UTE tiene números en orden y prometió bajar tarifas, pero fue obligado a subirlas

Por el deterioro del resto de las cuentas públicas, Economía presionó para llevar a las empresas a recaudar más
El sistema eléctrico con el que hoy cuenta Uruguay es muy distinto al que había unos cinco o seis años atrás. La incorporación progresiva de fuentes renovables de energía –principalmente eólica– ha contribuido a diversificar la matriz energética del país y a reducir la vulnerabilidad ante eventuales sequías. Ese cambio también ayudó a que el país lograra autoabastecerse sin tener que recurrir a la importación de energía para poder cubrir la demanda. De hecho, ayer estaba exportando un excedente importante de energía a Argentina y prevé hacerlo con Brasil en los próximos meses.

Otra pata son los números. Hoy los costos de generación son sustancialmente más bajos, porque gracias a la eólica y a los buenos rendimientos de las represas, el uso de la energía térmica ha disminuido de forma sensible.

Ese tipo de razonamiento, acompañado de la promesa de una rebaja progresiva en el precio que pagan los consumidores por la energía eléctrica, se ha repetido infinidad de veces en boca de distintas autoridades de gobierno en los últimos dos años.

Sin embargo, los cambios en la matriz eléctrica no se reflejan en la economía de hogares y empresas porque las transformaciones todavía no llegan al bolsillo de los consumidores. Desde el 2010 las autoridades de UTE lograron sostener una política tarifaria que contempló correcciones siempre por debajo de la inflación anual, al punto que cada fin de año cuando al presidente del ente Gonzalo Casaravilla se le preguntaba de cuánto sería la suba insistía en que la empresa "no aumentaba", sino que "ajustaba" las tarifas para mantener los valores relativos.

Esa línea de trabajo este año pasó a la historia, junto con el discurso manejado por el gobierno que anunciaba a partir de 2015 empezar a trasladar a precios la optimización en el costo de la generación eléctrica.

Aunque UTE tienen sus números en orden, logró cumplir con las metas que se había fijado y hoy la energía eólica alcanzó su madurez con más de 900 megawatts (MW) instalados y operativos y prevé instalar otros 300 MW este año, no pasa lo mismo en otros frentes.

El empeoramiento de las finanzas públicas juega en contra de los planes que se tenían y hoy es prioridad del equipo económico hacer caja para atacar el déficit fiscal. Eso quedó claro en los ajustes recientes de las tarifas públicas de electricidad y agua que se incrementaron por encima de la inflación del año pasado .

En ambas situaciones se impuso la posición del equipo económico que encabeza el ministro de Economía, Danilo Astori. En el caso de UTE, se volvió a torcer el brazo de las autoridades del ente con un ajuste superior al que recomendaban hacer los técnicos de la empresa (de 7%). Un año antes había pasado lo mismo, cuando al frente del MEF estaba el actual presidente del Banco Central, Mario Bergara.

"El equipo económico en su conjunto hace política todos los días. Se traza objetivos, elige estrategias y selecciona instrumentos de acción que no son otra cosa que la administración del poder para obtener determinados resultados. Quien crea que somos solamente los cajeros del gobierno exclusivamente se está equivocando profundamente", había dicho Astori semanas atrás en el foro económico organizado por ACDE.

La preocupación del MEF por mejorar el rojo de las cuentas públicas también queda clara en la política que se sigue respecto al precio de los combustibles. En un escenario de derrumbe de la cotización internacional del crudo, la rebaja de las naftas y el gasoil hoy no forma parte del menú considerado en la sede ministerial de Colonia y Paraguay. Por el contrario, a fin del año pasado se llegó a manejar un aumento a propuesta del ministro Astori que no prosperó por decisión del presidente Tabaré Vázquez.

Para reducir el déficit a 2,5% para fines de 2019, las empresas públicas deberán mejorar su resultado operativo en el período en US$ 440 millones. Los mayores esfuerzos los tendrá UTE (US$ 160 millones), seguido por ANTEL y ANCAP con US$ 120 millones cada una. En un segundo escalón vienen OSE (US$ 24 millones) y la ANP (US$ 16 millones).

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