Va en serio si todos cumplen

Si nadie se desvía de la responsabilidad que le corresponde, es posible que en un plazo relativamente breve se erradique la violencia delictiva que ha desnaturalizado al fútbol

Fue necesario que el presidente Tabaré Vázquez bajara personalmente el martillo para terminar con años de desencuentros y paños tibios e imponer acciones efectivas contra la violencia en el fútbol. La batería de medidas que anunció en conferencia de prensa incorpora algunos elementos del modelo con que Gran Bretaña erradicó ese flagelo, que incluyen el uso de tecnología y retener bajo custodia policial a los violentos desde horas antes de los partidos hasta después de finalizados. Quedan fuera del programa los trabajos de remodelación de los estadios -salvo algunas obras menores- para facilitar los controles de seguridad, meta inviable por el momento en Uruguay por falta de recursos para financiarla. Pero la suple en parte el nuevo sistema rígido para acceder a entradas, el retorno de incrementados efectivos policiales a los campos de juego y el compromiso de entrenar a cuerpos privados de seguridad para que cumplan su función con más eficacia que hasta ahora.

Vázquez le puso fecha a la instalación de las cámaras que identifiquen a los asistentes a los partidos, punto en el que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) viene largamente demorada y que motivó la decisión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de no poner policías dentro de los campos de juego. Ratificó la fecha del 31 de marzo de 2017 para que estén operativas las cámaras en el Estadio Centenario, en el Gran Parque Central y en el Campeón del Siglo y a partir de entonces no se habilitará el estadio que no las tenga. Mantener en dependencias policiales, durante los partidos, a los revoltosos incluidos en una lista de la Policía ayudará a evitar el acceso a los estadios de los delincuentes que trafican con la violencia, las drogas y las extorsiones.

Otro vital elemento de limpieza es el nuevo sistema para las entradas. Se venderá cada una con nombre y apellido del comprador, lo que evitará la compra masiva y la entrega abundante a barras bravas por dirigentes desaprensivos, que por esa vía han facilitado el estallido de disturbios. Solo se ingresará a un estadio con una entrada que identifica a su poseedor, lo que facilitará los controles de admisión. La reforzada vigilancia policial incluye el retorno al interior de los estadios, especialmente en el Centenario, donde se jugarán además los partidos considerados de riesgo en vez de hacerlo en estadios menores cuyas instalaciones dificultan la seguridad. Su acción será complementada por los cuerpos privados de seguridad de cada institución, que Vázquez se comprometió a profesionalizar mediante entrenamiento por el Ministerio del Interior.

Al margen del anuncio de un decreto, una futura ley y medidas complementarias, y dado el carácter privado de los espectáculos deportivos, Vázquez se limitó a exhortar a la AUF y a los clubes a cumplir su papel, abandonando los debates sin resultados, las promesas incumplidas y las vacuas declaraciones que sustentaron años de inacción. Pero la exhortación no esconde la firmeza de los planteos oficiales. Para que haya fútbol y se controle la violencia, la AUF y la dirigencia de los clubes tienen que cumplir estrictamente lo establecido. Obviamente lo mismo tiene que hacer el Estado a través del gobierno, la Justicia al penar a infractores y los legisladores cuando se requiera una ley. Si nadie se desvía de la responsabilidad que le corresponde, es posible que en un plazo relativamente breve se erradique, o al menos se atenúe considerablemente, la violencia delictiva que ha desnaturalizado al fútbol.


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