgan también delincuentes, siguiendo una terrible tradición familiar. Solo puede erradicarse con elementos que no existen en Uruguay. Uno es un sistema educativo que rescate a niños y jóvenes, algo que la incapacidad de las autoridades y los sindicatos docentes frena desde hace años. Otros son el endurecimiento de penas y tener un sistema carcelario que rehabilite a reclusos recuperables en vez de llevarlos a perseverar en el delito. Lo confirma el hecho de que de los 10 mil presos que colman las cárceles, entre 50% y 70% reincide cuando recobran la libertad, empujados por las condiciones en que estuvieron recluidos, por la drogadicción y por otras influencias degradantes, incluyendo el adoctrinamiento a cargo de los delincuentes más duros. El modesto mejoramiento actual en parte del sistema es todavía insuficiente para combatir eficazmente esa tendencia.
El resultado es que los excarcelados y los nuevos delincuentes crean un clima creciente de inseguridad ciudadana. El riesgo de ser asaltado y hasta asesinado ya no está limitado a las zonas más conflictivas de Montevideo, refugio de malhechores y donde la Policía es a veces recibida a pedradas por los vecinos. Barrios tradicionalmente más seguros son hoy escenario de rapiñas cotidianas y de muertes inocentes. Los partidos de oposición reclaman al gobierno un acuerdo del sistema político para enfrentar a la delincuencia, incluyendo la medida pertinente de aumentar las penas a transgresores adultos y menores para darle a la Justicia mayor campo de acción. También la oposición reclama la renuncia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, curso que poco aportaría a solucionar el problema. Siempre se puede hacer más y mejor desde esa vital cartera. Pero bajo Bonomi se ha mejorado la acción policial, con notorios avances tecnológicos y una formación más exigente y profesional.
La Policía, sin embargo, se ve frecuentemente desbordada en el cumplimiento de la medida prioritaria de asegurar en todo Montevideo y otras ciudades un patrullaje de saturación, que actúe como elemento de disuasión y, cuando sea necesario, de represión, como primer paso hacia la seguridad. Esta realidad lleva a la necesidad de que la Policía sea complementada con patrullaje callejero por efectivos militares. Es un remedio indeseable, resistido por muchos, fuera y dentro del Poder Ejecutivo. Pero las cosas han llegado a un extremo tal de preocupado temor ciudadano que se impone reconocer que el interés general supera las objeciones al uso de personal militar. De lo contrario, nos acecha el riesgo de perder rápidamente la seguridad pública que durante tanto tiempo distinguió a Uruguay de otros países de la región.
