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Uruguay maniatado en caso Messi

La Justicia no puede investigar al crack argentino por atraso en ley antilavado
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11 de octubre de 2015 a las 05:00

La Hacienda de España pidió una pena de 22 meses y 15 días para Lionel Messi y el pago de una multa de 4,1 millones de euros por defraudación fiscal. El futbolista argentino evitó pagar ese monto en impuestos "de forma consciente y voluntaria" entre 2007 y 2009, expresa la acusación a la que accedió El País de Madrid. Para evadir estos impuestos, Messi y quienes lo asesoran utilizaron sociedades anónimas uruguayas. Sin embargo, ni la Justicia de Uruguay ni la Dirección General Impositiva (DGI) investigarán al jugador porque la legislación uruguaya está atrasada con relación a la de países de la región y de Europa en materia de lavado de dinero. Por este caso Uruguay aparece otra vez en la escena internacional como "paraíso fiscal".

"La enorme cantidad de dinero defraudado (4,1 millones de euros) y el hecho de que se usaran empresas instrumentales en paraísos fiscales (Uruguay, Belice) elevaban notablemente las penas. Pero la Abogacía del Estado ha aplicado al jugador dos atenuantes que permiten una rebaja: las de reparación del daño —Messi devolvió la cuota defraudada nada más recibir la querella de la Fiscalía, en 2013— y reconocimiento de hechos. El escrito del organismo matiza que Messi no ha asumido de forma 'íntegra' el fraude. Pero cree que su alegada ignorancia se puede equiparar a una asunción de responsabilidad", expresa un artículo de El País de Madrid publicado este viernes.

La legislación uruguaya actual impide que se investigue a Messi por lavado de dinero. Aquellas personas que ingresan al mercado fondos obtenidos de manera ilícita cometen el delito de lavado de dinero. Muchos países, entre ellos España, Argentina y Brasil, consideran que al ingresar al mercado fondos obtenidos por defraudación fiscal se está lavando dinero. Pero Uruguay, no. Los evasores fiscales encuentran en el país una guarida segura.

"Uruguay tiene riesgos serios de lavado de activos provenientes de la evasión fiscal. Hemos sido la plaza regional para ese tipo de fondos", reconoció Daniel Espinosa, gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, la unidad encargada de denunciar en la Justicia a los lavadores de dinero, el 15 de abril durante una jornada de capacitación en el Radisson Victoria Plaza Hotel.

Tanto Espinosa como el secretario nacional antilavado, Carlos Díaz, plantean la necesidad de que el Parlamento incluya por ley a la defraudación fiscal como delito precedente de lavado de dinero. Eso permitiría que la Justicia incaute bienes y fondos de evasores fiscales procesados en Uruguay y en el extranjero. Pero los legisladores, por miedo a una corrida bancaria, aún no han establecido esta modificiación legislativa, aseguró el diputado oficialista Gonzalo Mujica.

A la vista, de todas maneras, está la inspección del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que exige desde 2012 que el delito fiscal (la defraudación o la evasión) sea precedente de lavado de activos. Si GAFI, que inspeccionará el sistema uruguayo en 2019, incluye al país en una de sus listas, el panorama financiero se nublará. "Lo que sentimos por las listas de GAFI es terror. Que Uruguay esté en una lista de GAFI sería desastroso", advirtió el secretario antilavado el 15 de abril.

El fantasma de 2002

La Justicia uruguaya inició varias investigaciones de lavado de dinero por delitos cometidos en España. El juez Néstor Valetti y el fiscal Gilberto Rodríguez investigan si Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular de España (PP), lavó dinero en Uruguay. Lo pueden hacer porque la corrupción, delito por el que fue procesado Bárcenas en su país, es delito precedente de lavado.

Sin embargo, la defraudación fiscal, que es un delito vigente en Uruguay, no es considerado precedente de lavado por no estar mencionado en la ley 18.494 aprobada en 2009.

La modificación legislativa está a estudio de la Comisión Especial de Lavado de Activos. "En cuanto a la evasión fiscal y a las modificaciones parlamentarias, nuestra intención es tener todo preparado este año para llevarlo a un grupo mucho más amplio, cuyos primeros integrantes serían los de la Comisión, la Suprema Corte de Justicia, los jueces, el fiscal de corte", informó el secretario nacional antilavado el 13 de agosto, en la primera sesión de este año de la comisión.

El diputado Gonzalo Mujica del Frente Amplio planteó entonces en comisión la necesidad de legislar sobre el asunto. "La evasión fiscal como delito precedente es una cuestión que tenemos hace años y nunca quisimos ser aventureros, pero tampoco queremos quedar rezagados. Entonces, me parece que sería un asunto interesante, como para empezar a trabajar rápidamente", dijo Mujica en la comisión, según la versión taquigráfica.

"Creo que en este período se va a resolver esto", explicó el diputado oficialista a El Observador en cuanto a la inclusión de la defraudación fiscal como delito precedente de lavado.

"Cuando estábamos más cerca del 2002 había mucho temor de incorporar normas que generaran una corrida bancaria. Entonces avanzamos con pie de plomo. Se hicieron muchas cosas en materia antilavado, pero no se puede ser irresponsable porque había muchos depósitos de extranjeros en plaza. Había que cuidar el equilibrio entre el avance (en la lucha contra el lavado de activos) y la protección del mercado financiero. Pero la situación ya es otra. Se puede hacer perfectamente", explicó Mujica.

"En esto no nos podemos quedar atrás del concierto internacional pero tampoco podemos ir tan adelante y quedar como la pavota de la región. Se esperaba que otros dieran el primer paso. Argentina y Brasil ya lo dieron. No les costaba nada porque no son países receptores sino emisores de capitales. El problema es para los que recibimos capitales: qué nos jugamos por ser prolijos", agregó.

La Justicia de Crimen Organizado persigue y busca apropiarse de los bienes de narcotraficantes, corruptos, secuestradores, proxenetas, estafadores y falsificadores de monedas, entre otros, a través de su procesamiento por lavado de dinero. Los evasores fiscales aún pueden estar un poco más tranquilos. El fantasma de una corrida bancaria y una ley retrasada en comparación con la de los vecinos aún los mantiene a salvo.

Fiscalía pide cárcel para el padre de Messi

La Fiscalía de España pidió a la Justicia que archive la causa contra Lionel Messi, pero pidió que procese con prisión a su padre, Jorge Horacio Messi, por evadir 4,1 millones de euros a la Hacienda.

Avances en Uruguay en materia antilavado

Uruguay aprobó en 2009 la ley 18.494 de Control y prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Pero los principales avances en materia antilavado llegaron en los últimos años, cuando el Banco Central exigió a las sociedades anónimas que declaren quiénes son sus accionistas. De esa manera, quedaron sin efecto las acciones al portador y todas las SA deben tener acciones nominativas. Cuando Messi realizó la maniobra de defraudación fiscal, entre 2007 y 2009, a través de SA uruguayas, las acciones aún podían ser al portador, con lo que el Banco Central desconocía a sus propietarios.

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