Uruguay incumple "normas mínimas" para eliminar trata de personas

El documento, que fue presentado este martes por el secretario de Estado, Rex Tillerson, asegura que pese a que las cifras han disminuido, Uruguay sigue siendo "un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sometidos a tareas de trabajo forzado y trata con fines de explotación sexual", y que tanto las mujeres como las niñas uruguayas son sometidas a la trata dentro del país. Y, en el caso de las poblaciones LGBTI, "son obligadas a ejercer la prostitución en España, Italia, Argentina y Brasil".

El informe señala que pese a que el gobierno realizó mayores esfuerzos al presentar un plan nacional de acción y un proyecto integral contra la trata de personas, durante 2016 se enjuició a menos personas y las penas no fueron "suficientemente severas para los tratantes condenados" y los servicios para las víctimas siguieron siendo inadecuados.

Si bien existen juzgados especializados en este tema, la mayoría de los casos de trata se estudiaron fuera de esos ámbitos, "porque involucraron solo uno o dos sospechosos", dice el informe con respecto a Uruguay.

Por otra parte, se afirma que "no hubo un sistema para hacer el seguimiento de los casos que se encontraban en la órbita judicial" y que durante 2016 hubo solo cuatro procesamientos por esos delitos, mientras que en 2015 habían sido 16.

De todas maneras, en 2016 hubo más investigaciones y el gobierno condenó a tres personas por trata con fines de explotación sexual, "lo que representa un aumento en comparación con la falta de condenas en 2015 y 2014".

Sin embargo, el informe remarca que se desconoce la duración de las penas y asegura que en casos anteriores, los condenados evitaron castigos severos y las penas impuestas "fueron inadecuadas para disuadirlos de cometer el delito".

Para mejorar esa situación, el informe de la secretaría de Estado de EEUU realiza varias recomendaciones, entre ellas, que haya más servicios especializados en el interior del país e incluir a las víctimas de sexo masculino, así como realizar mayores investigaciones.

También recomienda "someter a la justicia de manera enérgica casos de trata con fines de explotación laboral, prostitución forzada y trata infantil, y responsabilizar a los autores del delito de trata a través de penas suficientemente severas". Asimismo, el documento afirma que debería haber más capacitaciones a los funcionarios que trabajan con esos casos, para identificar casos y ayudar a las víctimas y mantener un sistema estadísticas oficiales.

En tanto, los servicios de protección por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) se mantuvieron.

En el caso del primer organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, brindó asistencia en 2016 a 131 víctimas de trata, 111 de ellas en Montevideo y las restantes 20 en el interior, lo que representa 222 casos menos que en 2015.

El INAU, por su parte, registró en 2016 asistencia a 333 casos de explotación sexual de menores.

El informe destaca además, entre las medidas adoptadas, que el gobierno aumentó el presupuesto a Inmujeres para asistir a "mujeres adultas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a mujeres que ejercían la prostitución", que fue de $4.575.647, unos US$ 157.401.