El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que propone un impuesto a las jubilaciones militares más altas con el fin de financiar al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas al que el Estado debe socorrer todos los años con unos US$ 400 millones.
La iniciativa es un adelanto de la ya anunciada reforma de la caja militar que buscará terminar con determinados privilegios con los que cuentan buena parte de los retirados castrenses y que provocan un desequilibrio en las finanzas de esa institución.
Según el gobierno, con el nuevo impuesto –que será transitorio hasta que se establezcan las condiciones de la reforma- se intenta "contribuir a paliar en el corto plazo" ese "grave" desequilibrio a través de una reducción del 10% de las transferencias de Rentas Generales a la caja militar.
El gravamen afectará, progresivamente, a las jubilaciones mayores de $50 mil y caerá con más peso en aquellas que superen los $100 mil.
"A partir de este diseño, se estima que no serán gravados aproximadamente el 80% de los pasivos militares lo que implica que más de 40.000 beneficiarios no pagarán ese tributo. Por su parte, se prevé que más del 65% de los ingresos se obtendrán a través de aquellas prestaciones mayores al equivalente a 30 BPC", dice el proyecto firmado por el presidente Tabaré Vázquez.
Los militares se oponen a esta reforma que, consideran, echará por tierra con derechos adquiridos y desestimulará el ingreso a las Fuerzas Armadas
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