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Usan ley de medios y evitan concentrar permisos de cable

El Poder Ejecutivo hizo observación y un empresario renunció a ofrecer el servicio en zona rural de Canelones
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20 de agosto de 2015 a las 05:00

En una de las primeras aplicaciones concretas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA, conocida como ley de medios), un empresario renunció a una autorización para brindar televisión para abonados en zonas rurales de Canelones para no sobrepasar el tope de licencias que dispone la norma aprobada en diciembre de 2014, casi al final del gobierno de José Mujica.

La LSCA, que creó un marco normativo que abarca desde la concesión de ondas de radio y televisión, los controles a los medios, los contenidos, la publicidad y el horario de protección al menor, es cuestionada por los empresarios. Muestra de ello es que la Suprema Corte de Justicia tramita una veintena de recursos de medios que alegan la inconstitucionalidad de unos 60 artículos de la norma.

El presidente Tabaré Vázquez decidió que no reglamentará la LSCA hasta que falle el máximo órgano del Poder Judicial, por lo que si bien la norma está vigente su aplicación total depende de que se regulen aspectos que dependen de la reglamentación.

Con todo, el Poder Ejecutivo está haciendo valer algunas disposiciones. El artículo 54 de la ley de medios dispone: "Una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad total o parcial de más de seis autorizaciones o licencias para prestar servicios de televisión para abonados en el territorio nacional ni más de una autorización o licencia para un mismo o similar ámbito de cobertura local".

Y eso hizo que en el marco de los permisos que debe habilitar el Ministerio de Industria cuando se modifican las integraciones de las sociedades de estas compañías, el empresario Horacio Rodríguez renunciara "expresamente" a la autorización para dar el servicio de televisión para abonados en zonas rurales de Canelones.

Durante el proceso, el Ministerio de Industria había advertido que los titulares de las empresas Tala Cable Color S.R.L y TVCable S.R.L "no se adecuarían a la previsión" del artículo 54 de la LSCA porque están autorizadas a suministrar el servicio en Canelones.

La infracción se constató "únicamente en cuanto al límite de una autorización/licencia para un mismo o similar ámbito de cobertura local, en lo que refiere al servicio de televisión para abonados por sistema TDH en las zonas rurales del departamento de Canelones dado que, como se señaló, tanto Tala Cable Color S.R.L como TVCable S.R.L están autorizadas a prestarlo", entendió el Ministerio de Industria.

Al renunciar a la autorización de TV Cable S.R.L Rodríguez –que es presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados– subsanó "la observación efectuada" en relación a lo que establece el artículo 54 de la LSCA, según una resolución del Poder Ejecutivo del 20 de julio. Consultado por El Observador, Rodríguez dijo que renunció a la autorización de TVCable S.R.L en forma "voluntaria" y señaló que fue por razones "personales". En otra resolución, el Ministerio de Industria autorizó la transferencia del servicio de televisión para abonados de Empalme Olmos de Rodríguez a favor de Tala Cable Color S.R.L que, a su vez, también cambió de titulares.

Grandes medios "movieron sus influencias"

El abogado y periodista uruguayo Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, defendió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y señaló que la norma apunta a "la máxima protección de libertad de expresión".

Lanza, en un artículo sobre la LSCA que se publicó en un trabajo de análisis de las disposiciones sobre comunicación impulsadas durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) editado por la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (Fesur), afirma que la norma "garantiza la libertad de expresión sin interferencia del Estado". Eso se contrapone con lo que han señalado varios medios que al reclamar la declaración de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de varios artículos de la ley señalaron que genera censura y autocensura.

El experto, que ocupa el cargo internacional desde 2014, indica que "la libertad de expresión no es un derecho absoluto y, por tanto, es pasible de limitaciones y restricciones a título de responsabilidades ulteriores".

Lanza también advierte que "los grupos mediáticos que durante décadas gozaron de privilegios casi absolutos" rechazan la LSCA y acusaron al gobierno de promover una "ley mordaza" y señala que los grandes medios de "movieron sus influencias".

Por otra parte, la publicación de Fesur, que fue presentada el martes, tiene un artículo del académico Gabriel Kaplún, que integró en su momento el Comité Técnico Consultivo que elaboró las bases de la LSCA. Kaplún muestra una visión crítica sobre el proceso de instauración de la televisión digital. "¿Podemos hablar ya del fracaso de la TV digital? Es una posibilidad, pero a mi juicio depende de lo que se haga en el corto y mediano plazo", dice.

Y plantea varias medidas que se deberían tomar para avanzar en televisión digital. Entre otras cosas, Kaplún aconseja que se fije una "conducción política firme" que "mantenga el rumbo y el ritmo de las decisiones necesarias a tomar en cada caso, evitando las vacilaciones, demoras, marchas y contramarchas que ya afectaron el proceso hasta ahora".

Cables del interior contra Claro TV

La Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) se pronunció contra la eventual habilitación de Claro TV. "Enfáticamente decimos a la Presidencia de la República que de prosperar la autorización a la empresa Claro TV a operar en el mercado audiovisual uruguayo, en primer término se estaría ante un grotesco error estratégico que borraría de un plumazo a las pequeñas y medianas empresas de capitales nacionales", sostuvo la gremial en un comunicado.

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